Entrevista con César Gutiérrez Priego, abogado especializado en derecho penal militar

El caso Ayotzinapa no deja de generar polémica. La renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, las órdenes de aprensión suspendidas, la molestia entre los militares por las acusaciones recibidas, son sólo una muestra de este punto.

Siempre entrevistó a César Gutiérrez Priego, quien compartió con nuestros lectores el análisis que hace del caso desde la perspectiva del derecho penal militar. Estas son sus consideraciones.

“El Informe, como lo entendí, es el informe que realiza Alejandra Encinas como presidente de la Comisión, que generó dudas con el grupo de expertos, padres; ahí nos dimos cuenta que hay cierta información que no fue verificada, que viola el debido proceso porque no puedes hacer imputaciones cuando ni siquiera tienen conocimiento de acerca de que están acusados, es el caso del personal del Ejército Mexicano y que, además, te constituyas como agente de ministerio público, porque la investigación es única y exclusivamente del ministerio público que estará auxiliado por policías como dice el artículo 21 constitucional.

“Después nos damos cuenta por la nota de Peniley Ramírez, que maneja lo mismo del informe, sólo que detallado, así cuando hay la filtración de estos mensajes o pantallazos de Whatsapp es en donde se crea toda esta distorsión de la realidad, porque incluso los abogados de los militares dijeron que no tuvieron oportunidad de conocer cual es la imputación en concreto, y dudan de la veracidad de dichos mensajes porque nadie tenia conocimiento o no fueron objeto de prueba y con eso se viola el debido proceso.

“Hay una clara animadversión del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a todo lo que tiene que ver con el personal militar; eso no quita que la investigación que haya realizado pudo ser muy amplia, pero no tiene ningún medio de prueba para demostrar que lo que están ofreciendo es real porque además tendría que ser por medio de la Fiscalía General de la República (FGR) que hubiera podido recabar y no quedar como una investigación de una comisión que no le da participación al ministerio público como tal.

“Nos estamos dando cuenta que hay un ala de ultraizquierda en el gobierno federal, que no quiere a los militares trabajando y coadyuvando en esta administración y abría la posibilidad, de acuerdo a la investigación que están realizando, que haya pruebas ilícitas –y estoy hablando como abogado especialista en derecho penal y derecho penal militar–“.

Pruebas ilícitas

Acerca de este punto, nuestro entrevistado señala que no ve pruebas científicas “que se pudieran corroborar de alguna forma; el problema es que no salió a asegurar, sino a decir que eran pruebas y como tales no han sido valoradas por un juzgado federal.

“El problema es que se pudiera llegar a pensar que se está mal informando a la sociedad, porque esto le vino a dar un vuelo a todo lo que conocíamos del caso Ayotzinapa”.

Gutiérrez Priego explicó que Encinas al involucrar a un alto mando militar, le dio un cambio a la manera en que se estaba conociendo la investigación.

“Para solicitar las órdenes de aprehensión, se utilizan los fundamentos que da a conocer Encinas en su informe, lo cual enrarece más el caso, pero no hay ninguna prueba científica que demuestre, en primer lugar, que ese teléfono que le achacan al coronel con los mensajes fuera suyo, que estuviera asignado a él, la geolocalización de donde se enviaron los mensajes, en fin, un sin número de dudas muy grande, y esto vino a enrarecer los tiempos porque nos damos cuenta de que hay un problema interno que tiene que ver con las próximas elecciones que se van a dar y quien será el abanderado por parte de Morena para competir por la presidencia, porque no se entiende porque involucrar a militares, no se entiende que forzosamente quieran meter a Omar García Harfush y muchas cosas más.

“Creo que vemos politizado el caso, si bien es cierto lo que dice el presidente de que ‘no vamos a proteger a nadie’, le haría un llamado: por lógica, le tienen que estar mintiendo porque es imposible determinar que había elementos militares utilizando a un testigo protegido con nombre clave ‘Juan’, que desafortunadamente todos sabemos que es el ‘Gil’ y que es de las pocas personas que se sabía y se tenía conocimiento que sí asesinó a los estudiantes de Ayotzinapa, que era de los que daba órdenes y era de los más activos, y se utilizan testimonios falsos que no se han podido verificar y algo muy importante: un testimonio es valido si se comprueba que es real, algo que no sucede con este testigo que omite declarar que participó en los hechos de forma directa, si bien es cierto que esto no es culpa de este gobierno por el mal trabajo y mala consignación de la extinta PGR, además de que esta persona sale en libertad por tortura, en particular de Tomás Zerón, pero así como no se ha entendido que se violaron los derechos humanos de presuntos delincuentes y se priorizó el derecho de los delincuentes por sobre los de las víctimas, lo mismo están haciendo con los militares.

“Con lo que existe no debieron emitir un auto de formal prisión en contra de militares, porque violaron el debido proceso y es importante señalar que se habla de la filtración que publicó Peniley Ramírez, se echa la culpa a la FGR, pero recordemos que esta instancia no es la única que tuvo conocimiento de esta información, lo tuvo también el Poder Judicial Federal, los padres de los normalistas, el Grupo de Expertos Internacionales y la misma subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas, entonces si van a investigar que investiguen a todos.

“Imagina que se demuestra que fue la Secretaría de Gobernación la que filtró el informe, ¿con qué interés? Eso es importante”.

Se sabrá la verdad

Para César Gutiérrez Priego, un punto importante es que “un grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos, lo que hicieron fue secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar a estudiantes normalistas, y por no querer aceptar que este es un tema de grupos criminales, pertenecientes al narcotráfico, han involucrado a una serie de autoridades que ya se ha demostrado que las policías municipales estaban involucradas; hay una cuestión muy importante, el Ejército no podía realizar detenciones de estudiantes, hay un dato, una fotografía pública que tomó el capitán Crespo en la clínica Santa Julia en donde les pide sus datos a los normalistas y les dice, ‘muchachos, necesito sus datos y tomarles una fotografía y que me den sus nombres reales’, hacen la mención –supuestamente– de que les dice ‘porque si no, después ya no van a aparecer’, legalmente no existe esa declaración, pero lo que puedo decir y es importante que se analice que esa fotografía muestra a estudiantes que siguen vivos, porque al capitán se le acusa de desaparición si la única interacción que tuvieron los militares fue con los normalistas que sirvieron de testigos y aún siguen vivos”.

Nuestro entrevistado hace la distinción entre lo que se publica en medios y lo que se consigna en los expedientes judiciales, “lo viví por experiencia en el caso de mi señor padre, en lo de Tlataya, tan es así que esas órdenes se terminan cancelando, no es porque la FGR quiera exculparlos, fue porque era ilógico lo que estaban solicitando y no había elementos para un auto de formal prisión, porque no había delito por perseguir”.

Gutiérrez Priego pone en duda muchas de las pruebas que se han comentado en medios, “hay muchos que nos hacen creer que le vieron la cara al subsecretario de Gobernación, quien sale a dar su punto de vista, pero lo manejó como verdad absoluta, lo que vino a enrarecer y a violar el debido proceso de los militares, porque es de locos pensar que el delincuente que sí mató a los estudiantes ahora es un testigo protegido y que él está diciendo que hay militares involucrados, cuando en las primeras declaraciones que realiza acepta quienes son sus jefes, quienes dieron las órdenes y que él participó y mató a estudiantes”.

@AReyesVigueras