El embajador estadounidense Ken Salazar, en pocas palabras, fracasó en su misión diplomática en México. Su designación como representante directo de la Casa Blanca de Biden se redujo a una agenda específica de temas de interés bilateral: funcionamiento del Tratado de Comercio Libre, política migratoria y fronteriza, narcotráfico y geopolítica.

La labor del representante estadounidense no fue fácil, sobre todo porque no entendió el pensamiento político del presidente López Obrador y actuó como representante unilateral de los intereses estadounidenses. El compromiso pomposo del Entendimiento Bicentenario duró apenas las horas en que se aprobó su redacción final, se firmó y se difundió, pero no más allá.

La clave del fracaso de la relación Biden-López Obrador y de la función de Salazar como embajador se puede analizar a partir de la falta de comprensión estadounidense sobre las nuevas reglas del juego mexicano. La vieja ideología de sumisión mexicana hacia la Casa Blanca terminó en el 2000, con la entrega final de México a los intereses estadounidenses por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ambos bajo lo que se puede concebir ya como la doctrina diplomática del Tratado.

En este espacio nos hemos referido de manera recurrente el punto de inflexión del nacionalismo mexicano y su paso a una nueva fase de dependencia de los intereses geopolíticos y de seguridad nacional de Washington: el memorándum de 1991 del entonces embajador estadounidense John Dimitri Negroponte publicado en la revista Proceso en el que se resume en 38 palabras la doctrina de dependencia mexicana respecto de Estados Unidos:

La propuesta de un TLC es de alguna manera la piedra que culmina y asegura estas políticas (reformistas neoliberales de Salinas). Desde una perspectiva de política exterior un TLC institucionalizaría la aceptación de una orientación estadounidense en las relaciones exteriores de México”.

El valor de esta afirmación tiene que ver con el papel estratégico del embajador Negroponte a lo largo de su carrera previa: operador de inteligencia, embajador de EU en Honduras para convertir a ese país en una base militar estadounidense, luego embajador del presidente Bush Jr. en la ONU a partir de los ataques terroristas del 9/11 de 2001 para operar el involucramiento obligado de ese organismo en la guerra personal invasora de Washington a Irak y Afganistán y fundador y primer director de la dirección de inteligencia nacional para agrupar y centralizar a la comunidad de los servicios de inteligencia, espionaje y seguridad nacional de EU bajo un solo mando.

Los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se sometieron de manera sumisa a –en palabras de Negroponte– “la aceptación de una orientación estadounidense en las Relaciones Exteriores de México”, bajo las presidencias de Bill Clinton, George Bush Jr. y Barack Obama.

El escenario bilateral cambió bajo la presidencia de Donald Trump, un presidente empresario y sin ningún enfoque de seguridad nacional ni pensamiento estratégico y su prioridad de regresar al enfoque nacional de fortalecimiento del imperio estadounidense sin confrontar a otros países. Las pocas presiones que ejercicio Trump sobre México respondieron al replanteamiento de ciertos temas específicos del Tratado para fortalecer la economía estadounidense y sobre todo las amenazas arancelarias para obligar a México a contener las caravanas de migrantes que querían cruzar de manera ilegal a territorio de Estados Unidos.

El marco referencial del presidente Joseph Biden respecto de México se basa en su declaración textual en la conferencia de seguridad de Múnich en 2021 anunciando el regreso de Estados Unidos al liderazgo y dominio mundial. Biden estimuló la guerra en Ucrania y quiere que toda América Latina se sume a los intereses estadounidenses incorporándose a las sanciones contra el Gobierno de Vladimir Putin.

La estrategia de la Casa Blanca fracasó en América Latina por la reconfiguración en los últimos 30 años de la correlación interna de las fuerzas políticas nacionales de los países latinoamericanos y caribeños y la definición a veces primaria de que el nacionalismo latinoamericano es sinónimo de repudio a las políticas de dominación estadounidense.

La gestión del embajador Salazar parecía fácil en cuanto a ciertas actividades de relaciones públicas, pero se atravesó la guerra en Ucrania y el diplomático careció de la experiencia y sensibilidad para buscar un acuerdo político con México a partir del enfoque nacionalista del presidente López Obrador. Peor aún, el embajador decidió asumir la defensa de los intereses de inversionistas estadounidenses en el sector eléctrico que deben de ajustarse a las leyes nacionales y volvió a chocar con Palacio Nacional.

La crisis en las relaciones México-Estados Unidos debe analizarse en función también de los criterios mexicanos, pero está obligada a entender la lógica de los intereses nacionales de México en las relaciones bilaterales. De manera equivocada, el embajador Salazar redujo las relaciones diplomáticas entre las dos naciones al tema de la ley eléctrica y a las inversiones de empresas estadunidenses y se dedicó a hacer –como el presidente López Obrador lo denunció en una conferencia mañaneralobby a favor de las corporaciones que pudieran salir afectadas con la nueva legislación, sin entender que las empresas primero tienen que ajustarse a las leyes mexicanas, después deben de usar los mecanismos legales para la solución de controversias en tribunales internacionales y al final tomar la decisión de si aceptan o no la legislación mexicana.

Mientras Estados Unidos y el embajador Salazar no quieran entender que México tiene el derecho –acertado o equivocado– de definir la orientación de sus políticas interior y exterior, la Casa Blanca estará perdiendo los espacios estratégicos de negociación de una agenda que va más allá de Ucrania y Putin y que tiene que ver con un entendimiento estratégico entre dos naciones que comparten una de las fronteras más importantes del planeta.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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