Como se presentan las cosas, el año de 2024 pudiera difícil para la 4T. Eso lo saben los líderes de Morena y, especialmente, AMLO. Fracasó la reforma electoral por la que intentaban cambiar la estructura y funcionamiento del INE y del Tribunal Electoral, con el propósito de menguar su imparcialidad e inclinar a su favor sus determinaciones.

Por lo anterior, es previsible que esas instancias, actuando de manera independiente, nieguen el registro como candidato a la presidencia, tanto a Claudia Sheinbaum, como a Adán Augusto López Hernández; a la primera, por razón de su posible doble nacionalidad y a éste, por las averiguaciones penales que se afirma tiene pendientes (artículos 32 y 38, frac. II constitucionales).

Al no haber prosperado las reformas constitucionales, resulta obvio que por más imparciales que pretendan actuar los titulares de las instancias electorales, lo cierto es que ellos, como seres humanos que son, tienen sentimientos: de agradecimiento o de rencor. No digo más. Esta circunstancia la deben tomar en consideración todos: los morenos y sus adversarios.

En las elecciones a realizar en 2024, un movimiento opositor tendría las siguientes ventajas y desventajas:

AMLO inició su carrera por la presidencia de la República en el año de 2000 y la concluyó en 2018, al alcanzar el triunfo. Él, como es su costumbre, no hizo caso de la Ley y no hubo quien se lo impidiera. Las cosas han cambiado. Ninguno de los candidatos a la vista cuenta con ese plus.

En las circunstancias actuales, muy pocas son las banderas u ofrecimientos a disposición de Morena. Los pobres, viejos, indígenas, jóvenes y los tabasqueños ya fueron favorecidos. El presupuesto público no da para incrementar el número de beneficiarios o aumentar las pensiones que actualmente reciben.

Ciertamente, las clases económicamente débiles, las que reciben la pensiones y algunos servicios, atribuyen esos favores a AMLO. En una campaña presidencial es factible que también se lo agradezcan a Morena. Llegado el caso, Claudia o Adán difícilmente podrán reclamar la autoría de esos beneficios. A lo que más pueden aspirar es a prometer que los seguirán prestando para el caso de alcanzar la presidencia de la República. Ofrecerían algo que no es de ellos; existe un mandamiento constitucional que ordena la entrega. Cualquier candidato puede ofrecer que esos beneficios se seguirán dando.

AMLO se ha mostrado poco respetuoso de la Ley. Con sus altas y sus bajas, esto ha sido así a lo largo de su vida; el vicio, pues lo es, se acentuó a partir del año 2005. En la actualidad los actores políticos son otros; la tendencia a no respetarla no ha cambiado; ahora se observa en Claudia Sheinbaum y en Adán Augusto López, a pesar de que se los prohíbe la Ley, andan en plena precampaña. Esto pudiera tener repercusiones al momento del registro y de ser revisados sus casos por el Tribunal Electoral.

Quienes son parte de la 4T, tienen demasiada cola que les pisen, por corrupción e incompetencia, promesas incumplidas, fracaso de las obras “monumentales” que sus líderes emprendieron o patrocinaron. El proceso electoral pudiera polarizar más a la sociedad mexicana. Claudia y Adán, en una eventual campaña, estarán obligados defenderlas y asumirlas como propias. No podrán desvincularse de ellas ni censurar a su autor. El fracaso del sexenio se convertirá en un lastre que no los dejará avanzar.

Un elemento que pudiera influir en la selección del candidato y de la posición, fuerte o débil, con que se presente ante el electorado, dependerá de la información que aflore en el futuro y que derive del jaqueo de la información del que fueron víctima los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos, incluyendo a AMLO, los morenos y a sus cómplices deben estar preocupados por la información que vaya fluyendo. Los militares espiaron hasta a su propio jefe.

Es previsible que conforme se acerque el momento de iniciar oficialmente el proceso electoral, los Estados Unidos de América decidan inclinar la balanza a favor de un candidato no oficialista. Lo pueden hacer mediante diferentes medios: filtrar información comprometedora relacionada con el candidato oficial, con AMLO o con Morena. Sería determinante el que se filtrara información de posibles nexos de ellos con la delincuencia organizada.

Para inclinar la balanza a favor de uno de los candidatos, es de esperarse un ataque estratégico, grave o generalizado de parte de la delincuencia organizada.

Dado el derroche de recursos ilegales del que echó mano Morena para llevar al poder a AMLO, es de suponerse que el INE y el Tribunal Electoral, ahora sí pondrán lupa en ese rubro. Por ello es importante que AMLO y Morena no puedan alterar el marco jurídico que regula la integración y funcionamiento de esas instituciones.

Ante el fracaso de la reforma electoral, habrá que impedir que AMLO y Morena, a base de nombramientos afines a su causa, controle el INE y al Tribunal Electoral.

En el procedimiento de designación de los miembros salientes del INE hay una primera alternativa: corre a cargo de la Cámara de Diputados. Habrá que controlarla.

Se habla de reuniones prolongadas de algunas de las ministras de la Suprema Corte con el presidente de la República. Los comentaristas apuntan como objetivo de esas reuniones lo relativo a la substitución del actual presidente de ese Alto Tribunal. Es creíble. El otro motivo pudiera ser anticiparse al supuesto regulado en el inciso e) de la fracción V del artículo 41 constitucional. Éste prevé una solución para el caso de que en la Cámara de Diputados no haya habido un consenso respecto de los nuevos consejeros del INE. El inciso da intervención a la Corte en la designación. En esta alternativa la mano negra de Morena pudiera estar en el comité de evaluación. Si bien es el Pleno de la Corte el facultado para hacer la designación a través del proceso de insaculación, lo hace con base en la lista conformada por el comité de evaluación.

AMLO ha mostrado interés en la sucesión que se opere en la presidencia de la Corte. Sabe que, a como dé lugar, esa posición debe quedar bajo su control. También tiene conciencia de que en este momento le conviene que Arturo Zaldivar deje de ser ministro, para estar en posibilidad de nombrar una sustituta que le sea adicta y fiel. Hecho lo anterior, por conducto de sus alfiles en la Corte, a largo plazo, incidir en las decisiones del Alto Tribunal y, a corto plazo, intervenir en la integración de este comité y, a través de él, hacer que aparezcan como candidatos personas afines a su movimiento.

El actual presidente de la Corte sabe de los impedimentos que para ocupar otro cargo público tiene y que derivan, principalmente, de los artículos 55, fracción V y 101 constitucionales. Él no puede hacerse el occiso, como lo hizo una exministra y que actualmente es senadora.