La semana pasada se vivieron momentos de verdadero terror en Chihuahua, Jalisco, Baja California, Michoacán y Guanajuato; por medio de fotografías y videos en las redes sociales, pudimos observar como incendiaron vehículos y tiendas de conveniencia, así como narcobloqueos y ataques en varios establecimientos.
El inquilino de Palacio Nacional está convencido de que es un complot de sus adversarios conservadores para perjudicar a su gobierno. Y la oposición está segura que los ataques fueron orquestados por el gobierno de la 4T para justificar la militarización de la Guardia Nacional (que en teoría es civil, pero es evidente que la controla el ejército con más del 80% de efectivos participando en la misma). Sea la versión que más le parezca creíble, el problema es que la inseguridad en el país sigue más que latente y quienes pagamos el precio día a día somos los ciudadanos. La política en materia de seguridad de “abrazos no balazos”, “darles libros a los delincuentes”, “acusarlos con sus mamás”, “despertarse muy temprano a sus juntas de seguridad”, entre otra bola de tonterías es lo que hoy ha generado que no cese la inseguridad que heredó este gobierno pero que ha sido incapaz de dar resultados en lo que es su mayor responsabilidad como Estado: garantizar la seguridad de sus habitantes.
Es evidente que Andrés no va a reconocer que su estrategia de seguridad, si es que existe, ha fracasado totalmente y necesita cambios urgentes. Y quien lo sustituya debe estar muy preocupado en el desastre de país que va a recibir y empiece a generar una política pública efectiva para darle un cambio a esta situación tan lamentable.
Una vez más los mexicanos nos acostumbramos y vemos con normalidad que sucedan ilícitos de cualquier criminal que ve su actividad como una fuente de ingresos. Aceptamos que en cada elección se nos diga que van a contratar más policías, que los van a capacitar, subirles el sueldo y demás pero los resultados son los mismos o incluso peores. No se ha visto un progreso en lo que los expertos se han enfocado que es la procuración de justicia para evitar que se quede impune un hecho. Con esto me refiero a que de nada sirve tener a los policías más capacitados y entrenados, si un juez por corrupción deja libre al delincuente o que las cárceles sean centros “laborales” para los criminales y puedan seguir sus actividades ilícitas desde ahí.
¿Seguiremos cada sexenio con los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto y ahora los muertos de López Obrador para medir una política de seguridad “efectiva”?