Las urnas, por lo general, no son la vía para para realizar cambios radicales; tampoco para impedirlos. No deriva de ellas una carta blanca para impedir cambios radicales ni, en su caso, para intentarlos. Su función es permitir la alternancia en el poder sin modificar radicalmente el estado de cosas político, económico y social existente.
A través de el Derecho no se alcanzan cambios radicales: cambiar las decisiones políticas fundamentales: forma republicana, democrática, representativa de gobierno y el sistema federal. Ese concepto que se tiene de lo que es el Estado mexicano ha permeado en la conciencia de todos. Nadie o muy pocos, estarían dispuestos a instaurar un gobierno monárquico, una presidencia vitalicia, un sistema socialista, una dictadura militar o suprimir el principio de no reelección.
El imperio fallido de Maximiliano; el destierro de Porfirio Díaz; el encarcelamiento y persecución de los hermanos Flores Magón; la caída de Victoriano Huerta y el asesinato de Álvaro Obregón, aunque aparentemente lejanos en el tiempo, están vivos en la conciencia de la ciudadanía.
Hasta ahora ha existido la convicción de que mediante las elecciones y las leyes que las prevén, se accede formalmente al poder, para ejércelo según las reglas existentes y por el tiempo previamente fijado. AMLO y la 4T, por lo pronto, únicamente han intentado instaurar una economía predominantemente estatista y prolongarse en el poder de manera indefinida con alternancia en la presidencia de la República. Aunque la reelección está latente, ellos se niegan a admitirla. Esta es su posición política.
Lo han intentado a través de que el ejecutivo controle la integración y el funcionamiento de los poderes legislativo y judicial, el sometimiento de los entes públicos que organizan y califican las elecciones, la eliminación de los sistemas de supervisión del gasto público y mediante el uso de fondos y recursos públicos. También intentaron hacerlo a través de hacer depender el sistema democrático de los partidos políticos. La propuesta fracasada estaba encaminada a dar todo el poder político a esos entes públicos. Serían los líderes partidistas, no la ciudadanía, quiénes decidirían la integración del Poder Legislativo.
Si bien en algunas etapas de la historia de México han existido facciones que han controlado de manera efectiva los poderes centrales y locales, no se han atrevido a instaurar, a través de reformas constitucionales, un cambio en la forma de Estado. Tampoco se ha intentado formalmente depositar en una persona o en un reducido número de individuos los tres poderes tradicionales. Los priistas no se atrevieron a tanto. Los panistas, más realistas, aspiraron gobernar el país hasta la década de los treinta del siglo XXI.
Frecuentemente, con base en las leyes vigentes, quienes intentan cambios radicales son reprimidos y privados de la posibilidad de competir en los procesos electorales futuros.
En los hechos, bajo el pretexto de buscar un cambio, por regla general, se reduce a un simple cambio de titulares del poder; se limita a una sustitución del poder ejecutivo y el control de los poderes legislativo y judicial. El control de los gobiernos locales, aunque importantes, no es esencial, salvo los más poblados o más representativos.
Logrado lo anterior, la siguiente tarea para quienes han cooptado el poder, es establecer las bases que permitan la permanencia indefinida en él a un reducido número de personas. Entre menos gobiernen mejor. Pudiera haber excepciones, por serlo, confirma la regla. El que un grupo gobernante sea reducido, no implica un monopolio o exclusividad. Significa: reservarse el poder de decisión respecto de las materias importantes. Los beneficios económicos, con observancia de los principios que regulan un sistema de jerarquías, alcanzan a todos los partidarios y seguidores. Se espera que Derecho proporcione las herramientas para hacerlo. De otra manera se prescinde de él y se gobierna con leyes de excepción, a veces derecho y ahora de hecho.
En el supuesto de que sean gobernantes los miembros de las clases económicamente ricas: el clero de una religión predominante, los terratenientes, los líderes de los gremios y colegios de profesionistas, para conservar su estatus quo, propugnan por conservar el marco normativo vigente; hacen más rígido el sistema para reformar la constitución política e intangibles los preceptos en los que se reconocen sus privilegios. Así lo hicieron los autores de la Constitución de 1836.
En el supuesto diferente, que sean los políticos marginados o periféricos los que pretenden alcanzar el poder, sin dejar de regular un estado de cosas existente, esos que se consideran preteridos, a través del procuran un cambio en la sociedad, especialmente, en el estatus económico y en las normas que regulan las relaciones que se dan entre los factores de producción.
Una vez que han alcanzado el poder, también propugnan par establecer barreras legales que impidan a los desplazados o a futuros adversarios realicen cambios a las leyes que reconocen el nuevo estado de cosas. Se reforma la Constitución para impedirlo. El haber dado rango constitucional a la entrega de apoyos económicos a incapacitados, a los menores de dieciocho años, indígenas, a las personas que se hayan en condiciones de pobreza y a los mayores de sesenta y cinco años (art. 4º) es una prueba de la política clientelar que ha seguido la 4T.
En ambos casos no es el aparato normativo el que impide o propicia el cambio. Tampoco lo son el número de votos logrados para alcanzar formalmente el poder. Son el grado de violencia que las partes interesadas están dispuesta a invertir, la que lo impide o lo permite. En estos casos el Derecho se convierte en un instrumento a disposición de la parte que termina por prevalecer.
Existe una novedad: en la 4T la actividad represiva no la ejercen directamente el Estado o las fuerzas armadas. Se ha dejado la responsabilidad de hacerlo a la delincuencia organizada. Éstas están haciendo el trabajo sucio y, finalmente, pudieran establecer una organización política paralela a la oficial.
Por regla general, las elecciones no han legitimado cambios radicales a quienes acceden al poder por vía del voto. Esa es una de las reglas de la democracia occidental. Son la permanencia en el poder y el monopolio de la fuerza, los que permiten alteraciones de fondo. En México, al estar consolidado el principio de no reelección, a lo que más se puede aspirar es instaurar un Maximato, lo que implica ejercer el poder a través de testaferros. Álvaro Obregón y Plutarco Elías lo intentaron. Aquel fue asesinado y éste desterrado.