El artículo 49 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En ello va la división de poderes y garantías fundamentales del gobernado son los supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado. Por ello es inadmisible que el presidente de la República haya querido inmiscuirse en el nombramiento del nuevo presidente de la Corte.
La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución, tal circunstancia camina al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos humanos y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual.
En la historia de nuestras instituciones, el proceso de evolución del Poder Judicial representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido largo, y siempre salvando los tropiezos, la Corte ha vivido un largo proceso de transformaciones, que no tiene marcha atrás.
Hasta el año de 1994 cuando se transformó por completo el Poder Judicial Federal, los ministros tenían una idea de los derechos muy diferente a la actual, llevaban a cabo la interpretación constitucional solo con herramientas teóricas que hoy no corresponden a la realidad; el paraguas de los derechos era limitado; había derechos que no eran reconocidos.
En este proceso evolutivo, cada vez que la Corte renueva o moderniza sus criterios con una mayor visión del concepto “justicia”, imponiéndose sobre la simple interpretación literal y no necesariamente integral de algún precepto, gana el sistema de justicia, ganan los ciudadanos y gana, desde luego, México.
En esta visión, lo ideal es que en la Suprema Corte no sólo “se diga el derecho”, sino que también se imparta justicia. Entre las múltiples acciones que es necesario llevar adelante, está el refrescar, fortalecer y ofrecer una nueva composición al perfil de las señoras y señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los criterios de la Corte son el paradigma para la actuación del resto de los tribunales del país, y sus decisiones permean y orientan los nuevos retos que están enfrentando las ciencias jurídicas.
La Corte como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, es una institución plural, neutral, independiente y colegiada; que tiene hoy un papel fundamental en nuestra democracia, que actúa como elemento consustancial a ésta, precisamente porque es la encargada de defender la democracia. Muchas personas desde diferentes frentes hemos luchado para hacer posible la existencia de un tribunal constitucional fuerte e independiente.
Ser juez constitucional, es ser guardián de la Constitución y eso significa defender los derechos humanos de todas las personas; es también ser el árbitro entre los diversos y diferentes poderes que existen en un Estado de derecho; para ser ministro se requiere también del alto grado de sensibilidad y humanismo, de refinamiento teórico, ya que resuelven a través del derecho, conflictos que la mayoría de las veces tienen su origen político; y quizá la cualidad más significativa para ser ministro, es que se requiere de imparcialidad y de neutralidad institucional.
Empezando el nuevo año 2023 prevaleció la independencia y autonomía del Poder Judicial, el lunes 2 de enero, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); convirtiéndose así en la primera mujer en presidir el Poder Judicial Federal, al obtener los seis votos que necesitaba para su nombramiento en una tercera ronda de votación, mientras que el ministro más cercano fue Alfredo Gutiérrez Ortiz.
La ministra Norma Lucía Piña fue una de las cinco aspirantes a suceder al anterior presidente, Arturo Zaldívar, en su propuesta de trabajo ella señaló cinco líneas de trabajo entre las cuales mencionaba el fortalecimiento de la función jurisdiccional y la reingeniería y en la actividad administrativa de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En su discurso de toma de protesta la ministra señaló: “Ni victoriosa, ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación”, asumió el compromiso de que su actuación siempre será apegada al estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez y empatía, declaró en su primer discurso como ministra presidenta. Agradeció la decisión del Pleno de “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”. Al identificarse con todas las mujeres dijo: “Agradezco a las que siempre han creído. A las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están”. “Represento también a las mujeres… me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas; todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí”.
Es un nombramiento histórico que por primera ocasión una mujer presidirá el Poder Judicial de la Federación. La Ministra Presidenta Norma Lucía Piña reúne con creces las cualidades que todo juez constitucional requiere: sensibilidad y humanismo, de gran refinamiento teórico jurídico, con 43 años de experiencia dentro del Poder Judicial. Le auguramos mucho éxito en su gestión. ¡Enhorabuena!