El caso del secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su sentencia de culpabilidad el martes de 21 en un tribunal de Brooklyn debiera servir como punto de partida para una reflexión histórica del problema del narcotráfico en México y la dependencia de las estructuras delictivas mexicanas de la demanda de droga de adictos y consumidores estadounidenses que bien podría alcanzar la espeluznante cifra de 100 millones.
García Luna pudiera ser considerado como la punta del iceberg de un problema histórico que está determinado precisamente por la demanda de drogas de adictos y consumidores americanos. El presidente Lázaro Cárdenas quiso legalizar la producción de drogas, pero el gobierno estadounidense se opuso. A comienzos de los años setenta, Estados Unidos impulsó la creación del triángulo dorado en la zona de Sinaloa para producir marihuana que se destinaba al consumo por parte de soldados estacionados en la guerra de Vietnam. El gobierno estadounidense proceso la conversión de Afganistán en un campo de producción de amapola de cocaína para consumo americano.
En el contexto del caso García Luna en una corte de Nueva York y la acusación de que facilitó el tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, México no ha sido capaz de denunciar que la droga mexicana se produce y contrabandea para atender, en términos oficiales, al 9% de la población estadounidense que está reconocida como adicta por el sistema de salud y que podría existir un volumen adicional de 70 millones de estadounidenses que son consumidores regulares, lúdicos o eventuales de algún tipo de droga, sin caer en el sistema de salud pública, aunque con muchos datos sobre la existencia de grupos de apoyo para drogadictos o de hospitales privados que atienden a la élite consumidora.
El punto más importante para México en Brooklyn fue la caracterización del Estado mexicano como narcoestado, en tanto que un miembro del gabinete presidencial del sexenio 2006-2012 habría sido corrompido por dinero del Cártel de Sinaloa para beneficiar su expansión. La conclusión de culpabilidad por un jurado popular contribuyó a la percepción de que el narcotráfico se había convertido ya en aparato del Estado, aunque pudieran existir indicios de que el funcionario García Luna hubiera podido trabajar para un cártel, pero sin involucrar a las estructuras del Estado.
En términos estrictos, México no es un narcoestado, pero la discusión resulta irrelevante en tanto que una rama del Poder Judicial estadounidense utilizó el marco referencial del narcoestado para juzgar a García Luna. Las acusaciones contra el funcionario se centraron en que habría recibido dinero del Cártel de Sinaloa para beneficiar las actividades de droga de este grupo delictivo, pero como parte de sus actividades de seguridad.
En este sentido, la acusación contra García Luna debe haber sido de corrupción, porque hay evidencias concretas de que en el sexenio de Calderón hubo arrestos importantes de capos de todos los cárteles, inclusive del de Sinaloa, y el sistema de toma de decisiones en materia de seguridad habría sido colegiado con otras instancias gubernamentales que no aparecieron señaladas como cómplices del secretario de Seguridad Pública.
El caso de García Luna debería ser aprovechado por el gobierno mexicano para un replanteamiento integral de la política de seguridad, saliéndose de los márgenes coyunturales de la lógica local y entendiendo que el juicio en Brooklyn fue un acto de extraterritorialidad de Estados Unidos que violó la soberanía del Estado mexicano, sobre todo porque estuvo precedido de otros intentos de arrestos dentro de territorio americano de exfuncionarios presuntamente vinculados al tráfico de drogas.
Desde el primer gran acuerdo México-EU en materia de narcotráfico firmado en 1989 por el presidente Salinas de Gortari, el saldo real indica enormes cantidades de dinero para combatir el tráfico, pero con resultados que revelan estructuras sofisticadas de los cárteles no solo para producir y traficar droga, sino para tomar el control territorial de partes de la soberanía del Estado y para capturar instituciones y funcionarios y ponerlos al servicio de los intereses delictivos.
El juicio contra García Luna se convirtió en un desafío al gobierno del presidente López Obrador para llevarlo al replanteamiento integral de la estrategia de seguridad y redefinirla en función de la denuncia de que el consumo de droga por adictos estadounidenses es el eje del problema. Si hubiera decisión, el gobierno mexicano tendría la capacidad para tomar dos decisiones estratégicas fundamentales: sellar la frontera México EU para que ni un gramo de droga pase a Estados Unidos y entonces los adictos comiencen a estallar la violencia y endurecer la política de arresto de consumidores estadounidenses que cruzan la frontera a México para venir a adquirir drogas.
El juicio contra García Luna puso al Estado mexicano y a sus funcionarios en el banquillo de los acusados, sin que en ningún momento alguien hiciera referencia a dos hechos fundamentales: los adictos estadounidenses exigen droga para consumo y las autoridades estadounidenses, sobre todo la DEA, han permitido que nueve cárteles mexicanos se instalen con células operativas dentro del territorio americano para controlar el contrabando, la distribución, la venta al menudeo y el lavado de narco dinero en el sistema financiero de Estados Unidos.
En este sentido, puede decirse que Estados Unidos también es un narcoestado porque políticas públicas permiten el funcionamiento de cárteles que atienden las necesidades de droga de los millones de consumidores americanos.
El autor es director es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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