Estados Unidos padece hoy una de las mayores epidemias que se hayan visto en su historia: el fentanilo. Cifras récord de al menos 100 mil decesos anuales se han dado en el vecino país del norte en años recientes, lo que ha convertido al asunto del fentanilo en un tema de seguridad nacional.

El fentanilo es un opioide de potencia superior a la de la morfina, que es utilizado como analgésico. Bastaría una pequeña dosis de dicha sustancia para provocar una muerte, tan repentina como indolora. La ruta del fentanilo es la del Pacífico mexicano, a través de los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, ambos estados gobernados por Morena y sumidos en una creciente ola de violencia criminal.

Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa se disputan las rutas de control y distribución de la droga que proviene principalmente de China, Singapur y la India. La lucha a muerte entre los cárteles se da ante los ojos de Palacio Nacional, que prefiere mirar hacia otro lado, bajo una estrategia de abrazos y no balazos que ha convertido, al menos a un tercio de nuestro país, en territorio sin ley, según el Pentágono.

A principios de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional desmanteló un laboratorio en Culiacán con 120 kilogramos de pastillas de la droga, que es la forma común de su distribución en la Unión Americana. Tan solo en los Estados Unidos, se decomisaron 379 millones de dosis letales en 2022, suficientes para matar a toda la población de aquel país.

El presidente López Obrador, presionado por el gobierno de Estados Unidos, ha dado tumbos lamentables en el tema del fentanilo. Primero, negó la procedencia mexicana de la droga para luego ser desmentido por el aseguramiento de Culiacán, y luego, en una maniobra clásica para lavarse las manos, envió una carta al presidente de China en la que le pide apoyo para controlar los envíos de fentanilo, culpando a legisladores de los Estados Unidos de sostener una actitud “absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense”.

Quien sin duda pecó de ignorancia, así como de un pésimo manejo diplomático es el propio presidente López Obrador. Su irresponsabilidad en el tema fue puesta en evidencia por la respuesta que, Mao Ning, portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, una funcionaria de cuarto nivel le dio: “Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas… no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo entre China y México”.

La respuesta China se dio también después de la abierta confrontación entre el presidente López Obrador y legisladores norteamericanos, en uno de los más lamentables hechos de degradación de la investidura presidencial.

Lo cierto es que hay actores radicalizados en Estados Unidos, que urgen medidas drásticas y dramáticas ante la crisis de seguridad nacional que allá se vive: algunos han propuesto que se clasifique a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, e incluso hay quien ha propuesto facultar al presidente Biden para desplegar las Fuerzas Armadas en territorio nacional, en una abierta y desesperada acción unilateral que violaría nuestra soberanía y escalaría el tema del fentanilo a nivel de crisis diplomática sin precedentes, de esas que le gusta causar al presidente con países como España, Perú o China.

Ante la irresponsabilidad gubernamental de México, Estados Unidos lanzó una cruzada mundial contra el fentanilo, para liderar un esfuerzo global coordinado con socios internacionales e interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas; fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden nacionales; acelerar trabajos globales con el sector privado; proteger aún más el sistema financiero de los EE. UU., del uso y abuso por parte de los narcotraficantes; continuar solicitando al Congreso que cierre las lagunas legales para las drogas sintéticas ilícitas.

Después de la reunión de alto nivel del 13 de abril en Washington, en la que el gobierno de México reiteró el problema del tráfico de armas y se acordó reforzar la vigilancia de las aduanas, el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos contra los “Chapitos” y 25 miembros del Cártel de Sinaloa, como parte del esfuerzo global.

La reunión de abril en Washington, D.C., puede o no representar un cambio definitivo en la política de seguridad del presidente López Obrador. Si el primer mandatario está a la altura del reto histórico sabrá que su política de abrazos y no balazos llegó a su fin, que es el momento de actuar contra grupos criminales a los que ha garantizado impunidad y es la hora de realizar un esfuerzo inédito para hacer frente a la crisis de inseguridad que asola a México.

Cada presidente ha afrontado retos que lo han dimensionado en su papel como estadista. Zedillo fue quien inició la guerra contra el narcotráfico en 1995, avalado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces a la fecha, cada presidente ha tenido una responsabilidad histórica ante el crecimiento descontrolado de los cárteles mexicanos, que hoy son organizaciones transnacionales con poder global.

El momento de López Obrador ha llegado: sus intentos de pasar a la historia han fracasado de forma por demás estrepitosa, pero hacia el final de su sexenio tiene la gran oportunidad de reivindicarse y de dejar un auténtico legado, confrontando a grupos criminales, desarmando redes de distribución y luchando de frente contra organizaciones que tienen al país sumido en el terror, la violencia y el dolor.

Los ecos de la reunión de Washington, en términos de acciones decisivas y giros determinantes en la política de seguridad, nos dirán si nuestro presidente está dispuesto a asumir el reto histórico que enfrenta o si una vez más, como ya es su costumbre, elude la responsabilidad, esconde la cara, culpa a los anteriores gobiernos y hereda un problema que ya será incontrolable, a quien lo haya de suceder en la silla presidencial.

La autora es senadora por Baja California Y Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

@GinaCruzBC