Uno de los cambios más importantes que AMLO propone en su iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral, pero poco analizada, es un nuevo modelo en la integración de los poderes legislativos estatales. Propone listas de representación proporcional; así como, la adopción de criterios poblacionales para la definición del número de legisladores estatales y la integración de cabildos y alcaldías de la CDMX.
Propone rangos en el número de legisladores. En los estados con población menor a un millón de habitantes sería de hasta 15 diputaciones. Por cada medio millón de habitantes adicional, se incrementaría una diputación, hasta un máximo de 45. Según el Presidente, este modelo lograría tres metas: austeridad, porque acabaría con los despilfarros y las enormes dietas; homologación del número de integrantes de los congresos locales, y el mejoramiento de la representación de la sociedad en los poderes legislativos locales.
El mismo criterio prevalece en la integración de ayuntamientos y alcaldías. El Presidente propone una estructura base: una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías, proporcional a la población. En las 16 alcaldías de la CDMX, plantea la elección de un alcalde y un concejo con criterios similares. Esta nueva estructura municipal tendría enormes méritos en materia de austeridad, homogeneidad, transparencia y organización.
Si bien, la iniciativa plantea cambios muy importantes en los congresos locales y la organización municipal, es la parte menos desarrollada en la exposición de motivos y en la justificación de la iniciativa del Presidente.
AMLO debe robustecer sustancialmente su exposición de motivos en varios temas de este apartado. Explicar amplia y sólidamente por qué su iniciativa no vulneraría la soberanía de los estados, la competencia de poderes y la autonomía municipal. Así como la envió, sólo explica el mecanismo y los posibles ahorros, pero el tema tiene mayor complejidad y alcance. Nada más y nada menos que cambiar la forma de organización municipal que existe desde la Independencia.
Se requiere un estudio histórico y por lo menos otro comparativo, de los méritos de la iniciativa en materia de ahorro de recursos en el corto y mediano plazo. Obviamente, los municipios gobernados por usos y costumbres constituyen un excepción a esta propuesta.
La modificación a los artículos 115, 116 y 122 constitucionales, como se propone, entraña un conflicto de competencias. Actualmente, las entidades federales cuentan con autonomía para determinar el número de los integrantes de sus congresos y de regidores.
La iniciativa del Presidente tiene buenas intenciones, pero el diagnóstico está mal aplicado. Por supuesto que existen congresos, como los del Estado de México, Nuevo León o Jalisco, donde las dietas, más que el número de diputados, debe revisarse. En alrededor de cien municipios, los sueldos de los regidores son enormes, pero no es regla general.
De aprobarse esta reforma en el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión, esta parte de la iniciativa presidencial generaría más problemas, que los beneficios que se obtendrían. Debe eliminarse. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
@onelortiz