Los últimos datos oficiales señalan un aumento en los efectivos de la Guardia Nacional para este año de 2023 y llegarán a 141,000, además de qué existen 240,000 efectivos militares de las tres armas en actividades de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la información oficial también reveló la existencia de mil homicidios dolosos en los primeros días del 2023, con masacres masivas en Guanajuato, Zacatecas y Guerrero, y la expectativa de que la violencia sexenal sea mayor a las de las anteriores administraciones.
A cuatro años de su puesta en marcha, la estrategia de seguridad basada en la construcción de la paz tampoco ha podido disminuir las confrontaciones criminales contra partidas oficiales de seguridad que son atacadas con armas de fuego y con saldos sangrientos crecientes. Se suponía que el repliegue ofensivo de las fuerzas oficiales de seguridad conduciría a una disminución de la violencia criminal, pero el país está asistiendo a una lucha crecientemente violenta entre las propias bandas que están disputando el control territorial para sus actividades ilegales.
El dato que está preocupando a los analistas no puede ocultarse: la capacidad de fuego del crimen organizado ha rebasado desde hace mucho tiempo la estructura de las policías municipales y estatales y en muchos casos logra confrontaciones graves con la Guardia Nacional, cuyo armamento está controlado para evitar el uso de armas mortíferas.
En este sentido, solo las Fuerzas Armadas tienen la estructura y el armamento para combatir a las bandas criminales, pero a costa de involucrarse en confrontaciones que suelen tener resultados sangrientos. Solo como ejemplo, el uso de armamento militar pudo imponerse sobre el Cártel de Sinaloa para lograr el arresto con fines de extradición del capo Ovidio Guzmán López, pero se están multiplicando los vídeos donde muestran la capacidad de armamento del crimen organizado y sobre todo su estructura de disciplina que solo se veía en el sector oficial.
Los cuatro años de construcción de la paz que el gobierno federal ha utilizado para distribuir beneficios sociales en comunidades afectadas por la violencia criminal han servido para el fortalecimiento de la estructura criminal, por que no ha podido terminarse con el contrabando de armas y de pertrechos militares y la capacidad de los grupos delictivos para acceder a armamento de alto nivel que solo es usado por los ejércitos en situaciones de guerras convencionales.
El grupo de Ovidio se había alejado de las confrontaciones violentas y estaba orientado a la producción y contrabando de fentanilo a Estados Unidos, cocaína y heroína, pero la estructura central del Cártel de Sinaloa había entrado en línea de confrontación directa en batallas violentas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación para disputar plazas a sangre y fuego en Guanajuato, Zacatecas y Guerrero, con afectación de la población civil.
Los últimos datos indican que el CJNG llegó a las goteras de Ciudad de México por Morelos y ha tenido cuando menos hasta ahora dos gravísimas expresiones de violencia criminal: los atentados para asesinar al jefe policiaco capitalino Omar García Harfuch y el periodista Ciro Gómez Leyva, en dos actos de impactante uso de la violencia a balazos contra los autos de ambas personas.
Aunque no se reconoce de manera oficial, el hecho real es que las fuerzas oficiales de seguridad piensan dos veces en el uso de operativos en contra del crimen organizado para evitar choques violentos, sobre todo por las evidencias de la capacidad de fuego de respuesta.
Pero el problema no es de estrategia de tensión dinámica –una fuerza que empuja y Optra que resiste–, sino las evidencias de que la estrategia de construcción de la paz y la decisión de evitar confrontaciones ha beneficiado a las bandas criminales y les ha facilitado su consolidación y expansión territorial e institucional en detrimento de la autoridad regional. Los dos principales cárteles que están en línea de confrontación con la autoridad federal son los de Sinaloa y Jalisco, a pesar de que Estados Unidos ofrece recompensas por los principales líderes.
Algunos analistas comienzan a advertir el proceso natural de desarrollo de los cárteles como organizaciones que operan sobre territorios e instituciones: no solo la capacidad de fuerza para resistir y combatir, sino la búsqueda de influencia en las zonas políticas del Estado y en las instituciones, lo que podría comenzar ya a caracterizarse como una verdadera narcopolítica.
Los primeros indicios quedaron muy claros en las elecciones legislativas y estatales de 2021 con la participación directa del crimen organizado para impulsar, apuntalar y facilitar victorias del algunos de los grupos políticos en conflicto, sin que la autoridad electoral del INE se preocupara por evitarlo y desde luego sin que la autoridad federal del Estado tomará decisiones para impedirlo.
El mensaje que deja el arresto de Ovidio y el motivo de fines de extradición revela que la autoridad mexicana seguirá manteniendo, contra viento y marea, el modelo de construcción de la paz que se ha quedado en la primera fase: la desmovilización de las fuerzas de seguridad, la elusión de enfrentamientos y confrontaciones y la lógica permisividad para la actividad delictiva. Este modelo de funcionamiento de la estrategia de seguridad se encuentra en la lógica de la violencia en Guanajuato y Zacatecas y en la penetración de los cárteles del crimen organizado en la estructura social de Ciudad de México.
Lo que queda en el escenario político es esperar que la estrategia de seguridad se involucre como uno de los temas primordiales del debate sobre la elección presidencial del 2024 y de alguna manera obligue a las corcholatas oficiales de Morena a presentar con anticipación la definición de sus políticas de seguridad, sobre todo en el escenario polarizado de apoyar la continuación del modelo de construcción de la paz o buscar una nueva estrategia que tome la decisión de combatir de manera decisiva a las bandas criminales.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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