En medio del intercambio de insultos, gritos y diatribas el Congreso de la Unión mostró quién es quién en los diputados que “representan” al pueblo de México, en esta ocasión de cara a la disputa por la aprobación de la Reforma Eléctrica. Este ejercicio legislativo tuvo en vilo a gran parte de la sociedad mexicana que durante los días Santos por un lado, comprometía y supervisaba a la oposición para que se sostuviera y votara en contra, mientras que del otro lado jugaba con tácticas dilatorias y amenazas maniqueas de traición. Si bien para el domingo se hizo la luz y la Ley Bartlett no pasó, los ciudadanos de a pie, a los que no nos llegó la iniciativa presidencial, ni fueron informados de su contenido, siguen en la obscuridad informativa. Si no, pregúnteles a los campesinos, a los productores agropecuarios.

A todo esto, esa ley a la que le bajaron el switch, ¿contemplaba algún beneficio para el campo de México? Como medida desesperada, durante la recta final de las discusiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, intentó como medida desesperada, incidir en el voto de la oposición con el argumento de que la Ley Bartlett contemplaba nuevos esquemas tarifarios que beneficiarían a cinco millones de campesinas y campesinos, así como 134 mil sociedades que usan el bombeo agrícola. Los campesinos nuevamente como carne de cañón.

Más allá de que muchas de las áreas rurales de nuestro país no cuentan con electrificación o tienen un suministro muy deficiente, lo cierto es que la mayoría de los procesos de producción agroalimentaria y agroindustrial están sostenidos en gran medida, en el uso continuo de energías. Desde la electricidad que alimenta las bombas para regar los campos, el combustible para mover tractores y demás maquinaria, hasta las cámaras de frío y los controladores climáticos para la producción de invernaderos, con un largo etcétera intermedio.

Es tal el valor estratégico de la energía para la producción de alimentos, que en 2002 –durante el gobierno de Vicente Fox- se promulgó la Ley de Energía para el Campo, que pese a su bajo perfil, hizo posible tarifas de beneficio para los productores agrícolas y ganaderos tanto en la utilización de energía eléctrica (con la tarifa 9CU y su versión de uso nocturno, 9N) así como con la dotación de diésel más barato, siempre y cuando los beneficiarios se encontraran dentro de un padrón y demostraran la mejora paulatina en la eficiencia de sus procesos a través de riegos más conscientes y eficientes y la actualización de maquinaria más moderna.

Sin embargo, luego del sexenio foxista, la SHCP ha ido haciéndose como el tío Lolo en las asignaciones presupuestales para esos beneficios en las tarifas eléctricas y el diésel agropecuario y marino, pues las tarifas para el riego por bombeo siguen aumentando a tal grado que la CFE ha hecho miles de cortes por adeudos, mientras que los costos para mantener las cámaras de refrigeración para perecederos cárnicos y agrícolas han elevado sustancialmente los costos de operación de los productores.

Para el sector agropecuario, el tema del uso y consumo de energía está ligado estrechamente con el aprovechamiento del agua, binomio indivisible para la producción de alimentos.  En México, no sabemos cuáles son los volúmenes de agua que se utilizan en las actividades agroalimentarias, mucho menos cuántos pozos clandestinos operan con “diablitos”.

Las presiones por las alzas de tarifas energéticas las sufren todos los productores, sin embargo, los del norte del país son quienes más penan por encontrar agua para regar sus tierras, dar de beber a sus animales y llevar a cabo sus demás procesos de producción. Baste recordar el enorme y doloroso conflicto social y campesino por el agua de las presas en Chihuahua, donde el gobierno de la cuatroté tuvo una nula operatividad política para resolver el conflicto, ¿verdad, CONAGUA?

En el sur del país los productores tampoco la pasan bien. En Oaxaca, hace apenas unos días, la Legislatura de esa entidad exigió a la CFE y a la SADER una prórroga para que campesinos oaxaqueños mantengan tarifas eléctricas preferenciales para poder regar sus sembradíos. Y es que el gobierno federal ahora les exige a los campesinos que conformen asociaciones civiles para seguirles otorgando el beneficio, cuando muchos no tienen los documentos necesarios para ello. Si este gobierno tiene esa “sensibilidad” con los campesinos para irlos descobijando de apoyos para la producción, ¿realmente la Ley Bartlett contemplaba “beneficios”?

Del lado de la oposición se ve una tímida propuesta de la Coalición Va Por México –PRI, PAN y PRD- en cuanto a que uno de los objetivos de la reforma energética debe considerar precios más bajos y estables, sobre todo para grupos y usos específicos, entre ellos el bombeo agrícola, cuyas tarifas, expusieron, “afectan brutalmente la economía y los costos de más de 5 millones de productores del campo, campesinas y campesinos de todo nuestro país”.  Dato en el que coinciden ambos lados, pero que sólo es usado cuando ya no hay más argumentos.

Así que con reforma energética o sin ella, la Ley de Energía para el Campo sigue durmiendo el sueño de los “injustos” ante la inexistencia de compromisos genuinos y desconocimiento de las actividades productivas del campo de México, que, sin embargo, sigue siendo estratégico aún en estos tiempos aciagos, donde el espectáculo legislativo prevalece sobre la inteligencia, el bien común y la visión de país. La oposición tiene la oportunidad de construir condiciones de mejora para el sector agropecuario tan olvidado y descobijado por la cuatroté, ¿Será que lo aprovechará o dejará pasar su oportunidad histórica?