Este asunto es muy antiguo y se ha platicado por muchos años, así como la lucha por los derechos constitucionales. Ningún gobierno puede meter a la cárcel a cualquier persona mientras no haya de por medio un juicio donde se respeten los derechos del individuo; pero en México seguimos luchando contra el abuso de poder y la persecución política.

Si te acusan por alguno de estos delitos es muy probable que te quedes en la cárcel “prisión preventiva oficiosa”: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales (aunque les de risa), corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, entre muchos otros. Probablemente, estes totalmente de acuerdo con la lista y por eso la encuesta refleja que 8 de cada 10 mexicanos quieren que se castigue con cárcel; el problema es la impartición de justicia y que se compruebe la culpabilidad en México.

¿Las autoridades deben encarcelar a una persona sin antes enjuiciarla y sentenciarla?

Evidentemente no, salvo que el individuo tenga razones muy particulares y a esto le llamamos: prisión preventiva justificada. Estas razones deben ser porque el imputado tenga antecedentes penales, hay elementos objetivos para pensar que se puede fugar y faltar a su juicio, puede poner en riesgo la investigación si se encuentra en libertad o representa una amenaza para las víctimas, testigos o comunidad en general. El fiscal debe presentar argumentos y evidencia sólidos al juez al solicitar la misma. El imputado tiene el derecho a defenderse y el juez decide quién tiene la razón y si el mismo se queda en la cárcel o no mientras ocurre el juicio. Esta decisión a su vez, puede ser revisada por jueces de mayor jerarquía para evitar abusos de poder. Pero ahí es donde ocurren los problemas (recordemos que el abuso de poder es una razón para prisión preventiva justificada) que el Estado no pueda meter a la cárcel a la gente que le es incomoda, sino a los verdaderos criminales.

Esto demuestra la ineficacia del Estado para perseguir un delito, genera que cualquier ciudadano tenga miedo aunque sea inocente y evite meterse con el gobierno poniendo en riesgo su libertad.

Cuantos casos no conocemos en donde un individuo pasa años en la cárcel y después es liberado con un: usted disculpe o nos equivocamos. Sobre todo la gente con menos recursos que no pueden contar con un abogado para que defiendan sus derechos o los culpables fabricados por el gobierno para hacer como que impartieron justicia. Porque no buscan quién la hizo sino quién la pague.

Basta de seguir legislando más años de prisión por cierto delito, porque ante la falta de seguridad que se vive, los ciudadanos quieren más castigos, aunque sean injustos y penas más severas aunque sean para delitos poco graves. Esto hace que no se concedan sus derechos al acusado, ni a la presunción de inocencia y menos a un juicio justo que respete el debido proceso. Más del 40% de los presos que hay hoy en nuestro país no han sido sentenciados, ni han sido hallados culpables y esto hay que decirlo como es: son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Simplemente no podemos politizar la justicia…