El México del Siglo XXI demanda –sin duda- transformaciones y requiere del talento e imaginación de todos nosotros para construir una patria más justa, más libre y menos desigual. Ese México, lo podremos construir en la medida en que confrontemos ideas y argumentos y discutamos libremente, en un gran debate nacional, plural e incluyente.

El tema central a debatir es el rol histórico del Estado Mexicano, cuyo propósito fundamental es lograr entre otras cosas la seguridad jurídica, en función de las condiciones planteadas por la crisis económica, crisis de seguridad y el proceso de democratización.

El respeto a la Constitución Política, es imprescindible en todo Estado de Derecho. Cuando se transgrede lo ordenado por la Constitución se pierde la seguridad jurídica y con ello el desconocimiento del propio Estado de Derecho.

En el actual gobierno, afloran signos y señales de un indeseable retorno a prácticas de los años 70’s 80’s del siglo pasado que costaron cuantiosas vidas, para aperturar nuevamente el retorno al  ancien régime,   que en desarrollo de nuestra incipiente democracia se había  logrado acotar gracias a las diversas reformas legales y a la creación de instituciones autónomas cuyas funciones sirven para acotar el poder y servir de contrapesos, lo cual nos lleva a señalar que se deben detener las tendencias autoritarias en el ejecutivo en su intento al parecer, de restauración de un presidencialismo autoritario y francamente totalitario.

Hoy proliferan las voces y actitudes  que imitan al presidente cuando niegan, descalifican y desautorizan al otro, y lamentablemente esas posturas no son monopolio sólo de algunos, sino que se multiplican y, consciente o inconscientemente, alimentan el juego de la intolerancia y abonan el terreno para expresiones autoritarias.

En el ámbito social se descalifica a quienes levantan la voz y se atreven a la menor crítica, tildándolos de enemigos reaccionarios y conservadores. Se rechaza o se incumple la Constitución, Se ha propiciado el linchamiento de los adversarios políticos. Se estigmatiza a los medios de comunicación que disienten de fondo o en las formas del nuevo gobierno.  Se construyen acuerdos con bandas paramilitares en lugar de estructurar una Política seria en materia de seguridad.

Ahora se nos informa que la Guardia Nacional dependerá por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo ha anunciado el inquilino del Palacio Nacional en su mañanera del lunes. El presidente señaló que emitirá un decreto para que el Ejército asuma el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad, creado al inicio de su presidencia como una corporación de carácter civil, por decisión del Congreso. De esta forma, por decreto o mandato presidencial el jefe del Ejecutivo buscaría saltarse al Poder Legislativo y no esperar si aprueba su iniciativa de reforma constitucional para que el cuerpo creado en esta administración se incluya en la estructura del Ejército.

Ante la cerrazón y falta de visión de Estado, de la actual camada de políticos que se encuentra al frente de la vida pública, la sociedad civil debe elevar la voz y hacerse presente imponiendo su vinculación en la generación de iniciativas y propuestas para planes, programas y proyectos de carácter público, y desde luego, para establecer mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y sobre toda la gestión pública.

En ello va la división de poderes y garantías fundamentales del gobernado son los  supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado.

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución, tal circunstancia camina al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos humanos y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual.

Ya lo decía Montesquieu en el siglo XVII  “cómo todo hombre en ejercicio de poder se ve impulsado a abusar de él y llega hasta donde encuentra límites”.  El abuso del poder solo se ve impedido si por la disposición de las normas, el poder detiene al poder. Lo que a su vez supone no el poder único y concentrado, sino una fragmentación del poder y cierta distribución de funciones separadas; en este sentido, es célebre su afirmación de que: “los poderes que se atemperan los unos a los otros, que se contrapesan los unos a los otros, con sus respectivos contrapesos”.

En el siglo XVIII quien fuera Ministro de Inglaterra  William Pitt señaló “el poder ilimitado tiende a corromper la mente de aquellos que lo poseen”. Posteriormente en  1887 el historiador inglés Lord Acton escribió su célebre frase que ha pasado a la historia “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”

Es frecuente que una persona que tenga poder tienda a la corrupción, al ejercer el poder se obtiene de inmediato la sensación de que se controla, voluntaria o involuntariamente, a otros, y esa sensación de control, que llega a ser  real, tiende a generar una disociación con la realidad que le hacen actuar bajo la premisa de   “aquí no hay límites, puedo controlarlo todo”.

Los efectos nocivos del abuso del poder provocan una patología cuyos síntomas nos son conocidos: indiferencia ante lo que otros piensan; frialdad hacia los sentimientos de los demás; pérdida del sentido del riesgo o de la proporción en el perfil de prioridades con el que se dirige la institución; instrumentalización de los ciudadanos para lograr los propios fines; tendencia a rodearse de personajes poco independientes intelectual y económicamente; juicio simplista, estereotipado, de los individuos y de los acontecimientos; sobrevaloración de la imagen y de las capacidades personales; conductas inapropiadas, como humillar en público y en privado.

La gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social, como productos del consenso de grupos específicos y actores sociales reales dentro de un marco de legalidad y muy lejos de la delincuencia organizada. Esta es la vía institucional y el cauce político que debe privilegiarse si verdaderamente se quiere evitar un estallido social de alcances imprevisibles, proveniente del México bronco que se exterioriza en el descontento creciente sobre la forma de hacer política del dueño de Morena.

Resulta inaceptable que nuestra sociedad continúe viviendo con la pérdida de los elementales valores éticos de convivencia social armónica, es por ello que debemos poner fin a la impunidad, a la complicidad y connivencia entre autoridades, policías y delincuentes, que en no pocas ocasiones actúan por igual en ambos bandos. La obligación primordial de un Gobierno es garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población. Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco en el que se violenten los derechos fundamentales de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos.