Debiera cancelarse o, en su caso, anularse la revocación de mandato convocada para el 10 de abril. Es jurídicamente nula por la violación sistemática de los principios constitucionales que rigen a la democracia directa. La responsabilidad de tales transgresiones recae en el presidente de la República, su gabinete, el partido oficial, los gobernadores identificados con la llamada cuarta transformación, lo mismo que sus legisladores federales.

Es nula desde que la pretensión de su promovente no es revocar su propio mandato, sino por el contrario, que éste sea “ratificado”. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía que, en virtud de ese mecanismo, puede pedir que un mal gobernante sea cesado del ejercicio del poder antes de que termine el periodo para el que fue electo. Lo establece el artículo 35 constitucional como un derecho de la ciudadanía y, de ninguna manera, como atribución del gobernante. Si éste no desea continuar en el cargo no se necesita consulta popular alguna, tiene el camino de la renuncia por causa grave, la que debe comunicar al Congreso de la Unión (artículo 86). Además, la ratificación de mandato simplemente no existe en nuestro marco jurídico.

Sin embargo, el 23 de julio de 2019 Andrés Manuel López Obrador firmó una carta “dirigida al pueblo de México” en la que establece que “se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe mi mandato o que renuncie al cargo”. Para 2022, fue él mismo quien la solicitó. Como no tenía derecho para ello, lo hizo a través de una asociación fantasma, operada por Carlos Torres, su flamante Coordinador General de Programas para el Desarrollo, la que concentró las firmas de los beneficiarios de los programas sociales, recabadas por los mal llamados Servidores de la Nación, al igual que las obtenidas por los gobiernos estatales y municipales de Morena y sus aliados, quienes obligaron a la burocracia bajo su mando para que llenaran y firmaran los formatos. Se trató de un sucio operativo del gobierno federal y de los gobiernos estatales que encabeza Morena, con uso indebido de recursos públicos, del que hay evidencias suficientes. Entre muchas, está el llamado que el 3 de noviembre del año pasado hiciera Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, quien instó a los sudcalifornianos “para que firmen a favor de la consulta sobre la ratificación de mandato, para que AMLO siga como presidente de México”; llamados similares hicieron el resto de los gobernadores morenistas. También la reunión que el 13 de noviembre organizó el Secretario de Gobernación Adán Augusto López con los gobernadores de 18 estados en el Palacio de Cobián, sede de dicha dependencia, donde les pidió “no desistir en la revocación de mandato del Presidente de la República” y les instruyó para que en sus estados alcanzaran las rúbricas necesarias.

La verificación del INE encontró un catálogo de millones de inconsistencias y falsedades en las firmas presentadas. La fantasmal asociación entregó 11.1 millones, de las cuales 9.8 millones se presentaron en papel y no en la aplicación electrónica que se diseñó. Solo 7.2 millones de estas pasaron una primera revisión, es decir, el primer filtro descartó 2.6 millones que ni siquiera cumplían con los requisitos físicos del formato. Luego de capturar los datos de 3 millones de firmas, se descartaron otras 693 mil inconsistentes por ser firmas duplicadas, credenciales inválidas, en suspensión de derechos y hasta se detectaron 17,776 difuntos que firmaron desde ultratumba. Luego de descartar las firmas sin los requisitos físicos y las inconsistentes, de las 9.8 millones de firmas presentadas en papel solo quedaron 6.5 millones. Pero no acabaron con ello las triquiñuelas.

Mediante trabajo de campo, personal del INE descubrió que el 25% de las personas enlistadas como firmantes no lo había hecho. La importancia de este hallazgo radica en que si se proyecta estadísticamente dicho porcentaje a las 6.5 millones de firmas que habían sobrevivido los primero dos filtros, el resultado se reduce a 4.8 millones. Se podrá decir que, de cualquier forma, ese número está por encima del 3% requerido para que se emitiera la convocatoria, pero no hay modo de negar que se presentaron al INE 5 millones de firmas fraudulentas y que las pruebas de este fraude monumental, plenamente documentado, están bajo el resguardo de la autoridad electoral.

Tanto la Constitución como la Ley establecen que es al INE a quien le corresponde en exclusiva la difusión y promoción de la consulta revocatoria, pero esta disposición ha sido violada en forma reiterada y retadora por López Obrador y su círculo, además de que se negó a suspender la propaganda gubernamental como indica la normatividad. Ignorando el peso de tres sentencias en contra, el 22 de febrero el presidente dijo a sus simpatizantes: “Yo les diría… que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres e independientes participen el día 10 (de abril)”.

Pero, además de todo lo anterior, el gobierno y su claque en San Lázaro se negaron a dotar al ejercicio revocatorio con el presupuesto necesario, por lo que solo se instalarán 57 mil de las 163 mil casillas previstas. Obligado por la restricción presupuestal, el INE debió reducir el número, pero, pese a que dicha reducción fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que no se está garantizando el derecho de la ciudadanía a participar en la consulta.

Dado que el gobierno se quedó solo en el escenario del revocatorio, no son alentadoras las expectativas de participación ciudadana en este ejercicio. A menos que haya un fraude monumental, concurrirán a las urnas mucho menos de los 37.2 millones de electores requeridos para que la consulta tenga valor legal. También quedarán lejos los 30 millones que López Obrador presume como si los tuviera escriturados. Si acaso, participarán entre 6 y 9 millones de despistados ciudadanos coaccionados con la amenaza de que “si no sigue el presidente, se acaban los programas sociales”.

Como se colige de este apretado recuento, la consulta es una farsa por todos lados, pero además viola los principios democráticos de legalidad, imparcialidad y objetividad a que deben atenerse estos ejercicios de democracia directa. La revocación de mandato del 10 de abril debiera ser cancelada, pero puesto que el empecinamiento presidencial forzará su realización, deberá declararse nula en su momento debido a la sistemática violación a los principios constitucionales en que incurrieron López Obrador, su gabinete, la dirección de Morena, sus gobernadores y legisladores.