Desde los años 70 del siglo pasado, hasta el 2018, en nuestra muy mexicana transición democrática que acabó siendo una mera alternancia, los mexicanos comprometidos tuvieron durante casi 50 años, el acierto de acotar, de restringir, de limitar el poder casi sin límites del presidencialismo absolutista y de arrebatarle las facultades meta constitucionales de reglas no escritas al viejo régimen.
En ese periodo al mismo tiempo se construyeron Instituciones democráticas adicionales, para actuar reforzando el sistema constitucional de pesos y contrapesos a fin de lograr una democracia fluida sin que el ejecutivo avasallara a los poderes legislativos y al judicial, así como transparentar y otorgarle credibilidad a los procesos electorales.
A partir del 2019 con este régimen de la “4T”, esas instituciones que fueron creadas gracias al diálogo, acuerdos y consensos entre las diferentes fuerzas políticas del país, han sido copadas, calladas, acotadas hasta casi desaparecer como ha venido sucediendo con la CNDH, el INE, el IFAI, entre otros organismos constitucionales autónomos. El esfuerzo y buena voluntad empeñados durante casi 50 años han sido destruidos en tan solo cuatro años y medio de un gobierno unipersonal, caprichoso y obtuso.
Han transcurrido las tres cuartas partes del periodo del actual gobierno, y el recuento de las pérdidas y los daños en todos los sectores es a simple vista desastroso.
Es preocupante el enfrentamiento con el poder judicial, y cómo el presidente busca lograr el control de éste. Finalmente, hay que decirlo, nos reconforta que la actual Ministra Presidente de la Corte haya marcado el límite y exigido el respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial, cuyos Ministros se aprestan a resolver sobre la inconstitucionalidad del llamado “Plan B” sobre las reformas legislativas en materia electoral enmendando el irreparable acto de conducción antidemocrática al interior del Poder Legislativo, al haberse dejado imponer por el ejecutivo un paquete de reformas legislativas y aprobarlo al vapor por “órdenes superiores” en unas cuantas horas sin haber permitido su lectura y discusión.
La semana pasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su informe anual sobre derechos humanos en el cual señala expresamente al presidente de México como propiciador de violaciones a los derechos humanos, ya que en sus conferencias de prensa diarias, desacredita a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil. Este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diversos países, es un reporte que sirve de guía al Congreso de Estados Unidos para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.
En este informe cuando se refiere a México señala que “hay problemas significativos” en derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas, tortura, impunidad, y ataques a la libertad de expresión; destaca que el crimen organizado comete crímenes violentos en como homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y tráfico de personas. “El Gobierno investigó y persiguió algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanecen sin investigar”, se señala la colusión de criminales y autoridades en algunos crímenes que “a menudo quedan impunes”, el informe también dice: ”hay reportes que funcionarios del gobierno de México son cómplices de las organizaciones criminales”
Lo cierto es que aumentan las violaciones de derechos humanos: desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y la ya escalofriante cifra de homicidios sin aclararse, mismos que no cuentan en su mayoría con indagatorias abiertas. Las sombras se ciernen ominosas en la evaluación que se hará de la presente administración al final de su gestión. La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales exponen a la población nacional a numerosas violaciones de los derechos humanos, entre estas ejecuciones extra-judiciales, tortura y tratos crueles o degradantes, desapariciones, violencia contra la mujer y detenciones arbitrarias.
Durante estos cuatro años y cuatro meses, el país suma más de 145 mil homicidios, terminamos el año 2022 inmersos en una crisis de violencia sin precedentes, la cifra de desaparecidos se reportó en 109 mil 743 personas desaparecidas y no localizadas de las cuales el 25 por ciento son mujeres, la cifra es 27 mil 409 mujeres desaparecidas.
El inquilino del Palacio no puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, son una herencia del pasado; por el contrario las cifras se han disparado en estos cuatro años de gobierno, son una herida abierta que sangra a la población cada vez con más intensidad, ya son más 145 mil homicidios y más de 59 mil desaparecidos en lo que va de esta administración.
Según el informe del centro de análisis “México Evalúa” sobre la impunidad en México, asegura que 94,8 por ciento de los casos denunciados en ese país quedan impunes como resultado de un sistema que no cuenta con los mecanismos ni capacidades suficientes. Las fiscalías del país y sus funcionarios están rebasados y cada vez se inician menos investigaciones. En promedio a nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes.
Cuando observamos estas cifras llegamos a la conclusión de que es tiempo de que el presidente deje a un lado la demagogia y la politiquería diaria y de que se tome en serio la seguridad de todos los mexicanos sin distinción, por lo que se hace necesario y urgente plantear una estrategia debidamente estructurada para atender y contener la violencia e inseguridad.
Es indiscutible el retroceso político, asunto que preocupa a más de un gobernante de los países que tienen afinidad con México. Es por eso que nuestros vecinos en los Estados Unidos, intentan apoyar el fortalecimiento de la Democracia en nuestro país.