Los actos de violencia delictiva estallados en la segunda semana de agosto han generado reacciones diversas. Desde revivir el debate sobre la estrategia de seguridad y la vertiente de la reorganización del aparato policiaco hasta el enésimo debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de apoyo a la seguridad pública.
Pero la parte más interesante de la discusión ocurrió en el aprovechamiento de los incidentes para regresar a la discusión sobre la caracterización la violencia delictiva como terrorismo interno, la petición para que la confrontación con las organizaciones delictivas se asuma con un conflicto armado interno y la correlativa petición para que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se haga cargo de la estrategia mexicana de seguridad.
El debate puede ser descartado de inmediato a partir de las propias consideraciones del derecho internacional respecto a organizaciones armadas ilegales: para que las organizaciones delictivas mexicanas entren en el marco referencial de quienes quieren a penetración estadounidense, necesitan definirse como grupos armados de carácter político, con un programa de sustitución del régimen existente y mantener el control absoluto territorial de zonas del Estado para ser consideradas fuerza beligerante que requiriera reconocimiento de la ONU.
Los eventos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California no fueron un avance territorial político-ideológico de organizaciones armadas que quisieran sustituir a las instituciones del Estado nacional y asumir el control administrativo de partes del territorio. Para definirse como agrupaciones en confrontación con el estado para la disputa de enfoques de gobierno se necesita que las organizaciones criminales emitan una declaración formal de carácter político-ideológico y le declaren la guerra del Estado para precisar su marco referencial revolucionario.
Si se revisan los datos concretos de lo ocurrido en los días de agosto se encontrará que la violencia estallada en las calles tuvo características delictivas: castigar a las empresas que no pagan sus cuotas de derecho de piso o compra de protección y violentar las calles a balazos para evitar decisiones que tenían que ver con la condición de algunos presos de alto impacto delictivo.
Es decir, las agrupaciones delincuenciales no estallaron una revolución –ni siquiera una revuelta– sino que encarecieron el costo de tranquilidad de sones de la República para obtener sus beneficios. Si se recuerda bien, el culiacanazo de octubre de 2019 se produjo como reacción del Cártel de Sinaloa ante el arresto de su líder Ovidio Guzmán López para ser extraditado a Estados Unidos; y aunque el Cártel amenazó con estallar coches bomba –verdaderos actos terroristas– en zonas urbanas habitadas por familias de militares, tampoco configuró una línea de acción terrorista en tanto que no buscó la toma del poder sino solo la liberación de uno de sus líderes.
La caracterización de terroristas, agrupaciones armadas adversarias o fuerzas beligerantes implicarían decisiones de política exterior y sobre todo de aceptación de la pérdida de la soberanía de la autoridad institucional en todo el territorio del Estado, un hecho que no logró el EZLN 1994 cuando organizó un alzamiento ahí sí revolucionario para deponer a las autoridades institucionales del Estado, provocar la renuncia del presidente de la República e instaurar un gobierno socialista sin pasar por las reglas tradicionales de la democracia. Y a pesar de mantener relativo control armado sobre pequeñas zonas de Chiapas, el EZLN no alcanzó a considerarse como fuerza beligerante reconocida por el derecho internacional.
Los cárteles, bandas delictivas y grupos delincuenciales que configuran al crimen organizado y desorganizado se dedican a cometer delitos penados por el derecho mexicano y ninguno hasta ahora ha declarado querer tomar el control del Gobierno; los incendios de negocios, los bloqueos y las balaceras callejeras han sido acciones delictivas sin ninguna intención política o de construcción de un nuevo Estado.
Las intenciones de los grupos que pretenden asumir la violencia delictiva como terrorismo y reconocer la existencia de grupos armados en espacios territoriales solo buscan la internacionalización del conflicto mexicano y la penetración de la estructura de seguridad nacional militar y civil de Estados Unidos en actos de extraterritorialidad.
Si en verdad el Gobierno de Estados Unidos quisiera terminar con los cárteles mexicanos podría comenzar con el desmantelamiento inmediato de las células de nueve bandas dedicadas al tráfico de drogas dentro del territorio estadounidense y que son representación celular de cárteles que tienen su sede en México; y al debilitar la estructura criminal mexicana en Estados Unidos, no habría necesidad de enviar marines a México.
El poder de los cárteles de la droga y delitos colaterales no depende solo de la organización criminal en México, sino que su poder deriva de la capacidad económica del tráfico de drogas para venderlas a los 30 millones de adictos reconocidos y quizá otros 50 millones de americanos que consumen droga y tienen capacidad económica para no acudir a las calles estadounidenses.
Aquí se ha insistido en los reportes de la DEA del 2005 al último de 2021 donde se revela que nueve cártelesmexicanos o con sede en México controlan el tráfico, contrabando, distribución y venta de droga al menudeo en las calles de Estados Unidos y que las autoridades estadounidenses nada hacen en los hechos para romper esta cadena criminal. El día en que Estados Unidos desmantele a las poderosas células estadounidenses de los cárteles mexicanos, en ese momento los jefes del narco que viven y operan desde México se quedarían sin el combustible que les reditúa poder económico y sobre todo acceso ilegal a las armas que se adquieren en Estados Unidos o se contrabandean hacia México y que constituyen la capacidad armada de las bandas delictivas, aunque siempre por abajo del poder de la Fuerza Armada regular mexicana.
En este sentido, se tiene que rechazar y repudiar las intentonas de grupos mexicanos para permitir el involucramiento de la seguridad nacional estadounidense en México.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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