El pasado jueves 21 de abril la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas justo en la coyuntura el reconocimiento de más de 100,000 muertos por sobredosis solo de fentanilo mezclado con heroína, un invento, por cierto, de narcos estadounidenses.
Aunque cada presidente ha establecido sus lineamientos de combate contra las drogas, todos coinciden en un punto central: no se asume el combate directo contra los cárteles del narcotráfico que meten las drogas de contrabando, las distribuyen en toda la unión americana y controlan la venta al menudeo en las principales ciudades.
Desde 2005, la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) ha reconocido que los cárteles mexicanos más importantes son los responsables del tráfico y venta de drogas, sobre todo el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán que produce el fentanilo en México y lo mete de contrabando a EU y el Cartel Jalisco Nueva Generación que lo importa y lo vende en las calles.
La característica más importante de esta enésima estrategia radica en el enfoque estratégico: combatir a los cárteles del crimen organizado en México y Sudamérica, pero nada hacer dentro de Estados Unidos. Asimismo, las políticas antidrogas se basan en el principio del derecho del ciudadano de comprar la droga que quiera y consumirla. De ahí que el eje de la estrategia descanse solo en la atención a los adictos.
En este contexto, la estrategia se plantea el objetivo de incrementar el porcentaje de “investigaciones activas prioritarias” contra esos dos cárteles en un modesto 25 por ciento para 2025. De manera vinculada a este tema, la estrategia se plantea el objetivo de reducir el número de muertes por sobredosis en un precario 13 por ciento para 2025.
Es decir, la estrategia contra las drogas carece de una decisión de fondo para desmantelar cárteles, impedir complicidades de funcionarios que han permitido la expansión de los grupos delictivos vinculados a la droga y aumentar los arrestos. Lo mismo ocurre con las metas modestas en otras áreas que implican consumos que afectan a los ciudadanos: por ejemplo, el consumo de alcohol para jóvenes de 12 a 18 años se reducirá apenas en un 10 por ciento y el número de consumidores de estupefacientes buscará disminuirse en apenas 25 por ciento.
Las evaluaciones de la DEA son muy claras en reconocer la expansión territorial, violenta y económica de hasta hoy nueve cárteles mexicanos dentro de Estados Unidos, pero ninguna estrategia ha tomado la decisión de realizar investigaciones espectaculares para impedir su funcionamiento.
Algunos análisis han revelado cuando menos tres motivaciones gubernamentales: de un lado, el reconocimiento al derecho ciudadano de consumir lo que le venga en gana, aunque el problema no se localiza en el consumo mismo, sino en el hecho de que la droga tiene que pasar por un proceso de corrupción y de organización criminal para poder llegar al consumidor final; de otro lado, el reconocimiento en algunos sectores de que los cárteles mexicanos se asentaron en Estados Unidos por medio de la corrupción y la complicidad de autoridades de casi todas las oficinas públicas que debieran estar funcionando para impedir su llegada; y en tercer lugar una argumentación muy complicada que señala el hecho de que las autoridades prefieren mantener drogadictos a sus sectores vulnerables y no enfrentar protestas sociales en las calles en busca de droga.
Las justificaciones oficiales insisten en cumplir con todas las reglas jurídicas del juego, mientras que las bandas criminales violan con impunidad todas las reglamentaciones judiciales. El resultado no es otro que la pérdida del control de seguridad antinarcóticos en las calles estadounidenses en cuando menos el 85 por ciento del territorio nacional. Las evaluaciones anuales de la DEA tienen detectadas con mucha precisión las zonas territoriales de las ciudades que están en poder de los cárteles de la droga, pero a la hora de las decisiones no presentan iniciativas audaces que pudieran llevar al desmantelamiento de zonas de comercialización de drogas al menudeo y al rescate de la estabilidad social de los sectores afectados por la violencia de los consumidores y vendedores de drogas.
En cambio, la estrategia se plantea la meta de aumentar en 100 por ciento las admisiones a tratamiento para las poblaciones con mayor riesgo de muerte por sobredosis y el incremento de las llamadas tiras reactivas de fentanilo que crecerán en 25 por ciento para detectar afectados, aunque en el caso el fentanilo será muy difícil porque su efecto es mortal casi en lo inmediato. Y en las zonas significativas por alta mortalidad por sobredosis, la estrategia se plantea el objetivo modesto de aumentar en 85 por ciento para el 2025 del programa de servicio de jeringas para que el consumo disminuya su potencialidad infecciosa y mortal.
Eso sí, la estrategia insiste en el enfoque inventado por el presidente Obama de perseguir a los narcotraficantes en sus países sede, sobre todo en México Centroamérica y Colombia, mediante el modelo invasivo y supranacional de caracterizar a los carteles como “organizaciones criminales trasnacionales” y desde luego operar de manera abusiva en otros países, pero sin tomar decisiones para combatir a los cárteles dentro del propio territorio estadounidense.
Por lo pronto, el Gobierno de Estados Unidos a pedido la captura en México de Ovidio Guzmán López –hijo del Chapo— bajo el cargo de será el responsable de la producción y contrabando de fentanilo y de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes como jefe señalado del CJNG. Inclusive, de manera arbitraria el Gobierno estadounidense a través de la DEA ha ofrecido recompensas millonarias en dólares para su captura.
La estrategia de control de drogas del presidente Biden carece de acuerdos con países donde se produce y se trafica la droga, pero lo más grave radica en que no asume la decisión de encarar con decisión a los cárteles del narcotráfico que operan con impunidad dentro de Estados Unidos.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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