Perú enfrenta una crisis política luego de que Pedro Castillo diera a conocer el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción, lo que provocó que tanto los legisladores como las fuerzas armadas rechazaran la medida y contraatacaron al Estado de emergencia declarado por el mandatario hasta llegar a su destitución y detención por parte de la Policía Nacional.
El enfrentamiento entre el titular del ejecutivo peruano y el Congreso, viene desde hace meses e incluye la investigación por parte de la Fiscalía de actos de corrupción por parte de Castillo, a quien se le acusa de realizar obras públicas para favorecer a cercanos al mandatario.
Pero esta investigación era la parte final de un enfrentamiento entre los otros poderes del Estado peruano y un presidente que era elegido en 2021 sin experiencia política previa, pero que asumió un discurso populista y reorganizó su gabinete en 5 ocasiones con 60 cambios de funcionarios, lo que provocó un cuestionable actuar de su administración.
De origen rural a acusado de rebelión
Presentado como un gobernante de origen popular, con raíces rurales, Pedro Castillo se veía en actos públicos con el típico sombrero peruano blanco de palma que es utilizado por los campesinos de la región de Cajamarca, incluso lo uso en su toma de posesión, pero en febrero de este año, siguiendo el consejo de un asesor de imagen, lo dejó de utilizar en medio de la inestabilidad política por la cuarta modificación a su gabinete en el año que llevaba en el cargo.
Su relación con los legisladores también refleja esta inestabilidad, pues al dar a conocer la disolución del Congreso, anunció que gobernaría mediante decretos ley, además de establecer un toque de queda y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar y en medio de expresiones que aseguraban que se estaba dado un golpe de Estado, recurrió a una votación para destituirlo, en momentos en que Castillo buscaba llegar a la embajada de México en Lima buscando asilo; el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador confirmaría más tarde la solicitud de quien fuera su homologo peruano.
Así, en medio de una votación legislativa perdida, Pedro Castillo buscó llegar a la embajada mexicana, pero el tráfico en la capital del país le impidió hacerlo y fue su escolta, según medios periodísticos, la que lo acabó entregando a la Policía Nacional, la que a través de su cuenta de Twitter dana a conocer que como institución “rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma”.
Incluso se dio a conocer un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el que se aseguró que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú”.
Asimismo, el Ministerio Público peruano daba a conocer, también a través de su cuenta de Twitter que “la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, toma la declaración a Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en la sede de la Diroes, en el marco de la investigación que se sigue al exmandatario por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración”.
El presidente del Congreso, José Williams, de acuerdo a la cuenta de Twitter de la institución, aseguraría que “el Congreso de la República ha restituido el orden democrático y constitucional, declarando la vacancia de la presidencia de Pedro Castillo, y ha tomado juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte”.
Los 101 votos que se pronunciaron en el Congreso por la destitución de Castillo, cerraban una serie de acciones en las que tanto legisladores como otras instituciones del Estado peruano removían de la presidencia al ahora llamado expresidente.
La conclusión de un largo alargamiento
La caída de Pedro Castillo refleja un enfrentamiento con los otros poderes estatales, pues el día en que buscaba disolver al Congreso y gobernar mediante decretos, enfrentaba su tercera moción de censura, en medio de un debate desde el ejecutivo federal en el que acusaba a los legisladores de destruir el Estado de derecho y la democracia y buscar establecer una dictadura “congresal”.
La inestabilidad política, propiciada en parte por tantos cambios en el gabinete, y la pugna con otros poderes, marcaron el destino del ahora destituido mandatario, quien, a pesar de recibir respaldo de otros gobiernos de la región, como el de México, también enfrenta crítica por la manera en que manejó este tema.
En este sentido, resaltan las palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien estableció que Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia”.
Pedro Castillo acabó su experiencia política reciente en la misma cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori, el penal de Barbadillo. Algunos de sus simpatizantes y de quienes militan en la izquierda buscan acusar a la ultraderecha de lo sucedido, pero sin reconocer que el ahora expresidente peruano cometió varios errores que lo llevaron a la situación que enfrenta actualmente.