Esta y la siguiente colaboración van encaminadas a poner en evidencia lo inepto que han sido y son quienes gobernaron y gobiernan la Ciudad de México, tanto en el nivel central, como en el delegacional. Aludiré sólo a dos rubros; para muestra basta un botón. Refiriéndome a ellos pretendo poner en evidencia que los gobiernos morenistas no sólo no son diferentes, sino que, al contrario, son peores y que caben, en el mismo cajón de corrupción que los gobiernos priistas y perredistas.

La Ciudad de México, por la ineptitud y corrupción de sus autoridades, pasadas y presentes, se ha convertido en un muladar contaminado, pestilente, inseguro, corrupto y, por todo ello inhabitable. En esta primera colaboración aludo a un rubro específico: el de la circulación, tanto peatonal como vehicular.

Desde siempre, en la Ciudad de México, a la vista de todos y con el beneplácito de las autoridades, los lugares públicos o comunes: calles, parques, jardines, camellones, banquetas y otros sitios, se ha convertido en un gran estacionamiento. Las vías de comunicación, las avenidas, los andadores y otros inmuebles comunes, son un gran parquímetro, tanto para vehículos oficiales como privados. Los espacios públicos han perdido su destino propio y original.

Los sitios públicos que no son estacionamientos se han convertido lugares de venta y consumo de comida y bebidas alcohólicas; de comercio de fayuca o, en el mejor de los casos de asiento de negocios de particulares que, en los más de los casos, no pagan impuestos.

Una calle de tres carriles, por la que podrían circular tres automóviles al mismo tiempo, por razón de los carros estacionados, sólo uno es apto para circular. Los dos restantes son objeto de uso particular, lo son en detrimento de la circulación y con aumento de la contaminación.

Los frentes de los hospitales, de las oficinas públicas o zonas comerciales en avenidas de cuatro o cinco carriles se han convertido en cuellos de botellas; en otros casos los estacionados, con sus luces intermitentes, impiden el paso de quienes circulan; dejan libres únicamente uno o dos carriles. Los llamados ejes viales, que fueron hechos con el fin de facilitar la circulación y que, en teoría, no podían servir de estacionamiento, en la actualidad lo son. Quienes circulen por avenida Coyoacán, que es un eje vial, se encontrará con que a la altura de Félix Cuevas o de José María Rico, se ha convertido en un enorme estacionamiento y que, a pesar de contar con cinco carriles, sólo uno es apto para circular. Hay ambulancias estacionadas permanentemente. Lo mismo sucede con avenida de la Universidad a la altura del Hospital López Mateos, entre Río Churubusco e industria.

El encendido de las luces intermitentes es el sistema común y aceptado para estacionarse de manera indefinida en doble fila, sin que exista la posibilidad de que alguien sea infraccionado. Ninguna autoridad se atrevería a hacerlo existiendo ese recurso de por medio.

Es un principio elemental que, si un particular hace uso, temporal o permanente, de un lugar público, lo que menos puede exigírsele es que cubra un derecho por ello. No hay tal.

Quienes deambulas por las banquetas, muy frecuentemente tienen que bajar de ellas y caminar por la calle, con riesgo de su seguridad, por el hecho de que aquellas están siendo ocupadas por vehículos particulares u oficiales.

Algunos particulares, en lo individual o como grupos, en una acción que linda en delincuencia organizada, se han apropiado de las calles. Para monopolizar un espacio explotarlo, ponen cajas de madera, botes de basura, garrafones o llantas viejas y sólo las quitan para que alguien se estacione previa la entrega de una cuota fija que va, según la zona y la hora de veinticinco a cien pesos.

Quienes deambulamos por la ciudad nos damos cuenta de cómo los patrulleros bajan de sus unidades y recogen la cuota del día de aquellos que han hecho de las calles un negocio particular. No hay autoridad que ponga en orden a unos y a otros

Al no existir seguridad jurídica y por mediar la corrupción en el otorgamiento de licencias o concesiones para operar el sistema de parquímetros, pocos particulares se atreven a realizar una inversión en negocios relacionados con ese rubro. Lo que es más, quienes han tenido el valor de hacerlo, saben que realizada una fuerte inversión, están expuestos a que se les retire la licencia atendiendo a una queja de un particular influyente o por el hecho de que no haber dado una participación en el negocio. Hay inseguridad en este rubro.

Quienes como particulares se atreven a invertir en el negocio de parquímetros, aparte de derivar de haber ganado un concurso legal, en todos los sentidos, corre un riesgo adicional: que los parquímetros sean dañados por aquellos que han sido desplazados o, en general, por los particulares y no existe autoridad que se sienta responsable de investigar los ilícitos y de castigar a sus autores.

Lo mismo pasa con el servicio de grúas que deberían tener como función la de retirar los automóviles estacionados en doble fila, en las entradas de las casas, las banquetas o parques públicos. Pocos particulares están dispuestos a invertir en la compra de grúas o plataformas, si sabe que en la Ciudad de México en el otorgamiento de cualquier concesión ha mediado una mordida o cohecho. Si sabe que cuando entre una nueva autoridad pondrá en duda la legalidad de la concesión o de que exigirá más dinero para conservarla o de renovarle la existente, lo piensa más de dos veces antes de entrar a ese negocio.

Al final de cuentas, en la Ciudad de México todo se convierte en un circulo vicioso que es imposible romper:

Los particulares desconfían, y con toda razón, de las autoridades de la Ciudad de México. Las autoridades, sabiendo como se manejan las cosas, dudan de la legalidad de toda concesión otorgada por una autoridad anterior, aunque sea del mismo partido; parte del supuesto de que en todo negocio hubo corrupción de por medio. Hemos visto que las elecciones no son la vía para hacer llegar a los cargos públicos a los funcionarios idóneos para aplicar las leyes y los reglamentos.

Las soluciones apuntan en varios y diferentes sentidos: convertir en delito grave el atentar contra los parquímetros; extender el servicio de cámaras de vigilancia en los sitios en los que hay parquímetros; hacer efectivo el delito de extorsión, cuando un particular exija una cuota por permitir el uso de las calles o sitios públicos como estacionamiento. Hacer realidad la legislación de vagos y malvivientes; perseguir en forma efectiva la corrupción generalizada que existe en las policías y, sobre todo, obligar a los agentes del orden, que son quienes deberían poner el ejemplo a la ciudadanía, a que respeten la normatividad existente. Con unos cuantos ceses que se observan periódicamente sería suficiente para que los policías dejen de utilizar las calles, camellones y entradas de particulares como estacionamiento.

Los particulares, sabiendo que no tienen lugar para estacionar un vehículo, cuando adquieren uno, parten del supuesto de que lo estacionarán en la calle. Por ello, una solución de fondo podría ser el crear un impuesto que debía recaer o debían pagar quien posea un automóvil y no acredite tener lugar donde estacionarlo. Ello requerirá de un censo de los estacionamientos particulares y de hacer un seguimiento de los automóviles registrados. Y de retirar con grúas los automóviles que estén estacionados en un sitio determinado más de veinticuatro horas.

Debemos reconocer que, al final de cuentas, dada la corrupción generalizada, el rubro se convertirá en una fuente de extorsión de parte de la autoridad verificadora y de los servicios de grúa.