«iniuria est omne quod non iure fit»
Todo aquello que se hace contra derecho es injuria
Es muy lamentable para los mexicanos tener que aceptar como presidente a una persona que no entiende, ni aunque se le explique mil veces, no quiere entender que los mexicanos por voluntad popular al promulgar la Constitución, hemos decidido vivir en un Estado de Derecho, en el cual todos debemos sujetarnos a lo ordenado por la Constitución y las leyes que de ella emanan, principalmente los servidores públicos, desde el presidente hasta el más humilde funcionario del gobierno.
En sus actos como presidente, dentro de su megalomanía, el inquilino del Palacio transgrede con mucha frecuencia la Constitución y las leyes, y actúa como si TODO le estuviese permitido, como si en lugar de gobernar a la Nación Mexicana estuviese tomando decisiones sobre su rancho en Tabasco; y cuando alguien levanta la voz señalando que sus actos son ilegales, responde que: “no me vengan con que la Ley es la Ley”; pues aunque no le guste señor presidente, la Ley es la Ley y todos debemos cumplirla.
En su reciente gira de trabajo por Centroamérica y Cuba, celebró acuerdos con algunos presidentes de otros países, sin tan siquiera consultar la Constitución y las leyes, para verificar si está facultado para asumir tales compromisos en nombre de los mexicanos. Tal es el caso del ofrecimiento de los servicios de Salud a los Guatemaltecos, cuando la cobertura de los Servicios de Salud a nivel nacional es insuficiente, y el acuerdo con el presidente de Cuba para contratar a 500 médicos cubanos que pretende enviar a la Sierra de Guerrero.
El artículo 89 de la Constitución es muy claro, y en su fracción X señala que el Presidente de la República está facultado para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales…, sometiéndolos a la aprobación del Senado; es decir que antes de firmar un compromiso con los titulares del ejecutivo de otros países, debe someter al Senado la aprobación de los compromisos que pretenda adquirir, sobre todo si se trata de un compromiso en el que se utilizará dinero del Erario Público. ¿En qué momento el Senado de la República aprobó los compromisos celebrados con esos países extranjeros?
El artículo 32 constitucional en su último párrafo señala que: ”Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”.
En junio de 2020 se pagó 255 millones de pesos mexicanos al gobierno de Cuba para traer a 585 médicos del sistema de salud de Cuba, a pesar de la franca oposición del gremio de médicos mexicanos, se consideró un caso urgente frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid19. Ahora en esta ocasión el presidente señaló que “no alcanzan los médicos mexicanos para llevar atención especializada a todo el país, en especial a las zonas rurales, y que pese a la molestia de sus adversarios serán contratados médicos de Cuba porque lo importante es la salud del pueblo, por lo que advirtió: “que se vayan al carajo los conservadores”.
Después del anuncio del presidente, 30 federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México enviaron una carta al Presidente para manifestarle su “profunda desaprobación y enérgica protesta” y su rechazo a la contratación de médicos cubanos porque señalan que en nuestro país, “no faltan médicos, faltan plazas bien instaladas, salarios dignos, seguridad, medicamentos y equipo”. En nuestro país hay suficientes médicos con capacidad, egresados de las Universidades de la República Mexicana, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.
La ONU ha llegado a catalogar este tipo de acuerdos como “trabajo forzoso”. La ONG Prisoners Defenders presentó un informe a inicios de este año, con más de mil testimonios de profesionales cubanos víctimas de esclavitud y trabajo forzado, cuando son enviados a otros países en las misiones internacionalistas. En dichos testimonios señalan que la mayoría no participa de manera voluntaria, y que sólo reciben el 20 por ciento de los salarios pagados y el régimen cubano les retira el 80 por ciento y retiene sus pasaportes.
Ahora bien, sin un afán de discriminación, y solamente para cumplir con el Estado de Derecho, para que los médicos cubanos puedan ejercer su profesión en México, deben cumplir con las leyes mexicanas, en particular con la Ley General para el ejercicio de las Profesiones, Reglamentaria de los artículos 5° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para el ejercicio de una o varias especialidades entre ellas las de Medicina, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente: 1.- Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley; 2.- Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en este caso en la Medicina General o especialidad Médica. Los extranjeros podrán ejercer en México las profesiones que son objeto de esta Ley, con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de que México sea parte. Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría de Educación Pública, previo trámite de reconocimiento de la equivalencia, siempre que los estudios que comprenda el título profesional, sean iguales o similares a los que se impartan en instituciones que formen parte del sistema educativo nacional. Para que los títulos obtenidos en el extranjero puedan ostentarse para ejercer la profesión en México, deberán ser revalidados de conformidad con esta ley y las demás aplicables en materia educativa. El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legalizado en México, o ejerza los actos propios de la profesión, se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente.
Para que quede claro ni el presidente ni el Senado pueden emitir un decreto para que alguna persona incumpla con la Ley. Hagamos valer el Estado de Derecho.