El domingo  pasado se realizaron diversas marchas en varios estados del país,  integradas por militares en retiro, familiares de militares y personas que apoyan a  los militares en protesta por la detención de soldados en Nuevo Laredo. En la Ciudad de México alrededor de 500 personas marcharon por Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, gritando consignas y exigiendo que paren los abusos en contra de los militares.

Los soldados detenidos son  imputados de haber causado la muerte de cinco jóvenes que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo Tamaulipas. Los militares fueron vinculados a proceso por desobediencia y delito del fuero militar, y se encuentran sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos.

En una de las mañaneras de la semana anterior el presidente descalificó la marcha que había sido anunciada diciendo: “Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército. Que nadie se deje engañar, eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia”.

Reitero que  la utilización de las fuerzas armadas como policías es una muy mala decisión política. La primera razón, porque constituye una violación flagrante del marco jurídico constitucional, y adicionalmente por razones prácticas: se le pierde el respeto al uniforme y además el Ejército pudiera ser permeado por la corrupción ante la enorme cantidad de recursos financieros que maneja la delincuencia organizada.

Se comprende que en un inicio cuando en 1998 y años sucesivos, se les asignaron tareas de seguridad pública, porque la corrupción había penetrado a todas las corporaciones policiacas de todos los ámbitos, municipal, estatal y federal y que las fuerzas armadas eran la última línea de contención. En esas circunstancias y ante una retorcida interpretación jurisprudencial, que podría actuar el ejército, solo por petición de una autoridad civil, como coadyuvante y únicamente de manera temporal, podía la sociedad aceptar la injerencia del ejército y la marina.

La política pública preveía que en paralelo se depurarían las corporaciones civiles responsables de la seguridad pública, como lo prevé el texto Constitucional, se les capacitaría, se mejorarían los salarios, se elevaría el nivel de estudios de sus integrantes, en pocas palabras de profesionalizarían las fuerzas policiacas de los tres ámbitos de gobierno. A esos afanes se destinaron recursos oceánicos y los resultados dos sexenios después siguen sin percibirse.

En el lapso de tiempo trascurrido, 25 años, al hacer  una evaluación somera nos percatamos, que efectivamente un segmento de sociedad les perdió el respeto a los integrantes del ejército que realizan labores de disuasión y persecución de las bandas criminales, los hechos acaecidos en Nuevo Laredo, son solo un botón de muestra. Las marchas realizadas en favor de los militares son un foco de alerta que se prende y que nos indican que dentro de las fuerzas armadas solo los altos mandos que gozan de privilegios están conformes con el tratamiento que reciben, pero existe una gran inconformidad y sentimiento de injusticia hacia los mandos medios y tropas.

Por otro lado, y dando la razón a quienes señalan a las fuerzas armadas como violadores contumaces de Derechos Humanos, cuando algunos de sus miembros o unidades se han visto involucrados en hechos condenables e inaceptables. Lo anterior, se debe sostener que no es una conducta institucional. Adicionalmente, se conocen también actos de corrupción que han sido procesados por las instancias de procuración y administración de Justicia Militar.

En este gobierno, hasta ahora la estrategia y las políticas públicas en materia de seguridad, no se modificaron sustancialmente, las modificaciones legales y la creación de la Guardia Nacional, integrada por militares, parecen más bien cambios cosméticos y de vestuario.

Lo que a todos los mexicanos nos parece inadmisible es que los miembros del Ejército y la Marina, puedan ser vejados, humillados, desarmados con total impunidad, sin poder hacer uso legítimo de la fuerza del Estado, sin llegar a los excesos. Lo anterior, no quiere decir que propugnemos por conductas violatorias de Derechos Humanos, solo mediante el uso de los Protocolos de la ONU sobre “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley” se logrará  el uso proporcional de la fuerza en defensa de la vida y la integridad de las personas y también de policías, soldados y marinos.