La falta de información y la imprudencia opositora de introducir el debate del militarismo en la vida política nacional tiene que ver con el desconocimiento del proceso de participación de los militares en la vida institucional de la república y después su repliegue estratégico como garantes de la estabilidad del régimen.
El debate entró en una zona de tensión por la declaración del secretario de Gobernación y precandidato presidencial, Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que un militar podría ser candidato a la vida presidencia de la República en 2024.
Este tipo de afirmaciones imprudentes carecen de solidez histórica: el presidente de la República en funciones es el único que tiene en su haber una quinta estrella que identifica a los generales, tres ostentan los generales de división, el general secretario viste una cuarta y el presidente de la República es, en términos de burocracia política, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas con una identificación de cinco estrellas.
La historia política del país que parece estar olvidada no ha cumplido siquiera 100 años. En julio de 1928 asesinaron al general Alvaro Obregón como presidente electo de la República, justo en un escenario donde la fuerza política dominante la constituían los militares en posiciones de poder y toda vez que la clase política civil carecía de liderazgos y de fuerza institucional.
La primera reacción de los militares en aquel tiempo debe ser analizada como parte de la primera institucionalización de las Fuerzas Armadas en su participación en el régimen de gobierno: el presidente general Plutarco Elías Calles realizó el 5 de septiembre de 1928 una reunión con todos los generales de los tres grados: brigadier, de brigada y de división. El contenido de esta reunión se encuentra en un documento público que los descendientes del general Elías Calles publicaron como síntesis de su pensamiento político y social (editorial Fondo de Cultura económica), bajo el capítulo de “La Junta de los generales”.
Ante la tensión que despertó en el sector castrense el asesinato de Obregón y la lucha que inmediatamente se abrió para ocupar la presidencia interina y luego la constitucional, el presidente Elías Calles condujo a las Fuerzas Armadas a un compromiso de institucionalizar la vida nacional: sacar a los militares de la lucha por el poder en las candidaturas y otorgarle a él como presidente de la República la facultad de constituirse en el “factor único y decisivo” para la nominación de dos candidatos: el de presidente interino que tenía la obligación de convocar a un nuevo proceso electoral y la del presidente constitucional para el nuevo periodo.
La tesis central del presidente Elías Calles fue muy sencilla: si los militares entraban en una zona de conflicto por el poder y por las candidaturas, el país se dividiría y entraría en una nueva fase de guerra civil que había sido neutralizada por el acuerdo de los altos jefes militares revolucionarios en la figura de Obregón. El compromiso del presidente Elías Calles fue muy concreto: no habría ninguna candidatura militar para el interinato ni la elección constitucional, adelantando un segundo paso de institucionalización a personalidades civiles.
Entre los generales que asistieron a esa Junta y se comprometieron a no levantarse en armas ni aspirar a la candidatura presidencial para cumplimentar el compromiso del general Elías Calles estaban cuando menos cuatro de ellos que más tarde participaron en rebeliones y candidaturas ante el incumplimiento del compromiso del presidente Elías Calles. Ya con el apoyo de la cúpula militar, el presidente de la República designó al abogado Emilio portes Gil como presidente interino encargado de la convocatoria inmediata de elecciones, pero designó como candidato presidencial para las nuevas elecciones de 1929 a un militar dedicado a labores diplomáticas y que en realidad nunca había participado en batallas ni había tenido mando real de tropas: el general Pascual Ortiz Rubio, apodado, por cierto como el Nopalito, debido a que estaba muy verde en política y la acreditaban el apelativo de insulto en el lenguaje político mexicano de baboso. Este incumplimiento de compromisos llevó a la rebelión escobarista, al alzamiento de Saturnino Cedillo, al apoyo del general Cruz a Escobar y la candidatura presidencial fuera de la estructura del régimen del general Juan Andreu Almazán.
El primer proceso de institucionalización militar fue la disciplina al liderazgo del presidente Elías Calles y dos nombramientos sucesorios a favor de militares de su grupo político: el general Abelardo Rodríguez para sustituir al renunciado Ortiz Rubio y el general Lázaro Cárdenas del Río como candidato a las elecciones constitucionales de 1934. En este contexto, la gran aportación del presidente Elías Calles fue evitar una nueva guerra civil derivada del enfrentamiento entre mandos militares de tropas, toda vez que el asesinato del general Obregón sí estuvo a punto de llevar a los mandos militares a luchas sangrientas entre ellos.
El general Cárdenas dio un paso importante a la militarización con la organización corporativa de los militares en el sector político castrense del nuevo partido de la Revolución Mexicana en marzo de 1938, pero con una duración mínima: en diciembre de 1940, apenas con unos días en el poder, el presidente Ávila Camacho referendo el modelo militar no político del presidente Elías Calles y prohibió que los soldados y sus oficiales militarán en algún partido, dando un segundo gran paso a la institucionalización: los militares se convirtieron en la garantía del cumplimiento de la democracia.
La gran aportación teórica del presidente Elías Calles sigue vigente: si los militares entraran a una disputa por candidaturas, México podría regresar a los graves días de la guerra civil como producto de la lucha por el poder con un grupo armado, aunque con reconocimiento constitucional a que cualquier militar puede aspirar a posición política siempre y cuando solicité licencia y se separe del activo militar para cumplir con las reglas políticas del sistema.
La relectura del documento “La Junta de los generales” da muchas respuestas a las inquietudes actuales sobre la militarización del área de seguridad interior de la vida nacional.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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