Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes y catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: el caso Ayotzinapa. En ella hay mucho censurable y quienes participan en esta sección lo hacen notar.
Elisur Arteaga Nava
Los montajes, el modus operandi favorito del gobierno mexicano
Por Silvana Torres Alfaro
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas del delito de desaparición forzada, tras un enfrentamiento entre miembros de la policía municipal de Iguala, la policía estatal de Guerrero y militares del 27° batallón de infantería de Iguala.
Un año después, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” consistía en que los normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan”.
Tras estos sucesos, el 18 de noviembre de 2014, se consolidó un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el gobierno mexicano para crear el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes – GIEI – con el objetivo de que se llevará a cabo una investigación independiente sobre él verdadero paradero de los estudiantes.
El pasado 29 de marzo, el GIEI reveló la existencia de 50 videos, en los que se observa a elementos de la Secretaría de la Marina y al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, en el basurero de Cocula, Guerrero. Los expertos señalaron que en los videos se puede apreciar como los elementos de la Marina manipularon bultos que sacaban de dos camionetas. Una de las cuestiones que más llama la atención es que, en los registros de la investigación no hay constancia alguna de este acontecimiento.
Es una obligación de los Estados satisfacer la exigencia de conocer la verdad, la cual incluye el derecho a conocer el destino de las víctimas y la ubicación de sus restos, pero tal parece que, para el gobierno mexicano es mucho más sencillo e incluso una práctica reiterada llevar a cabo una serie montajes en los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Ayotzinapa
Por Paulina Zenteno Morfín
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso un video grabado que no constaba en investigaciones oficiales en el que personal no ministerial, presuntamente perteneciente al cuerpo de marinos y de las fuerzas anfibias de la Armada de México, manipula y altera evidencia en el basurero de Cocula, Guerrero, antes de que los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República y los peritos de tal institución descubrieran restos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Por instrucciones de mandos superiores, este video permaneció en secreto hasta noviembre de 2021, mes en el que se entregó una copia al GIEI por orden del Presidente.
Ello invoca varias interrogantes ¿por qué esta información fue desconocida 8 años y no fue exhibida en la investigación al realizar la verificación de los restos humanos en el basurero de Cocula? y, ¿por qué si a 8 años de estos hechos hay una ínfima posibilidad de encontrar con vida a los 43 desparecidos le seguimos dando tanta importancia como sociedad?
Aunque haya varias versiones de lo sucedido con los 43 desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, incluyendo aquellas en las que se responsabiliza al Estado, el hecho de ocultar este tipo de información respondiendo a “órdenes superiores” evidentemente aporta indicios de que algo oscuro se esconde detrás de todo esto. No puedo afirmar con severidad alguna versión de lo acontecido pero al menos puedo manifestar que no es normal ocultar una pieza clave de tan enredado rompecabezas que persiguió a la sociedad mexicana durante años.
En adición, la razón por la que como sociedad le seguimos dando tanta importancia a este asunto es por “el derecho a la verdad”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que este derecho tiene dos dimensiones, la individual que involucra el derecho de la víctima y sus familiares de saber exactamente lo sucedido y la colectiva que implica el derecho de la sociedad de conocer la verdad.
La importancia de este derecho, sobre todo cuando se cometen violaciones graves a derechos humanos, deriva de un círculo virtuoso que puede viciarse, toda vez que sin una investigación que conduzca a la verdad para la sociedad no habrá sanción para los responsables ni reparación para las víctimas, sin esta sanción y reparación no se obtendrá justicia por lo que triunfará la impunidad y prevalecerá la desconfianza en la sociedad. Ello, como un todo, impide la prevención de futuras violaciones a derechos humanos.
Por tanto, no debemos olvidar ni perdonar, debemos siempre de seguir recordando para buscar la verdad y así obtener justicia.
Lo anterior implica abrazar un modelo de justicia transicional. En ocasiones hay situaciones traumáticas en un Estado que no le permiten avanzar. En el caso lo es “Ayotzinapa” como la evidencia de una practica de violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos humanos. Para que un Estado transite después de este tipo de eventos a un estadio de paz, democracia, perdón y no impunidad, sanando a la sociedad, debe necesariamente conocerse la verdad.
La realidad es que no se ha superado el caso de Ayotzinapa porque la verdad no se ha conocido; mientras no se conozca, como sociedad, no lo podremos superar. Para avanzar, empezar de nuevo y dejarlo ir, debemos conocer.
Los Fantasmas de Ayotzinapa.
Por Eduardo Sebastian Corral Marini
El montaje de un crimen responde a la necesidad de ocultar otro. Contar que 43 estudiantes fueron secuestrados por la corrupta Policía Municipal y luego desaparecidos por un grupo de sicarios, siguiendo órdenes de un malvado presidente municipal es útil. La narrativa cumple su propósito: se hace pegajosa.
El guión parece perfecto: los estudiantes provocaron la ira de un tiránico pero aislado villano. El villano hizo lo que hacen los villanos. El Estado encontró al villano. Lo entregó a los colmillos de la opinión pública y frente a las cámaras de la televisión abierta, descargó su ira en él. Problema resuelto. Carpetazo y se cierran cortinas.
¿Le suena conocido el guión? ¿Recuerda usted el caso Cassez?
La historia demuestra que el Estado no juega limpio cuando de “verdades históricas” se trata, pero tampoco es un jugador inteligente. Los errores del pasado siguen siendo errores del presente: directores de la Agencia de Investigación (García Luna y Zerón), Procuradores Generales (Medina Mora y Murillo Karam) y escenógrafos veteranos (Archundia Barrientos), siguen siendo comunes denominadores en los guiones criminales.
En 2013 descubrimos que el caso Cassez fue un montaje construido para ocultar el verdadero crimen cometido por los verdaderos criminales. Ayotzinapa no parece ser diferente.
Los eventos recientes llevan a creer que no será diferente: tenemos a un ex-Procurador que “ya se cansó” de construir verdades históricas, a un ex-director que tortura gente por deporte y finalmente, a un subsecretario viajando a Israel en secreto para platicar con “quién sabe quién” de “quién sabe qué”.
Los fantasmas de Ayotzinapa nos están alcanzando.
La “verdad histórica” de Murillo Karam es una mentira histórica
Por Landaverde Juárez Juan Carlos
Con motivo de los videos filtrados donde se observan vehículos de la SEMAR en las inmediaciones y dentro del “basurero de Cocula” donde se presume fueron incinerados los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, las dudas aumentan y el Gobierno en turno tiene la obligación de dar con los responsables.
La Historia es una rama del saber humano y en la Ciencia jurídica funciona también como una fuente del Derecho. Sabemos que la ciencia histórica se usa como herramienta para legitimar actos de gobernantes con la finalidad de sentar precedentes de relevancia usándolos para delinear la continuidad de un Estado.
Los videos donde se observan camionetas de las SEMAR alterando el espacio en donde Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, afirmó que fueron incinerados los estudiantes de Ayotzinapa fue intervenido por los principales acusados de la Guerra Sucia. La guerra sucia entendida ésta como la política de desaparición forzada ejecutada por el brazo armado del Estado.
Se ha insistido a los grupos armados del Estado que abran sus bases militares a los antropólogos y a todos los estudiosos encargados de emitir dictámenes científicos. Los camiones encontrados en la escena del crimen que fueron atravesados por balas percutidas del Ejército desaparecieron y nunca se pudieron encontrar como elementos de prueba.
La Guerra Sucia no son dimes y diretes entre medios de comunicación como lo ha manejado el Ejecutivo Federal, la Guerra Sucia es y sigue siendo el uso de las armas para desaparecer personas contrarias al régimen. El Estado Mexicano es de los violadores más atroces de Derechos Humanos. No lo digo yo, lo dice la Historia y las recomendaciones hechas a México. ¿O ya olvidamos el caso Radilla?
Tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa
Por Ireri Elizabeth García Ramos
El pasado 28 de marzo el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Como antecedentes de este informe existen dos previos: el de septiembre de 2015 que determinó que la versión del escenario del basurero de Cocula no tiene sustento en pruebas y señaló el posible transporte de droga, vía un quinto autobús, como una explicación plausible de los hechos; y el de abril de 2016 en el que, en palabras de dicho grupo, se demostró con pruebas audiovisuales la manipulación del escenario del río San Juan, por altas autoridades de la PGR
Es importante no perder de vista que el GIEI salió de México por decisión del gobierno mexicano y fue hasta el cambio de Gobierno Federal que se solicitó nuevamente su asistencia, se ordenó la desclasificación de información solicitada por el GIEI (decreto de 4 de diciembre de 2018, en adelante decreto de 2018); se crea una Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ).
Los resultados que derivan de esta nueva coadyuvancia del GIEI son alarmantes y principalmente consisten en dar a conocer: la infiltración del ejercito en la normal mediante activos matriculados; el uso ilegal de herramientas de espionaje; el uso sistematizado de tortura como herramienta de investigación; la manipulación de la investigación por parte de la Marina; el incumplimiento del decreto de 2018 por las fuerzas armadas; el conocimiento de las actividades de los normalistas, como objeto de inteligencia por las autoridades militares, de forma previa y durante la desaparición forzada.
Las conclusiones del GIEI encienden varios focos rojos, uno de ellos es la violación sistemática de derechos humanos por parte de autoridades militares, que incluye el incumplimiento de un decreto presidencial en perjuicio del derecho a la verdad, lo que reaviva la discusión y necesidad de replanteamiento respecto a la idoneidad de la actuación de autoridades militares en funciones de seguridad pública.