El México de hoy demanda, sin duda transformaciones y requiere del talento e imaginación de todos nosotros para construir una patria más segura, más justa, más libre y menos desigual. Ese México, lo podremos construir en la medida en que todos unidos confrontemos ideas y argumentos y discutamos libremente, en un gran debate nacional, plural e incluyente.
La crisis de inseguridad que sufre el País, ha alcanzando niveles de ingobernabilidad en algunas zonas o regiones dentro de las entidades federativas que presentan grandes vacíos de autoridad.
La Política Pública de Seguridad del actual régimen ha sido nula, careció de un diagnóstico certero para su diseño previo y la tarea de seguridad se ha ido construyendo de manera reactiva, conforme la inseguridad se fue agravando y el Estado fue enfrentándose a fenómenos inéditos en el País.
Más que pretender en este reducido espacio hacer un diagnóstico –la crisis está ya sobre diagnosticada-; se requiere evaluar la carencia de acciones en materia de seguridad pública del actual gobierno como:
El trasiego de estupefacientes (cocaína, mariguana, drogas sintéticas como fentanillo y heroína) no se contuvo; el índice de consumo (adicciones) creció en lugar de disminuir. La violencia criminal nacional creció como nunca antes en la historia del País. Alrededor de 145 mil muertos, más de 100 mil desaparecidos. Las violaciones a Derechos Humanos por parte de miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional crecieron considerablemente en este sexenio. Los índices delictivos crecieron exponencialmente en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro extorsión. No existe un enfoque integral para enlazar las Políticas de Seguridad con las de Educación, Salud y Empleo.
Actualmente el tema central a discusión sobre el Estado contemporáneo no es su dimensión territorial. El tema a debatir es el rol histórico del Estado, cuyo propósito fundamental es lograr entre otras cosas la seguridad de su población y la seguridad jurídica, en función de las condiciones planteadas por las crisis económicas y el proceso de democratización.
La palabra “narcogobierno” o “narcoestado” es una nueva palabra o neologismo utilizado en diversos idiomas, con el que se califica a aquellos Estados cuya economía e instituciones políticas se encuentran infiltradas o comprometidas de manera importante por la violencia y el poder económico de los grupos delictivos del narcotráfico. En algunas ocasiones sus dirigentes o “capos” llegan a ser funcionarios de los gobiernos y pertenecen a las bandas del narcotráfico y delincuencia organizada.
En nuestro país, en los más recientes procesos electorales de 2021 y 2022, pudimos observar como existió una grave intromisión de los cárteles de la droga en los procesos electorales, llegando inclusive a asesinar a los candidatos contrarios a los candidatos apoyados y financiados por el narcotráfico, con lo cual podríamos considerar que en una buena parte de los estados y municipios coincidentemente ahora gobernados por militantes del partido Morena, los cárteles de la droga ejercen su influencia o gobiernan dichos territorios. Podríamos calificar según los investigadores del tema, (Paul Rexton Kan y otros), a una gran parte de los estados de la República como Narco Estados.
En julio de 2022 el periodista Ricardo Alemán publicó un artículo en el que enlista “20 pruebas del narco gobierno”; en respuesta al presidente quien en una de las mañaneras, exigió pruebas a los congresistas norteamericanos y a diversos políticos mexicanos como Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, que le señalaban de haber entregado gran parte del territorio mexicano a los carteles del crimen organizado, y lo calificaban de “narco presidente”. Al volver a leer esas 20 pruebas enumerados por el periodista, nos percatamos que una a una se desahoga como prueba plena, y con el tiempo hay cada vez más evidencia de ello.
Los sucesos de la semana pasada en el municipio fronterizo de Matamoros Tamaulipas, en donde cuatro turistas norteamericanos fueron “levantados”, cazados como si fueran presas de caza, al internarse en nuestro territorio, supuestamente por integrantes del cártel de los zetas, acción de la que resultaron 2 personas asesinadas, uno herido y la única mujer del grupo sin lesiones físicas, pero con trauma psicológico, es un suceso más de suma gravedad que enturbia la relación México-Estados Unidos, al grado de que el Embajador de Estados Unidos en nuestro País, según señalan las informaciones, tuvo una reunión por más de dos horas en el Palacio Nacional con el presidente, en la que le expresó las exigencias de nuestro país vecino sobre el cumplimiento de las obligaciones de México en el combate a los grupos delincuenciales.
Es inadmisible que en nuestro territorio los ciudadanos nacionales o extranjeros se encuentren en constante peligro de perder la vida, debido al nulo control del gobierno de México y a su falta de política de seguridad, en donde los cuerpos policiales y los miembros del Ejército y la Marina tiene la orden de no disparar a los integrantes de las bandas delictivas, “abrazos no balazos”, como si se tratara de protegerlos, no así a la población civil como se constató la semana pasada en Nuevo Laredo también en Tamaulipas, en donde 5 jóvenes fueron acribillados por enfrentarse a los militares.
La Lucha por el rescate de nuestra Democracia y el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y de todos los derechos humanos, empezando por el de seguridad y protección de la vida, es una tarea ardua y constante no debemos bajar la guardia ni ser apáticos, esta lucha no se concluye con una manifestación, debe ser un ejercicio constante de exigencia y denuncia, solo así lograremos los cambios a las injusticias y normas inconstitucionales impuestas por este gobierno que raya en gobierno totalitario.