En los últimos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó una sentencia que es muy importante para los derechos humanos en nuestro país.

A partir de esta sentencia, la Corte Interamericana ordena que el Estado mexicano elimine de su ordenamiento jurídico la prisión preventiva oficiosa y el arraigo por ser violatorios de la integridad personal y de la protección judicial. También le ordena a nuestro país brindar a las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica, así como reconocer su responsabilidad internacional.

México tiene un año para dar cumplimiento a esta sentencia por lo que es urgente se dé inicio a los trabajos para acatar lo dictado por la Corte Interamericana. La Corte Suprema de la Nación ha reconocido que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio por lo que tenemos que emprender esta labor inmediatamente.

El llamado que se hace desde la Corte Interamericana a México se presenta en un momento en donde el gobierno federal ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con esta figura han encarcelado a más personas, pero seguimos sin saber si son culpables. Es decir, mucha gente está en la cárcel para ocultar la ineficiencia del Estado. Muchos de ellos, además, son enemigos políticos del régimen: empresarios, opositores y voces disidentes a quienes el gobierno ha querido doblegar con el uso de la prisión sin juicio.

En el discurso populista de Morena se han utilizado a la prisión preventiva oficiosa y al arraigo como los remedios mágicos para detener a la delincuencia, sin embargo, estas medidas cautelares sólo han servido para mantener privados de la libertad a los enemigos del presidente y a cientos de miles de posibles inocentes que esperan su juicio en prisión.

López Obrador ha defendido estas medidas desde el inicio de su administración. Incluso, ha criticado los llamados que han hecho, con anterioridad, los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o a la Organización de los Estados Americanos para que se deroguen estas figuras y se privilegie la investigación de los delitos, la presunción de inocencia y se garanticen los derechos humanos.

Urge avanzar en los derechos de todas y todos.