México entró en una nueva zona de crisis de relaciones bilaterales con Estados Unidos, aunque habrá que precisar que se trató esta vez de un conflicto originado en Washington: la iniciativa del representante demócrata ultraderechista Dan Crenshaw para caracterizar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como terroristas y en consecuencia movilizar tropas estadounidenses dentro del territorio mexicano.
La justificación señaló que el consumo de drogas En Estados Unidos y las muertes de americanos por sobredosis es culpa del narcotráfico mexicano, aunque diferentes tipos de droga ingresan a Estados Unidos en cantidades masivas, se distribuyen en la totalidad de los 50 estados americanos, se venden sin muchas restricciones en las calles y el producto del tráfico se lava en el sistema financiero estadounidense.
En consecuencia, la verdadera responsabilidad del narcotráfico en EU se encuentra dentro de EU. En julio de 2011 el presidente Barack Obama emitió una estrategia de combate contra el crimen organizado del tráfico de drogas, pero por primera vez caracterizó la corresponsabilidad de México y Estados Unidos: la transnacionalización de los cárteles en ambos lados de la línea fronteriza; y si bien se requería de tomar decisiones conjuntas entre los dos países, Washington prefirió el enfoque de extraterritorialidad y anunció que la justicia americana iría a combatir a los cárteles en los países sede.
Sin embargo, la realidad era otra: desde 2005 la agencia antinarcóticos de la Casa Blanca (la DEA que pertenece al Departamento de Justicia) detectó que nueve cárteles mexicanos se instalaron desde entonces en territorio estadounidense y controlaban el contrabando de droga, su distribución en todo el territorio americano, la venta al menudeo en las calles y el lavado de dinero, y que muchas veces esos cárteles tenían autonomía relativa de sus centrales en México o Colombia. Pero a pesar de ese descubrimiento, el gobierno estadounidense nada hizo para combatir en su propio territorio los cárteles mexicanos.
En esta columna hemos insistido en la lógica económica de la droga a partir de una ley económica inflexible: la demanda determina la oferta; es decir, que los consumidores y adictos estadounidenses que demandan la droga para uso personal son los que mantienen la dinámica de los grupos delictivos y que las bandas criminales solamente están respondiendo a la oportunidad del mercado. Mientras existan consumidores y demandantes, el producto saldrá de algún lado, alguien tendrá que moverlo y muchos grupos saldrían beneficiados.
La gran pregunta que no quiere responderse en Washington es muy sencilla de plantearse: por qué las autoridades estadounidenses han permitido el alto grado de consumo de drogas a partir del criterio de que se trata de un derecho personal; por lo tanto, hoy son los cárteles mexicanos los que satisfacen esa demanda, pero mañana puede ser cualquier otro grupo directivo nuevo o que se cree al calor de la exigencia de drogas para el consumo.
El 3 de marzo pasado ocurrió un incidente en la frontera México-Estados Unidos en la zona de Matamoros, pegada al Golfo de México: cuatro americanos fueron capturados por una banda criminal y llevados algún lugar secreto; la noticia se convirtió en escándalo de Estado y Washington exigió que México resolviera el problema; con la ayuda del FBI, las autoridades mexicanas localizaron a los secuestrados, dos de ellos ya fallecidos, uno herido y una solo asustada. Aunque se dijo que eran turistas o solicitantes de servicios de salud que no tienen en su país, el caso fue que los cuatro tenían antecedentes de consumo y tráfico de drogas.
Este incidente solo mostró la falta de un mecanismo de colaboración bilateral en materia de narcotráfico. En 2009, México y Estados Unidos firmaron un tratado de combate contra la droga conocido como iniciativa Mérida, a través del cual los americanos proporcionaron fondos, capacitación, investigación, algo de inteligencia y pertrechos usados para combatir a los narcos. El saldo de esa colaboración fue negativo: el secretario de Seguridad Pública de México 2006-2012, Genaro García Luna, acaba de ser hallado culpable en un tribunal estadounidense de haber estado al servicio del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El presidente López Obrador hace dos años dio por terminada la Iniciativa Mérida y se ha negado a firmar otro convenio.
Los cárteles mexicanos como agrupamientos delictivos vinculados a la droga nacieron al comenzar los años ochenta alrededor del control del mercado de la marihuana y hoy manejan ya la droga sintética del fentanilo. A lo largo de casi 40 años, las autoridades y programas de lucha contra el narco de los gobiernos de México y Estados Unidos han fracasado, pero teniendo como trasfondo la capacidad de corrupción de las bandas criminales en los dos lados de la frontera, porque la disponibilidad creciente de drogas dentro de Estados Unidos para los consumidores americanos solo ha sido posible con la complicidad, corresponsabilidad y participación de autoridades estadounidenses en todos sus niveles.
La existencia de la droga y de los cárteles encargados del tráfico seguirá existiendo mientras los consumidores sigan creciendo dentro de Estados Unidos, un mercado de varias decenas de millones de personas que todos los días demandan droga. Por lo tanto, la solución tendría que venir de algún programa muy estricto del Gobierno americano para combatir, criminalizar y perseguir a los consumidores y con ello romper la parte más importante de la cadena criminal vinculada al narcotráfico.
Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos solo culpa a los cárteles y a los gobiernos de sus países sede del narcotráfico y los países afectados todavía no se atreven a exigirle a Washington una voluntad real para combatir el consumo de drogas.
Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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