Aludo a dos temas; uno, de cómo el delito de traición a la patria, se utiliza como un medio para agredir y para hacer política. Y el otro: de un enroque frustrado.

Los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica fueron acusados de incidir en un feo delito: el de traición a la patria. Todos los delitos son reprobables; el de traición a la patria además serlo es feo; lo es por cuanto que implica atentar contra los valores que inculcan los mayores, la cultura, la lengua y el medio en el que alguien nace, crece y se forma. Acusar a la ligera a alguien de haber incurrido en ese delito, aparte de ser de mal gusto, es censurable.

Eso es lo que ha hecho AMLO y la comparsa que tiene por seguidores. Ahora resulta que para que el presidente de la república no haga berrinches, pronuncie condenas a diestra y siniestra y califique de traidores a un grupo crecido de mexicanos, los legisladores al Congreso de la Unión deben aprobar cuantas necedades le presente.

Hasta ahora he vivido en el error; esto tiene que ver con muchas materias. Aludiré a tres de ellas:

Una, tenía entendido que el calificativo de traidor a la patria sólo podía derivar de una sentencia firme dictada por un juez competente, después de seguir un procedimiento en todas sus etapas legales. Si alguien es acusado de haber incurrido en él, en el peor de los casos, sólo puede ser acusado de presunto traidor a la patria;

La otra: no sé por qué razón, pero también suponía que el titular del poder ejecutivo de la Unión, como detentador de un poder público, está para gobernar imparcialmente, para todos, con altura de miras y con base en la Ley; que no está dentro de su competencia el juzgar, calificar de traidores a quienes disienten; y, sobre todo, que no están para hacer berrinches por razón de que una minoría parlamentaria tuvo el atrevimiento de reprobar en su integridad una iniciativa que presentó.

Como parto del supuesto de que el presidente de la república no debía abrir la boca de manera irresponsable, he estudiado con detenimiento el artículo 123 del Código Penal federal; a pesar de ello, no encuentro que el votar en contra de una iniciativa de reformas constitucionales, esté tipificado como delito. Voy a tener que volver a cursar la licenciatura en derecho para salir de mi ignorancia. Tal vez los morenos modificaron el código penal y previeron esa acción como punible.

Mal andamos en el momento en que cumplir con su deber es un delito y muy grave. Algo no está bien cuando se descalifica a una a minoría parlamentaria, que en ejercicio de la representación axiológica que se les ha confiado mediante el sufragio, rechazó su iniciativa en materia eléctrica; entiendo que constitucionalmente no está obligada a aceptar en su integridad todas las iniciativas, incluso las que contengan necedades y absurdos.

El exabrupto se vuelve extremadamente grave, llegando a los linderos de la dictadura, cuando las descalificaciones provienen de alguien que es el responsable de que se respeten las leyes, de que exista orden y haya tranquilidad en la sociedad.

A los morenos, por necios, les está yendo mal; no han aprendido a negociar. Primero salieron con que a su iniciativa no se moviera ni una coma; después recurrieron a un “domingazo”, suponiendo que los legisladores opositores no se presentarían a la sesión y, finalmente recurrieron al expediente de intentar impedirles la entrada al recinto parlamentario.

Hubo una comedia de errores: no debió haber dicho que no se le quitara ni una coma, y haberse sentado a negociar, a convencer, ceder en gran parte y, se me antoja, que, de haber comenzado la iniciativa en la cámara de senadores, el presidente de la república no recordaría los domingos del mes de abril como el mes de sus derrotas.

La 4T ahora pretende eliminar las instituciones públicas que garantizan el juego democrático libre, independiente y en igualdad de condiciones. No alcanzo a prever como les va a ir a los legisladores del frente unido que se atrevan a rechazar, de nueva cuenta, las absurdas iniciativas que presentará el presidente de la república, pero sí se decirles que van a quedar “como lazo de cochino”.

 

Presidente de la Corte y la Fiscalía General

En diferentes medios, algunos comentaristas afirmaron que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldivar Lelo de Larra, al abandonar el alto cargo que detenta, será designado como Fiscal General de la República. (Senador Germán Martínez Cásares, diario Reforma correspondiente al día 20 de abril de 2022, página 10).

En algunas fuentes se sostiene que, para soslayar el impedimento constitucional que pende sobre su cabeza, el ministro Zaldívar asumirá el cargo como responsable (Darío Celis, El Financiero, La Cuarta Transformación, Zaldívar para rato).

Todo lo anterior era preocupante por cuanto a que, una u otra posibilidad serían violatoria de la Constitución Política. Al parecer no habrá ni una u otra. Es buena noticia. Para evitar en el futuro posibles malos entendidos, elaboro las presentes consideraciones con relación al tema.

Cuando se trata del cumplimiento de la Ley, las apariencias no son suficientes; cubrir las formas no basta. Lo más importante es su cumplimiento cabal; observarlas, tomado el término en su acepción de respetarlas y cumplirlas. En el fondo una norma: concede, niega obliga o prohíbe. Ciertamente una norma se compone de forma y fondo. Al aplicador o interprete de la norma no le es admisible optar por una u otra cualidad.

Recuerdo el principio de interpretación jurídica: Cum quid una via prohibetur alicui ad id alia non debet admitti: Lo que se prohíbe por una vía, no se puede alcanzar por otra; no es admisible forzar el sentido de la Ley para alcanzar un fin que ella prohíbe. Cuando se actúa de diferente manera, es proceder en fraude a la ley. A los particulares está práctica les está prohibida; en una autoridad, que se entiende que es de buena fe, le es inadmisible. Es reprobable que viole el sentido de la Ley. El ministro Zaldivar no puede acceder al cargo como encargado del despecho.

Aspirar al poder público es lícito y propio del hombre y más a aquellos que se han distinguido por su talento o inteligencia. Deja de serlo y se convierte en vicio, que llega a error, cuando para alcanzarlo se atenta contra la Ley, se falta al deber frente a la ciudadanía o se busca a costa de sacrificarlos principios éticos que regulan las diferentes profesiones, en especial, la de jurista.

En el caso del actual presidente de la Corte, a través de una cláusula transitoria a una ley secundaria, se proponía prorrogar su mandato como presidente de la Corte; se intentaba hacerlo aún en violación de un texto constitucional expreso. El silencio temporal del presidente de la Corte dio lugar a que se sospechara de su integridad como jurista y del respeto que debe a la Ley. A posteriori hubo una aclaración. A pesar de que tardó, fue bienvenida.

Con los rumores que circularon en el sentido de que aspiraba a sustituir al actual fiscal a pesar de que estaba impedido a hacerlo, de nueva cuenta, su silencio dio lugar a malos entendidos: suponer que aspira a alcanzar una posición a la que no podía ocupar, sin violación de la Carta Magna. Con sus declaraciones oportunas puso fin a los rumores y a salvo su honor. No se prestará a una maniobra que la violaría y que incidiría en el rompimiento del estado de derecho.

Insisto, el presidente de la Corte Arturo Zaldívar no puede ocupar la posición que actualmente ocupa Alejandro Gertz Manero. Está impedido para hacerlo. Tampoco puede aspirar a ocupar otro de los enumerados en la fracción VI del artículo 95 constitucional.

Como lo afirmo más arriba, hace algún tiempo, el presidente de la Corte, por su silencio, dio lugar a malos entendidos. Aprendió la lección. Con diligencia paró en seco lo que parecía ser una nueva pifia de la actual administración.

El señor ministro Zaldívar nos ha prometido que, llegado el momento, se retirará de sus actuales responsabilidades con dignidad y altura de miras. Si es así será recordado como un hombre vertical que se sobrepuso a las tentaciones de un poder mal habido. No se dejó convencer por el canto de las sirenas del poder y faltar al deber que tiene con la Ley y el Derecho.