Aparte de la pandemia del COVID-19, que pese a las campañas de vacunación y la implantación de cuidados médicos y de prevención ya suma más de 6 millones de muertos en todas las latitudes y los que se sumarán en muchos países por la renuencia criminal de los incrédulos en las vacunas, el género humano sufre otro embate que no ha encontrado remedio: la violencia sanguinaria de la delincuencia pandillera que priva en los países de mayor pobreza. Por todos los confines de la Tierra. Del otro lado del Atlántico, en África, en Asia, y, obviamente en no pocas naciones hispanoamericanas. En México, casi todo Centroamérica y buena parte de Sudamérica.
Cierto que la pobreza es evidencia indudable de la criminalidad en muchos países, no solo iberoamericanos: México, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia, Brasil, son claros ejemplos. En nuestros lares la “política” de “abrazos, no balazos” ha demostrado ineficacia innegable pese a la propaganda que repite en sus mañaneras el fanático de las tlayudas y pésimo vendedor de aviones. Parece que la violencia le va ganado la partida a la Cuarta Transformación. Masacre tras masacre. El Moreno tabasqueño no es el único presidente incapaz de detener la criminalidad. Hay otros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también goza de mucha popularidad en su país —lo que demuestra que el combate a la criminalidad no es asunto de popularidad—, tuvo que enfrentar el sábado 26 de marzo, el día más violento de su historia reciente con 62 asesinatos, en medio de una escalada iniciada el viernes, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional Civil (PNG). El aumento de asesinatos del fin de semana, atribuido a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), cobró la vida de 87 personas en tres días, con los 14 del viernes.
Las estadísticas mortales más cercanas a los 62 homicidios del sábado 26 fueron los 51 asesinatos en un solo día registrados en agosto de 2015; cuando El Salvador vivió su año más sangriento tras el final de la guerra civil (1980-1992). En México, ya durante el mandato de la 4T, en mayo de 2020, hubo 83 asesinados diarios. Claro la población de México, poco más de 130 millones de personas, es superior a la de El Salvador, con apenas 6.4 millones de habitantes.
Así las cosas, el Congreso de El Salvador decretó, el domingo 27 de marzo, el régimen de excepción —otro más en la cuenta del bateador presidencial en su corto periodo de gobierno (asumió el poder el 1 de junio de 2019)—, para tratar de frenar un “incremento desmedido” de homicidios que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad nacional, récord criminal en la historia reciente de la nación centroamericana.
Dos días más tarde el decreto del Congreso, el presidente Nayib Bukele (San Salvador, 24 de julio de 1981), dio un ultimátum a las bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18, a las que responsabilizó de los asesinatos cometidos en el país centroamericano en los últimos días. Además, el mandatario, que algunos califican de autócrata, amenazó con aumentar aún más los castigos a 16,000 pandilleros encarcelados. En un gesto criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bukele subió un vídeo en el que se aprecian a guardias de prisión que sacan al patio de la misma a presos rapados, semidesnudos, sentados en cuclillas en largas filas, a pleno sol. “Barbarie para enfrentar barbaries”, denunció la Comisión. La imagen fue difundida por Twitter por la propia presidencia salvadoreña.
A petición de Bukele, el Congreso aprobó el régimen de excepción con los votos de 67 diputados (de 84) durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. El régimen de excepción entró en vigencia en el momento de que Bukele firme el decreto y se publique en el Diario Oficial.
El Parlamento avaló la suspensión de la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. Asimismo, suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y amplió el plazo de detención administrativa 15 días, cuando lo normal es de 72 horas.
La violencia en El Salvador no es una novedad, se remonta al tiempo anterior a la guerra civil, que duró doce años: 1980 a 1992. Durante este tiempo, muchos salvadoreños y otros centroamericanos emigraron, en busca de una mejor vida, a Estados Unidos de América, sobre todo a Los Angeles, California, donde nació la Mara Salvatrucha, cuyo nombre —según algunas versiones— deriva de Mara, término centroamericano para llamar a las pandillas; “salva”, se refiere a El Salvador, y “trucha” palabra en el argot local para llamar a una persona inteligente o lista. Casualmente en México significa lo mismo que “abusado”.
Con el presidente anterior a Bukele, el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, la ola de violencia en el país lo llevó a declarar una “guerra” sin cuartel contra las pandillas, lo mismo que ahora hace el actual mandatario. La etiqueta de “guerra” la han adoptado los funcionarios gubernamentales, como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Que en su cuenta de Twitter publicó: “No retrocederemos en esta #GuerraContraPandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los crimínales responsables de estos hechos”. La policía y el Ejército intensificaron los patrullajes en todo el territorio.
Los operativos se efectuaron principalmente en colonias populosas del país, en zonas de cantinas, y de acuerdo con informaciones policiacas, se han capturado, por lo menos, cuatro supuestos cabecillas de la MS13, acusados de “ordenar” la escalada de asesinatos que sufre El Salvador. Entre los detenidos, confirmó la gendarmería, se encuentra Julio César Rivera, alias “El moreno” y “sombra de Pasadena”.
El lunes 28 de marzo, Bukele puso un ultimátum a los pandilleros advirtiéndoles: “paren de matar o ellos la van a pagar también”, refiriéndose a los 16,000 presos ligados a MS-13 y a Barrio 18, otra banda criminal transnacional multiétnica que a semejanza de la MS-13, es una pandilla de salvadoreños y otros centroamericanos que también nació 3n Los Angeles, California, y que actualmente está compuesta por entre 50,000 y 100,000 centroamericanos y mexicanos en el exilio.
En su ultimátum, Bukele agregó:”ya les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora no verán el sol”; luego de ordenar una emergencia total en los centros de reclusión, como parte del Estado de Excepción. Esta emergencia restringe las libertades civiles y amplía los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público.
Paulo Abrão, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó la disposición tomada por Bukele: “Populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries”. Rápido, el presidente contestó a Abrão: “Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua (entre pandillas) que sólo fortaleció a las bandas y les permitió acumular recursos, dinero y armamento”. “Llévense su peste (las pandillas) de nuestro país”, enfatizó el mandatario. Hay que aclarar que hace diez años, en 2012, a la sazón presidente Mauricio Funes (2009-2014), facilitó una tregua entre los grupos criminales, la cual fue apoyada por la OEA con el propósito de reducir los asesinatos, pero que únicamente sirvió (la tregua) para que los “Maras” se adiestraran en en el ejército para matar a salvadoreños, acusó Nayib.
No obstante las críticas en torno a la violación de derechos humanos, Bukele, que se reunió con su gabinete de Seguridad, minimizó la preocupación de organismos internacionales. Y aseguró que “no le quitará presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas”, mientras que el director de Centros Penales, Osiris Luna, puntualizó que sólo habrá dos tiempos de comida al día en las prisiones.
En suma, el presidente salvadoreño instruyó a Osiris que decretara nuevamente “emergencia máxima” en todos los penales de seguridad y máxima seguridad para que “todas las celdas estén cerradas 24/7”, es decir los siete días de la semana 24 horas continuas! “Ya no podrán ver ni un rayo de sol”, agregó, lo que inmediatamente provocó muchas recriminaciones por parte de Derechos Humanos. Era de esperarse.
Una vez recibida la orden presidencial, Osiris Luna respondió: “Inmediatamente se cumple. Estos criminales no verán la luz del sol”.
En similares ocasiones de violencia, Bukele actuó en forma parecida, que ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias a presidiarios que no pertenecen a los Maras y a Barrio 18. Lo cual puede ser cierto, pero muy difícil de probar. Por lo mismo, sin entrar en detalles ni aportar pruebas, el mandatario salvadoreño anteriormente atribuyó el aumento de crímenes en el país ”a fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado”, situación “que este gobierno no lo va a permitir”.
En estas condiciones, el gobierno de EUA comunicó a la administración de Bukele que varios de sus funcionarios sostenían negociaciones con las Pandillas, por lo que sancionó en diciembre último a dos funcionarios salvadoreños. Uno de ellos es precisamente Osiris Luna, castigado por el Departamento del Tesoro estadounidense, por supuestamente facilitar y organizar “varios encuentros secretos con la participación de cabecillas de pandillas encarcelados”, con entrega de celulares y el paso a mujeres a las celdas, hechos que Bukele desmintió.
La incredulidad priva en la sociedad salvadoreña, pese a que el milenial Bukele, de 40 años de edad, goza de amplio apoyo popular desde que asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019 e hizo de la seguridad el eje de su campaña, destacó al comienzo de su gestión una disminución en los índices sobre homicidios dolosos. Pero después los niveles de sangre derramada cambiarían el panorama de la sociedad de este pobre pueblo centroamericano. El futuro de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 es el futuro de El Salvador. Nada halagüeño ni para unos ni para el otro. VALE.