Las políticas públicas deben estar encaminadas a satisfacer el bien común o interés social, lo cual se traduce, necesariamente, en proteger y potencializar derechos humanos y/o fundamentales (1) y permitir el despliegue de sus garantías para hacerlos efectivos en términos de lo que ordena el artículo 1° de la Constitución Federal, a raíz de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos de 2011: que todas las autoridades del Estado, en sus respectivas competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de todas las personas.
Así, las políticas públicas son un vehículo para satisfacer tales derechos.
Como apuntan Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2), una política pública “representa la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social”. A ello yo agregaría que dicha respuesta puede provenir no solo de la esfera administrativa –o ejecutiva–, sino que todos los entes del Estado pueden emitir una política pública en ejercicio de sus funciones y cumplir sus obligaciones.
Por ejemplo, el Poder Judicial puede adoptar políticas públicas para agilizar el trámite de los asuntos, que se traduce en mejorar el acceso a la justicia.
La política pública es pues la reacción del poder estatal para atender un problema de relevancia pública. Bien dicen que el poder es la política y que el poder se ejerce a través de, precisamente, las políticas de los entes públicos.
Pero para que las políticas públicas puedan cumplir de la mejor manera con su objetivo, y que puedan perfeccionarse para atender de manera más eficiente las necesidades y problemas sociales, es fundamental realizar un análisis de política pública previo a su adopción o la toma de decisión, y posteriormente una evaluación de la propia política para contrastar sus resultados y el grado de consecución de sus objetivos.
Ahora bien, al ser un medio mediante el cual se ejerce el poder para satisfacer el bien común, hay políticas públicas de distintos ámbitos y con distinto alcance.
Por ejemplo, podemos encontrar políticas generales o de amplio alcance como, entre otras, las puramente administrativas, las económicas o las fiscales, y, por otro lado, otras más específicas como aquellas en materia género e inclusión.
También, como adelantaba, hay políticas públicas de sede administrativa, es decir, las del Poder Ejecutivo ya sea federal o los locales y municipales, pero también los demás poderes, Legislativo y Judicial, e incluso los órganos constitucionales autónomos, pueden adoptar políticas públicas ya sea internas o que incluso, en el ámbito de sus competencias, puedan proyectarse en la colectividad.
Y de las más evaluadas, o quizá las más evaluadas –por su importancia en el día a día de la mayoría de las y los mexicanos– son las políticas de desarrollo social de la que forman parte los distintos programas sociales, como en su momento Oportunidades o Prospera, o las actuales transferencias económicas a jóvenes y/o personas de la tercera edad.
Para ello el CONEVAL juega un papel determinante.
El artículo 26, apartado C, de la Constitución Federal ordena que el Estado cuente con un Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un órgano constitucional autónomo “a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley”.
Gracias a las evaluaciones del Consejo se han podido evaluar, por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y los demás programas federales de transferencia de dinero, sobre los cuales el CONEVAL en su informe sobre 2022 (3) señaló que, aunque se han incrementado las transferencias, por cambios en la operación de los programas los recursos llegan menos a los más pobres.
En ese caso, la evaluación de política pública puede ayudar a optimizar las reglas de operación de dichos programas y mejorar sus resultados.
Por otro lado, las mediciones del Consejo han permitido también a gobiernos locales conocer la situación de pobreza en sus estados y diseñar, a partir de un análisis de políticas públicas, las medidas necesarias para atender la dinámica económica-social de su población.
Tal es el caso de Oaxaca, que en las últimas mediciones del CONEVAL (4) logró reducir la pobreza seis puntos porcentuales y la pobreza extrema en casi cuatro puntos, en gran medida gracias a la Estrategia de Atención a Municipios Prioritarios para el Combate a la Pobreza (E-40) adoptada por el anterior Gobierno Local y reconocida por organismos internacionales(5), dejando los mínimos históricos en ambos tipos de pobreza en la historia del estado, a pesar de que a nivel nacional con el actual Gobierno Federal la pobreza ha aumentado casi 5%.
Las decisiones públicas deben tomarse de tal forma que resulten ser no solo las más eficaces sino también las más eficientes para atender las necesidades o problemas sociales. Por lo tanto, un correcto análisis de política pública permite potencializar la salvaguarda de los derechos humanos y/o fundamentales, y una vez implementadas, su evaluación permite perfeccionarlas para atender de la mejor manera posible los reclamos sociales y cumplir así con el sentido social de gobernar.
El autor es licenciado en Derecho por la IBERO y Maestrando en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y en Administración Pública en la Anáhuac. Asociado en Conesa y Moreno Abogados (CYMA).
Notas:
- Entendiendo que no todos los derechos son humanos ni todos son fundamentales, siendo los primeros los inherentes a la naturaleza y dignidad humanas y los segundos los desarrollados en relación y como proyección de los primeros y cuya protección se establece en una norma fundamental, Constitución o Convención.
- Subirats, Joan; Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Frederic Varonne, Análisis y gestión de políticas públicas, Ariel, Barcelona, 2008.
- https://politica.expansion.mx/mexico/2023/02/16/transferencias-monetarias-de-amlo-aumentan-pero-llegan-menos-a-los-mas-pobres
- https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Oaxaca_2020.pdf
https://www.milenio.com/estados/gobierno-oaxaca-destaca-disminucion-pobreza-niveles-historicos