Las oleadas migrantes que con mayor frecuencia y en mayor número llegan a la frontera entre: Estados Unidos y México, es una situación en la que la incongruencia está presente, sólo falta escuchar los discursos políticos y ver lo que realmente hacen ambos gobiernos, los rumbos por los que marchan son en el mejor de los casos diferentes, pero en muchos casos hasta opuestos. Las promesas de campaña y los actos de gobierno en torno a una solución han quedado sólo en un buen puñado de intenciones, pero no más y los reforzamientos en torno a las garitas o puntos de acceso del vecino del norte son más notorias.
La Universidad de California en los Ángeles (UCLA), acaba de dar a conocer los resultados de una investigación realizada por: catedráticos, investigadores y estudiantes, en donde analizaron el Plan Acelerado en Respuesta a las Peticiones de Asilo anunciado por el presidente, Joe Biden, y la verdad preocupa de sobremanera pues entre otros aspectos concluyen que el 99.1 por ciento de los inmigrantes aceptados en este programa son rechazados, simplemente los engañaron.
Y esta negativa a su petición simplemente no prospera ya que, al no tener un abogado o una representación legal, son rechazados por los jueces de migración.
El estudio de UCLA se dio a conocer cuando los planes del presidente Biden para revertir la polémica política migratoria de su antecesor, Donald Trump, han chocado con la justicia, primero reinstaló el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México y ahora ha blindado las deportaciones exprés. Dentro de las conclusiones se señala…”si bien la Administración prometió que el programa ‘resolvería los casos de asilo de manera más rápida y justa’, el estudio con sede en Los Ángeles, una de las 11 ciudades donde opera el expediente, encuentra que el proceso acelerado, conocido como ‘Expedientes dedicados’, deja familias ya vulnerables en la oscuridad, sin abogados que las ayuden”.
Entre los hallazgos de la investigación se indica que el 70.1 por ciento de los inmigrantes no tiene abogados; el 72.4 por ciento de las órdenes de deportación se emitieron en ausencia, es decir, las familias inmigrantes nunca tuvieron audiencia en la corte y el 48.4 por ciento de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, dos tercios de los cuales tenían 6 años o menos.
Lo cierto, señala Talia Intender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, es que, si la administración de Biden decide continuar usando expedientes dedicados, debe tomar medidas inmediatas para abordar la falta de representación legal, la gran cantidad de órdenes de deportación en ausencia y las muchas otras deficiencias.
La política migratoria prometida por Joe Biden se ha topado con una seria de obstáculos que han impedido su cristalización, peor aún, con las elecciones de este año y la disputa política por el poder entre los republicanos y los demócratas, estos planes realmente deben estar ya guardados en uno de los cajones de la Oficina Oval.
Las cifras de inmigrantes detenidos por tratar de ingresar a los Estados Unidos sin documentos están por arriba de las 234 mil personas reportan las autoridades de Homeland Security (migración), sólo en el mes de abril.
A pesar de los discursos, promesas y algunas acciones tímidas y temporales, lo cierto es que la ola migrante rumbo a los Estados Unidos no se detiene.
Y es que Los planes del presidente de EE.UU., Joe Biden, para revertir la polémica política migratoria de su antecesor, Donald Trump, han chocado con la Justicia, que primero reinstaló el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México y ahora ha blindado las deportaciones exprés.
El golpe más reciente para el inquilino de la Casa Blanca y para millones de inmigrantes se dio el pasado 20 de mayo de la mano del juez de Luisiana Robert Summerhays, nominado en su momento por Trump que anuló el intento de Biden de acabar con el Título 42, una política de expulsión de indocumentados amparada en la pandemia de covid-19. Esa polémica medida vigente desde marzo de 2020, permite deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur estadounidense, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, al considerarlos un riesgo sanitario,
El tema se ha vuelto un punto de negociación política de gran interés, ya que los republicanos, encabezados por Donald Trump hacen todo lo posible por “blindar los accesos”, mientras que los demócratas de la mano de Joe Biden buscan impulsar las leyes que los beneficien. El tema migratorio y sus cientos de acciones en cualquiera de los sentidos de estos 2 grupos, es prioritario, ya que bien saben que un avance, un retroceso o incluso la inmovilidad en la que se encuentran tienen un costo.
Los discursos en favor y en contra de los inmigrantes seguirán e incluso se incrementarán de aquí a noviembre, mes de las elecciones, pero nada sucederá en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México y es que los republicanos podrían arrebatar la estrecha mayoría de los demócratas en el Congreso, incluso una victoria republicana en las presidenciales de 2024.
Estados Unidos comenzó a aplicar desde el martes una nueva regla para acelerar los casos de asilo en la frontera sur en medio de la oposición de los republicanos y las dudas crecientes de si el Gobierno de Joe Biden logrará garantizar el debido proceso a los solicitantes, esta acción permite que oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren las solicitudes de asilo de ciertos solicitantes que ingresaron por la frontera sur del país, tarea que ha sido exclusiva de jueces de inmigración, pero la mayor preocupación es el poco tiempo que tendrá el solicitante para exponer por primera vez su caso, lo que puede afectar el derecho al debido proceso.
@lalocampos03