La eliminación definitiva de las Escuelas de Tiempo Completo es un atentado contra el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de las familias en condiciones de vulnerabilidad, al mismo tiempo que afecta los principios de interés superior de la niñez y la progresividad de los derechos humanos. Esta decisión arbitraria del gobierno federal resulta en una violación expresa al artículo 3º de la Constitución que, en el inciso e) de su fracción II, señala que la educación será equitativa, “por lo que el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación, priorizando las zonas de muy alta marginación, alta marginación y zonas indígenas”.

Por encima de lo que ordena el texto constitucional, este caso de austericidio arrancó con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. En ese entonces, para disimular su arbitraria decisión de desaparecer el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirmó que los beneficiarios seguirían recibiendo apoyos a través de los llamados Servidores de la Nación con cargo a un componente del programa denominado “La Escuela es Nuestra”, uno de sus programas prioritarios. Pero los recursos para dicho componente disminuyeron a menos de la quinta parte el año pasado y ahora la Secretaría de Educación Pública, encabezada por la inefable Delfina Gómez, le dio el tiro de gracia al eliminarlo definitivamente en la edición 2022 de los lineamientos de operación.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) era una estrategia educativa para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos de educación pública de nivel básico, orientada a sectores marginados de las comunidades indígenas, localidades rurales y zonas urbanas de alta marginación. Hasta el año 2020, a principios del sexenio de López Obrador, los planteles incluidos en el mismo se convertían en escuelas con horario completo en educación básica (jornadas de entre 6 y 8 horas diarias) para generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. Las escuelas se seleccionaban en convenio entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, conforme a las siguientes prioridades:

  1. educación indígena y/o multigrado;
  2. nivel primaria o telesecundaria;
  3. escuelas que atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, y
  4. escuelas que presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.

Durante el ejercicio presupuestal de 2020, al PETC se destinó un presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos, con el que abarcó 27 mil 63 escuelas de educación básica. En ese año se atendió a una población escolar de 3 millones 806 mil estudiantes, a quienes se ofrecieron actividades deportivas, extracurriculares y club de tareas. Conforme a datos del Segundo Informe de Labores de la SEP, en 14 mil 554 de estos planteles se atendió con comida gratuita a 1 millón 397 mil niños y adolescentes. Estudios independientes detectaron que, en el 60% de los casos, dicho apoyo fue el primer alimento que los estudiantes recibieron durante el día y se detectaron mejoras de hasta el 30% en su aprovechamiento escolar.

Un resultado adicional a lo anterior consistió en que, al extenderse el horario escolar, las madres de familia dispusieron de más tiempo libre, lo que posibilitó que muchas de ellas ampliaran sus labores productivas, con lo que mejoraron el nivel de ingresos de sus familias.

Pese a que el PETC contaba con una buena evaluación y a pesar de que los problemas que lo afectaban eran oportunidades de mejora, el gobierno de la 4T procedió a desmantelarlo. En plena pandemia, en septiembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo eliminó del proyecto presupuestal, mismo que fue aprobado por la mayoría morenista en noviembre de ese año. Lo anterior a despecho de que Esteban Moctezuma Barragán, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, había declarado que el gobierno federal mantendría el presupuesto del PETC. Ante las protestas de los afectados, comunidad académica, especialistas y de la diputación del PRD, se incluyó en el decreto presupuestal el Artículo XVIII Transitorio, en el que se declaraba que el programa “La Escuela es Nuestra” incluiría recursos “para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo”.

Se debe tener presente que el programa “La Escuela es Nuestra” es un muy deficiente sustituto del desaparecido Instituto de Infraestructura Educativa, que años atrás se encargaba de la construcción, remodelación, reparación y mantenimiento de los planteles escolares. Lo operan los también conocidos como “vividores de la nación” quienes, como si fueran peritos en materia inmobiliaria y/o de la construcción, seleccionan las escuelas que serán beneficiadas y administran los recursos asignados, mediante los Comités Escolares de Administración y Participación que forman con padres de familia que ellos mismos eligen.

Para el ejercicio del año pasado se incluyó en “La Escuela es Nuestra”, como ya se dijo, un componente PETC que no fue sino la administración de una especie de “muerte lenta” de esta estrategia. Según el Tercer Informe de Labores de la SEP, el número de escuelas incluidas en el componente PETC de “La Escuela es Nuestra” durante 2021 se redujo a 9 mil 574 (la tercera parte de las atendidas en el ciclo anterior). Si en 2020 habían recibido alimentación gratuita 1.3 millones de alumnos, para el año 2021 la cifra se redujo a 313 mil (tan solo el 22%).

Los lineamientos de operación respectivos eliminaron toda participación de los gobiernos estatales en la selección de los planteles que debían ser apoyados, tanto en el programa “La Escuela es Nuestra” como en su componente PETC, dejando tal determinación a los Servidores de la Nación, el brazo electoral del gobierno federal. Junto a ello, en la operación del programa se eliminaron los apoyos para la instalación de comedores en las escuelas participantes, pues el servicio de alimentación consistió en entregar a las madres y/o padres de familia “los paquetes alimentarios” (10 pesos diarios por alumno) “para que los alimentos se preparen en los hogares”.

El pasado 28 de febrero Delfina Gómez hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación los nuevos lineamientos de operación del programa “La Escuela es Nuestra” para el año 2022. En los mismos se eliminó de ese programa el componente PETC y toda mención a las escuelas de tiempo completo, con lo que las y los niños y adolescentes a quienes iba dirigido, junto con sus madres, perdieron hasta la esperanza de recibir el apoyo alimentario.