Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, inicialmente la que funciona en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participa el alumno Yamil Alvarado de la Escuela Libre de Derecho. Da su visión respecto de un tema específico y actual: los retos de la Comisión Reguladora de Energía.
Elisur Arteaga Nava
¿Qué sucede con la Comisión Reguladora de Energía?
Por Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim, ELD
La Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética bajo mandato del artículo vigésimo octavo de nuestro texto fundamental, que pertenece a la Administración Pública Federal centralizada y cuyo objetivo es fomentar y promover el desarrollo y competencia en el sector energía. Su competencia se circunscribe a lo establecido en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, las Leyes de Hidrocarburos, de Industria Eléctrica, y demás aplicables en la materia, mientras que cuentan con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia y una limitada autonomía financiera que se reserva a los ingresos generados por los propios servicios que ésta presta.
Esencialmente, la CRE tiene dos principales herramientas para el cumplimiento de su finalidad, que son la facultad discrecional de otorgar permisos y la de establecer tarifas. Es necesaria la existencia de un órgano como éste debido a que el mercado energético lo requiere en razón de sus aspectos negativos como contaminación, la existencia de monopolios naturales para proveedores viables de servicios de energía, entre otras razones que comenzaron a salir a la luz en los 90 y que dieron lugar a la creación de la CRE.
El pasado 28 de febrero se publicó el acuerdo por el que se reanudan plazos y términos legales ante la CRE, después de las medidas adoptadas para combatir la propagación del COVID-19. Existe, sin embargo, un rezago de más de 10,000 asuntos pendientes de resolución, lo que no parece resolverse con el acuerdo, toda vez que limita el número de trámites y pre-registros que puede hacer una empresa regulada a uno solo, así como la propia cantidad de solicitudes. Relacionado con esto hay que conjugar la causa de que la CRE haya negado 51 permisos de comercialización en 2022, lo cual diversos expertos atribuyen a los requisitos previstos en el proyecto de modificación a las Disposiciones Administrativas de Carácter General, particularmente en lo relativo a la diferencia entre la capacidad de almacenamiento con la actividad de distribución de petrolíferos, por ejemplo.
Así las cosas, actualmente la CRE enfrenta el reto de agilizar los asuntos que se vieron mermados el último par de año, mientras lidia con los nuevos asuntos presentados y que deben de atender de conformidad con la nueva legislación en la materia. Definitivamente la carga de trabajo para el órgano en los meses por venir será devastadora, al mismo tiempo que el mercado exige de un movimiento veloz.
@arturoyamilads