El agotador debate social, político y legislativo sobre el tema de seguridad a propósito del replanteamiento y reorganización de las estructuras operativas del Estado y del Gobierno debió haber sido oportunidad para ir al fondo del problema: por qué la expansión o agotamiento de La Guardia Nacional como el todo de la seguridad ciudadana como política social; pero de manera lamentable la discusión se agotó en dimes y diretes y maniobras político-legislativas.
Ni el fortalecimiento de la Guardia Nacional es la solución a la crisis de seguridad, ni la obsesión constitucionalista va a resolver el punto básico de la crisis de inseguridad: mientras el Estado, el gobierno y la sociedad se han desgarrado las vestiduras en los últimos 40 años para abordar la seguridad pública y ciudadana acotando a los cuerpos policiacos, el escenario de la realidad debe responsabilizar a Estado y sociedad de los saldos negativos.
El crimen organizado nació como estructura de poder en 1984 con la aparición del primer cártel de mariguaneros en Guadalajara y se expandió al sur-sureste de la República, además de contar desde entonces con hilos de relaciones hacia los verdaderos cárteles poderosos de Sudamérica y de iniciar su consolidación al amparo de la protección de las estructuras políticas y de seguridad del propio gobierno.
El crimen organizado y la delincuencia desorganizada está configurado por nueve cárteles vinculados al narcotráfico, casi 50 bandas delictivas derivadas del narco o articuladas a sus intereses y centenas de agrupaciones desorganizadas que se nutren del desorden en la seguridad: y este poder criminal se nutrió de la politización partidista en la definición de las políticas públicas y de la desatención gubernamental hacia el problema de la corrupción oficial asociada a los intereses económicos de la inseguridad.
Frente a esta realidad se ha opuesto solamente una larga lista de ocurrencias disfrazadas de políticas públicas o estrategias del Estado para resolver mágicamente las cifras de inseguridad: coordinaciones judiciales, cambios de jefes policiacos, subprocuradurías, centralización de decisiones, policías por acá y policías por allá, regaños a las policías estatales y municipales y toda una casta de poder burocrático que ha pasado por estructuras de seguridad oh como parte de carreras políticas, judiciales y académicas, pero sin que se haya encontrado una línea programática y progresiva de organización primero del aparato público y luego de reglamentaciones operativas se apliquen en la realidad y no de evaluaciones amañadas para auto justificaciones.
Al debate de lo ocurrido en días pasados en torno a la Guardia Nacional se le puede poner enfrente una de las argumentaciones jurídicas que resume en sus juegos de palabras el sentido de la incapacidad pública y social para abordar la crisis de inseguridad y el colapso de la seguridad: la causa de la causa es la causa de lo causado. Es decir, que el origen del problema no están las consecuencias sino las causas, es decir aplicar el principio de la causalidad. Y la causa de lo causado se localiza en la existencia de un crimen organizado y una delincuencia desorganizada que hoy aparece sentada en la primera fila disfrutando unas palomitas y una soda, mientras en el escenario se presentan todos los protagonistas de la seguridad jugando al payaso de las cachetadas.
Mientras se discute el acotamiento al aparato de seguridad, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa están en una batalla campal disputándose el control de territorios de la República y haciendo alianzas con otros cárteles menores, y en medio de esa fiesta de reparto del botín se presentan miles de bandas de la delincuencia desorganizada aprovechando las distracciones públicas y sociales.
Más que el acotamiento del aparato de seguridad y de la Guardia Nacional en particular, la sociedad está esperando un nuevo diagnóstico de la situación de la inseguridad, porque no se puede explicar que hoy se tenga una muy definida estrategia de seguridad y una nueva Guardia Nacional y al mismo tiempo sigan aumentando las cifras de la inseguridad en todos sus rubros y sobre todo los datos de homicidios dolosos.
Y lo peor de todo es que ante las evidencias estadísticas y realistas del aumento de la inseguridad y la violencia, gobierno y sociedad se enfrascan en un debate sobre el acotamiento de las funciones y posibilidades de la estructura central de seguridad –es decir: la Guardia Nacional– y que el argumento contra la tutela de la Guardia por parte del Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional sea el temor al aumento de la violación de los derechos humanos, cuando todas las cifras indican una disminución estructural de las quejas contra las fuerzas armadas y cuando se tienen todas las evidencias de que las diferentes bandas delictivas están subordinando a la sociedad a sus intereses criminales.
La crisis de seguridad es la causa de la reorganización de la estructura de seguridad, pero lo que vimos en los debates políticos y legislativos no fueron sino batallas burocráticas y políticas para controlar y acotar la estructura de seguridad, mientras la delincuencia sabe que cada vez va a ser más difícil que la autoridad ejerza sus funciones para combatir los delitos.
Parece olvidarse que la Guardia Nacional nació del desprestigio de las policías municipales estatales y federales y de la incapacidad de esta estructura para combatir la delincuencia por la complicidad burocrática de funcionarios encargados de la administración y gestión del sistema de seguridad para favorecer a la delincuencia.
La otra causa de lo causado ha estado a la vista de todos y ha sido ocultado: la delincuencia ha podido crecer y fortalecerse solo por la complicidad de las estructuras gubernativas de seguridad; es decir, los carteles y bandas son productos de la incapacidad o corrupción de las autoridades encargadas de combatirlo.
El saldo del debate de seguridad ha dejado muy satisfecha a la delincuencia y pronto volverá a enardecer a la sociedad.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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