“Omne quod movetur ab alio movetur”
Todo lo que se mueve es movido por otro.

(Principio de la teoría del movimiento y la causalidad)

 

El presidente, ha mencionado que, en su agenda de trabajo prioritariamente está el tema de la seguridad y es por eso que todos los días asisten a muy temprana hora los funcionarios encargados de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Seguramente en esas reuniones se analizan diversos problemas y se plantean las estrategias, si es que las hay, para que disminuya la inseguridad, la escalada de violencia es comentada cotidianamente en los medios, que informan sobre los múltiples homicidios, secuestros, y extorsiones, cometidos en diversas entidades del país.

El pasado fin de semana el Estado de Michoacán fue el escenario en el que, la delincuencia organizada, puso nuevamente a prueba al Estado. El fin de semana se divulgó profusamente en las redes sociales el “fusilamiento” de más de una decena de personas, perpetrado según consta en las imágenes divulgadas, por un grupo armado que obligó a las personas a colocarse frente a una pared, para momentos después ser abatidos con armas largas, por diferentes tiradores. Los hechos sucedieron en el frente de una casa, en donde se llevaba a cabo el velorio de la madre de uno de los asistentes victimado, en el poblado de San José de Gracia, perteneciente al municipio de Marcos Castellanos, Michoacán.

Lo más extraño del caso, es que los victimarios en un acto sin precedente en su actuar, limpiaron la escena de crimen. ¿Porque quieren ocultar el número de víctimas?  ¿A quién perjudica que se sepa y se difunda el número y la brutalidad del crimen perpetrado? ¿Porque las autoridades  llegaron al lugar de los hechos cuando ya se había lavado la sangre y los cuerpos habían sido retirados del lugar?

Estos recientes acontecimientos nos muestran descarnadamente varias de las más espinosas aristas de la política pública en materia de seguridad y la vorágine de violencia en que se encuentra inmerso nuestro país.

Es necesario que el Gobierno replantee con seriedad la estrategia en esta materia, se requiere modificar las acciones, debe retomar las destinadas a golpear la logística operativa de los cárteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las tareas encaminadas a incautarles el dinero que blanquean en los sistemas financieros, a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, desmontar las redes de narcomenudeo y exterminar la red de protección que les son proporcionadas no sólo por policías, sino también políticos, pseudo empresarios y comerciantes, prestanombres y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia. El uso de la inteligencia civil y militar debe privilegiarse preferentemente frente al enfrentamiento a balazos. Un punto especial complementario en el que hay que poner el acento es en una verdadera política de desarrollo humano. La verdad es que no estamos en una guerra en el término convencional del concepto; entendemos que denominarlo así resulta un ejercicio metafórico y discursivo; sin embargo, tenemos más bajas (muertos) que en la conflagración bélica que emprendió Rusia contra Ucrania.

Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer. Nadie, ha pedido rendirse ante la delincuencia organizada y menos pactar con ella. El Estado no debe pactar con trasgresores de la ley, ni acordar contenerlos con abrazos y no balazos.

Por otra parte, duele la patética desesperación del Ejecutivo federal, que ha regresado al diagnóstico justificatorio para insistir en defender su errática estrategia de seguridad, y niega los hechos cual, si fuera un avestruz, mete la cabeza en un hoyo para no ver la horrible realidad cuya espiral de violencia ha costado ya muchas muertes, es evidente la percepción ciudadana de que el Gobierno no actúa contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Las reflexiones críticas y las propuestas puestas a consideración para un replanteamiento de la estrategia sólo reciben del propio Ejecutivo federal denuestos y descalificaciones; no podemos permitir que se proponga  la “pax narca” o que se abandonen las acciones en contra de esta flagelo social; lo que debemos reiterar es  la vigencia del Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos, porque no hay razón de Estado que justifique las violaciones a los derechos humanos de las personas.

En este terreno no debe haber concesiones, el Estado debe prevalecer frente a la fuerza de la delincuencia organizada que lo desafía y se debe terminar con los ejercicios retóricos y demagógicos cotidianos. La sociedad entiende claramente que la medida puede explicarse y justificarse porque las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública federales, estatales y municipales en la mayoría de los casos han sido superadas e inclusive infiltradas, hasta las más altas esferas, por la delincuencia; pero quisiéramos tener la esperanza que en el corto plazo termine la misión que le ha encomendado el jefe de las Fuerzas Armadas, que salga indemne de la corrupción y no regrese derrotado a los cuarteles.

En este sentido es que reafirmamos nuestra convicción de que todos juntos los mexicanos que amamos a nuestra Patria, habremos de superar los tiempos aciagos y de que confiamos en que exista la inteligencia, la serenidad de ánimo y la voluntad republicana de corregir y reorientar el rumbo.