La semana pasada me compartieron un documento oficial del Gobierno Francés, dirigido a sus ciudadanos que pretenden viajar a México, me sorprendí al leer dicho documento, pues hace diversas advertencias de alto riesgo sobre la inseguridad y la violencia en diversas zonas del territorio mexicano, presenta un mapa de México coloreado con rojo, naranja y amarillo según las entidades federativas “peligrosas”. https://.www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.conseils-par-pays-destination/mexique/

La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales exponen a la población nacional a numerosas violaciones de los derechos humanos, entre estas ejecuciones extra-judiciales, tortura y tratos crueles o degradantes, desapariciones, violencia contra la mujer y detención arbitraria.

Durante estos tres años, el país suma más de 100.000 homicidios, terminó 2021 con cerca de 35,000 homicidios e inmerso en una crisis de violencia sin precedentes, el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la violencia familiar creció en 15.5 por ciento durante 2021 en comparación con el 2020; en los tres años que van de la presente administración, este delito ha tenido sus índices más altos, rebasando la cifra de los 20,000 casos por mes este año.

La cantidad de personas desaparecidas continúa en niveles extraordinariamente altos y, quien dice que gobierna, solamente se dedica a culpar a los gobiernos anteriores por la violencia sin atender la crisis a fondo. Al 7 de enero del 2020 en México había 61.637 personas desaparecidas cifra oficial de la Secretaría de Gobernación, cifra un 54 por ciento mayor a los 40.000 reportados hasta 2018.

El delito de violación, simple y equiparada, tuvo un aumento de 20 por ciento en el 2021 con respecto de los dos años anteriores, los datos del SESNSP, la cifra más alta en el delito de violación se registró en abril 2021, cuando se llegó a 2,017 denuncias, manteniendo un promedio por mes de mil denuncias.

México se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década, en lugar de registrar avances en el respeto y protección a los derechos humanos se registra un grave retroceso, las violaciones a los derechos humanos son una historia lejos de terminar.

El inquilino del Palacio no puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, son una herencia del pasado; por el contrario las cifras se ha disparado en estos tres años de gobierno, son una herida abierta que sangra a la población cada vez con más intensidad, son más 100 homicidios y más de  21.000 desaparecidos en lo que va de esta administración.

Según la Encuesta Nacional sobre victimización y percepción sobre inseguridad pública realizada por el INEGI, en el año 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos a nivel nacional, estos datos sin considerar la cifra negra, ya que por cada 10 delitos cometidos 9 no son denunciados.

El INEGI señala que la inseguridad y la violencia en el 2020  costó a la población 277,000 millones de pesos, en daños materiales, perdidas económicas y gastos en salud, cifra que es el equivalente al 1.85 por ciento del PIB de ese mismo año.

Según el informe del centro de análisis “México Evalúa” sobre la impunidad en México, asegura que 94,8  por ciento de los casos denunciados en ese país quedan impunes como resultado de un sistema que no cuenta con los mecanismos ni capacidades suficientes. Las fiscalías del país y sus funcionarios están rebasados y cada vez se inician menos investigaciones. En promedio a nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes.

Cuando observamos estas cifras llegamos a la conclusión de que es tiempo de que el presidente deje a un lado  la demagogia y de que se  tome en serio  la seguridad de todos los mexicanos sin distinción, por lo que se hace necesario y urgente plantear una estrategia debidamente estructurada para atender y contener la violencia e inseguridad.