El atentado criminal contra el periodista Ciro Gómez Leyva vino acumular evidencias de que el crimen organizado está escalando su violencia contra la sociedad, mientras la política de seguridad del Estado insiste en la construcción de la paz por la vía del aflojamiento en la aplicación de las reglas de seguridad.
Sacerdotes, familias que luchan contra delincuentes en territorios regionales, defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y expolíticos, militares y periodistas han sido víctimas de la violencia criminal, sin que la autoridad haya intensificado o endurecido sus políticas de aplicación de la ley.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva ocurrió en la capital de la República en momentos en que están proliferando informaciones que revelan la expansión de actividades delictivas en el Valle de México, aunado a evidencias de que las bandas criminales están cobrando derechos de piso, venta de protección y expansión del tráfico de drogas al menudeo en las diferentes alcaldías.
La estrategia de seguridad, de acuerdo con los programas emergentes publicados hace unos días, traslada la recuperación de la estabilidad social hasta el año 2040. Sin embargo, la sociedad está exigiendo respuestas inmediatas porque la expansión criminal estaría posponiendo muchos años más la recuperación del equilibrio en la seguridad pública.
Algunas decisiones aisladas estarían enviando un mensaje novedoso sobre la estrategia de seguridad: las autoridades municipales de la alcaldía de Iztapalapa se habían negado de manera consistente a ir más allá de la vigilancia policiaca de la demarcación, pero abandonando partes territoriales a manos de bandas criminales qué habrían creado zonas francas donde la autoridad no podía ingresar. La alcaldesa de Iztapalapa autorizó ya la presencia de la Guardia Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas regulares en la recuperación del control territorial de esa importante zona de refugio delictivo.
A cuatro años de aprobación y funcionamiento de la estrategia de seguridad basada en la construcción de la paz o una especie de entendimiento no activo de las autoridades con los delincuentes, el saldo es negativo para el Estado y debe obligar a un replanteamiento que recupere el dominio del principio de autoridad en zonas que hoy han sido capturadas por los delincuentes.
La capital de la República es una de las zonas de mayor sensibilidad social y política y por lo tanto debiera obligar a las autoridades a poner atención en los indicios de mayor actividad delictiva en los últimos cuatro años, pasando de zona de confort de los delincuentes y sus familias a espacio territorial de alto consumo de todo tipo de drogas.
La estrategia de seguridad de construcción de la paz no ha pasado la prueba de los resultados y por lo tanto se requiere de un nuevo replanteamiento activo para impedir que las bandas criminales sigan incrementando sus actividades en detrimento de la tranquilidad de los habitantes.
NOTA: ESTA COLUMNA SE TOMARÁ UNOS DÍAS DE DESCANSO, CON LOS MEJORES DESEOS PARA SUS LECTORES PARA EL AÑO DE 2023.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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