Durante las últimas semanas sigue incrementándose la incertidumbre en las Centrales de Abasto, supermercados, mercados, tianguis y tienditas por los altos incrementos a los alimentos que se padecen día tras día. Otra vez quedan rebasadas las “estrategias” presidenciales como fue el pacto con las empresas privadas para limitar los aumentos de precios de los artículos básicos.
En este sentido, la organización México Cómo Vamos, en un balance sobre el primer trimestre del 2022 (https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/05/inflacion-2022-2023-necesitamos-un-plan/) hizo un llamado urgente para que no se sigan deteriorando los niveles de vida de los mexicanos más pobres, luego de que “los alimentos se encarecieron en 13.72 por ciento, mientras que las frutas y verduras 15.84 por ciento en su variación anual. En un país con casi 52 millones de personas en pobreza laboral, no hay quincena que alcance”.
El análisis además hace algunas observaciones sobre los programas de la Secretaría de Agricultura, al sugerir que más que subsidios –poco eficientes y sin supervisión por parte del gobierno- deben volver a impulsar la productividad de los alimentos apoyando la inversión para pequeños y medianos productores. Sin embargo, para el inquilino de Palacio Nacional es más práctico y sale al paso con un anuncio: “buscar acuerdos con otros países para la importación de alimentos con adecuaciones arancelarias para reducir los costos al consumidor y así contener el impacto inflacionario”. ¡Un estadista previsor y oportuno!
¿Pero qué está pasando, son sólo las malas políticas públicas, las puntadas pesidenciales las que están alterando los precios de los alimentos? ¡Sí! Al margen de la efectividad de los programas dirigidos al sector agropecuarios, la estrategia de “abrazos no balazos” toca peligrosamente las huertas, los campos, las aguas mexicanas, a los agroproductores, a los campesinos, se trata de la cooptación de los mercados por parte del crimen organizado, más organizado que las autoridades.
La diversificación de los tentáculos de los grupos del crimen organizado en nuestro país, se han extendido hasta niveles que nos obligan a hacer un alto en el camino para vislumbrar lo que nos depara el futuro cercano y para muestra un botón:
Luego de las crisis sociales por el agua que están pasando estados del norte de la República como Nuevo León y Coahuila, en Morelos se viven acciones de un grupo del crimen organizado que busca, léalo bien, el control nada menos que del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) en Cuernavaca, lo que les supondría ganancias de alrededor de 300 mdp anuales. ¿Se imaginan el daño que dejaría si otro grupo delictivo pretendiera apoderándose del manejo del agua para el consumo humano y la producción de alimentos? ¿Seguimos dando abrazos?
Y qué decir de los focos rojos encendidos desde hace meses sobre la productividad agroalimentaria nacional como lo evidencia el alza imparable de los precios del aguacate, limón, huevo, jitomate, etc. Aunque era un secreto a voces que desde que comenzaron las exportaciones del hoy llamado “oro verde” a EU los grupos delictivos en Michoacán escalan en acciones cada vez más violentas para apoderarse de huertas enteras y con ello, propician el exilio de sus verdaderos propietarios a otras entidades o a otros países. Estos ataques se han extendido a Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, por supuesto.
Además de los castigados costos de producción habituales, los productores víctimas del crimen organizado deben de sumar aproximadamente otro 25 por ciento de costos, además de otros tantos pagos para garantizar la “sacada” de sus cosechas y el tránsito por las carreteras para la distribución de los productos del campo. En algunas áreas como Tepalcatepec, Michoacán, el limón se pudrió en más de 6 mil hectáreas de árboles y con precios elevadísimos en los mercados ante la caída de la oferta.
Apenas en febrero pasado, EU cerró sus fronteras al aguacate mexicano por el ataque que sufrió uno de sus inspectores de sanidad vegetal en Michoacán por parte del crimen organizado. Este cierre fronterizo de apenas una semana, significó pérdidas por 50 millones de dólares y la cancelación de jornales para más de 15 mil cortadores. EU es el principal consumidor de aguacate mexicano con más de 1 millón de toneladas anuales y ganancias superiores a los 3 mil millones de dólares anuales. De ese tamaño es el pastel para los grupos criminales que han sacado un mejor provecho de estas actividades “lícitas” y sin arriesgar nada. Y de premio, más abrazos que parece ya no están alcanzando.
Son muchas ya las alertas de la incursión del crimen organizado en las cadenas agroalimentarias de mayor rentabilidad. Si bien los casos están focalizados en algunas entidades y en algunos productos de alto valor como los relatados y otros más como el ganado de la frontera sur, ya no es tiempo de voltear la cara hacia otro lado y debemos exigir a las autoridades conocer las acciones articuladas para hacer frente a esta problemática. Porque si la disponibilidad de alimentos llega a supeditarse a los propósitos de grupos delincuenciales, la paz social estará en riesgo.