El INE no se toca, por lo pronto en lo que se refiere a las normas constitucionales, el pasado martes 6 en la Cámara de Diputados la propuesta legislativa del presidente sobre las reformas en materia electoral a diversos artículos constitucionales no logró alcanzar la mayoría calificada de 3/4 partes de los diputados presentes para ser aprobada, con una votación de 269 votos a favor y 225 votos en contra con una abstención.
Ese mismo día a media mañana el inquilino del Palacio envió a su secretario de Gobernación con su plan “B” otra iniciativa pero ahora de las leyes secundarias en materia electoral, siempre con el propósito de acotar al INE y al TRFE, y de blindar y asegurar la futura candidatura de alguna de sus “corcholatas” que han iniciado pre campañas desde hace ya más de seis meses y utilizando los recursos públicos, violentando la legislación electoral, y de las diversas transgresiones cometidas hasta ahora en caso de ser impugnadas por los partidos de oposición, resultarían diversas sanciones que van desde multas hasta la cancelación de las candidaturas.
El proyecto se contiene en un poco más de 300 cuartillas que propone modificar o derogar 255 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 48 artículos de Ley General de Partidos Políticos; expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que tiene 70 artículos, además de modificar 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 29 artículos transitorios; esencialmente aborda reformas en los temas de: Ejercicio de Derechos Político-Electorales; Sistema Nacional Electoral y Justicia Electoral.
En esta reforma electoral:
- Se fortalece el Sistema Nacional Electoral integrado por las facultades concurrentes del Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad rectora y los Organismos Públicos Locales (OPL) en las entidades federativas.
- Se compacta la estructura orgánica del INE y de los OPL en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
- Los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral.
- Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- Se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos.
- Se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.
- Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras
Electorales, las personas Magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del Presidente de la República.
- Se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral.
- Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPL por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura, personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral.
- Se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación con una nueva Ley de 70 artículos.
- Se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los OPL, y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.
- Se consolida y garantiza el juicio en línea, así como la publicación de autos del TEPJF en estrados en línea.
- Se establece la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación.
Se eliminan dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resolutora de la Sala Superior del TEPJF.
- Se destaca que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral son aplicables bajo el principio de estricto derecho.
- Se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley.
Morena presentó como suya la iniciativa del Ejecutivo -para poder dispensar de todo trámite y procesarla en fast track– y los 2 partidos aliados el PVEM y el PT incluyeron sus propuestas para poder transferirse votos en una coalición, y así blindar su registro, crear “guardaditos” para financiar elecciones posteriores y condicionar el cumplimiento de la paridad de género en candidaturas.
La votación de esta nueva iniciativa del Plan “B” ocurrió sin cerrar la sesión del martes, en la madrugada del miércoles, y fue aprobada por mayoría con 261 votos a favor, 216 en contra y cero abstenciones. Los diputados sin tan siquiera haber tenido el tiempo de leer la iniciativa, aprobaron reformas a Ley General de instituciones y Procedimeintos electorales; Ley de Partidos Políticos; Ley Orgánica del Poder Judicial; se expidió la Ley General de Medios de impugnación en Materia Electoral. Por separado como otra iniciativa aprobaron también, con 267 votos a favor y 215 en contra, las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Por su parte Santiago Creel Presidente de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del Pan, en una entrevista señaló. “Si queremos hacer política democrática, las formas deben de respetarse siempre, independientemente de lo que desee el presidente, sus tiempos atropellan las voluntades en la Cámara de Diputados y son formas antidemocráticas; si una disposición de las presentadas por el secretario de Gobernación en representación del presidente si una sola norma es inconstitucional lo vamos a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia”.
Los diputados de la oposición abandonaron el salón de debates para no escuchar el posicionamiento de Morena, sólo volvieron para votar en contra y anunciar que acudirán a la Corte para impugnar dichas reformas, por lo que el paquete de reformas se turnó al Senado para su discusión. Ahora la pelota está en la cancha del Senado y en las manos de Monreal.