Hay un “gobierno de hombres” en la administración de Andrés Manuel López Obrador. No me refiero a una cuestión de género, sino al término contrario al “gobierno de leyes”, de acuerdo con la conceptualización de Platón y Aristóteles.

El Estado se estructura bajo la idea de gobierno de las leyes, en donde las decisiones políticas, reflejadas en funciones estatales, se ejercen con base en un sistema jurídico. Esta concepción sentó las bases de la teoría liberal propuesta por Locke en la que sostenía la idea de un gobierno limitado, contrario al gobierno absolutista sugerido por Hobbes. Bajo esta noción, las autoridades tienen una fuente legal y legítima.

 El presidente de la República está acostumbrado a gobernar con decretos, lo hizo cuando gobernó el entonces Distrito Federal y lo hace ahora. Eso es igual a un “gobierno de hombres”, porque sus decretos implican, en la mayoría de los casos, una voluntad caprichosa; son arbitrarios cuando los emite ante la imposibilidad de encuadrar su voluntad en los causes legales y constitucionales. Con ellos pretende hacer valer su voluntad, a pesar de todo y de todos.

Las actuaciones arbitrarias del presidente de la República son contrarias al Estado de Derecho –entendido como efectividad del sistema jurídico como rector del orden en la organización social–. Ellas rompen con un círculo virtuoso: el sistema jurídico garantiza al Estado y, a su vez, tiene funcionalidad a través del Estado, porque el derecho es la base y el parámetro para el ejercicio de las funciones estatales. Ese orden también se rompe cuando el Ejecutivo da línea a los Poderes Judicial y Legislativo para que prevalezca su voluntad y no la de la constitución o la de la ley. Hay muchos indicios de que eso sucede.

En el sistema jurídico mexicano la función legislativa se encomienda a órganos legitimados para normar la conducta de los miembros de la sociedad. Su encomienda es primigenia, de ella depende la configuración inicial del sistema jurídico estatal, a través de la creación de normas constitucionales o legales. La creación de esas normas sirve para generar un desarrollo unificado de los distintos intereses sociales, económicos y culturales, en un consenso solidario. En esa dinámica, al Poder Ejecutivo le corresponde, preponderantemente, implementar la obra legislativa. Esa implementación ejecutiva vivifica la creación legislativa por medio de su aplicación o cumplimiento; su encomienda es preventiva, de vigilancia, y propiamente ejecutiva, realizada siempre con apego a esas normas legislativas.

Cuando el presidente actúa conforme a su voluntad, y no conforme a la de la obra legislativa, viola el principio democrático. La consolidación del Estado tiene su primer presupuesto cuando el pueblo gobierna o toma parte en el régimen. La democracia es la causa eficiente o motriz del sistema jurídico estatal, e implica que este es creado por el pueblo, de forma directa o por medio de sus representantes, y para beneficio suyo. En una democracia no gobierna la voluntad de “los hombres”, sino la del pueblo; en ella los gobernantes ejecutan la voluntad popular. Esas son las bases que establece el artículo 39 de la Constitución General.

La constitución es un elemento democratizador de las organizaciones políticas. Si en el sistema jurídico no hay una supremacía de determinadas normas establecidas mediante un consenso democrático no habrá Estado de Derecho. El titular del Ejecutivo Federal viola esa estructura cuando pretende imponer su voluntad sobre la Constitución y las leyes.

El sistema jurídico es una construcción que da orden a la sociedad. Para que eso sea posible, también requiere de un orden en los componentes que la integran; cada componente del sistema jurídico tiene un lugar dentro de este. El primer lugar dentro de la ordenación del sistema jurídico le corresponde a la constitución, después a las leyes, nunca a la voluntad de quien gobierna, sino a la voluntad de los gobernados plasmada en aquellas. Esa jerarquía normativa sirve para evitar arbitrariedades y que sea la voluntad popular, plasmada en la constitución y en las leyes, la que rija el actuar de la sociedad.

Por desgracia, en México hay un “gobierno de hombres”. Tenemos un presidente que gobierna por decretos arbitrarios que impiden que gocemos de un Estado de Derecho. La esperanza está en las mayorías del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte que aún cumplen con sus funciones e impiden la degeneración del Ejecutivo Federal; en ellos confiamos para que no ganen los decretos frente al Estado de Derecho.