Les platico: tras la salida de Gustavo Adolfo Guerrero como fiscal general de justicia de Nuevo León, más de 60 abogados se registraron para sustituirlo. El último en hacerlo fue Adrián de la Garza, quien perdiera la elección para gobernador al contender por el PRI contra Samuel García.
El 28 de febrero del 2018 inició Gustavo su gestión como fiscal al ganarles a los otros tres finalistas seleccionados por el Congreso local: Guadalupe Saldaña Vargas, Javier Garza y Garza y Pedro José Arce Jardón.
Del total de 48 aspirantes en aquella ocasión, el número 26 fue Salvador Mariano Benítez Lozano, quien perdiera ante Miguel Treviño de Hoyos al ser reelecto éste como alcalde de San Pedro Garza García, abanderado por el MC, cuyo líder moral en NL es Samuel, quien en el proceso para nombrar al nuevo fiscal declaró que el nuevo titular de la FGJNL no debe tener ninguna filiación política.
El primero en registrarse para ese cargo el pasado 19 de octubre fue Alberto de los Santos Elizondo, quien por cierto, no tiene filiación política alguna. El que sí la tiene y bien conocida, es Adrián de la Garza, que después de mucho batallar por no contar con carta de NO antecedentes penales y debido a procesos penales y otros cuestionamientos pendientes derivados de su errática y cuestionada labor como alcalde de Monterrey, logró registrarse en el último minuto del último día de la convocatoria para suceder a Gustavo, quien hoy ve a los toros desde la barrera en la comodidad de la Notaría Pública que recibió como premio de consolación.
Debido a que los diputados locales suspendieron el proceso de selección del nuevo fiscal por mandato de la Suprema Corte, el “eterno interino” es Pedro José Arce Jardón, el mismo al que Gustavo Adolfo le ganó el 28 de febrero del 2018 y cuyo último puesto desde diciembre del 2021 fue el de Vice Fiscal Jurídico.
El 28 de noviembre pasado, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al gobierno de NL, que impide al Congreso de esta entidad designar al nuevo titular de la FGJNL.
Esto fue debido a que el 15 de noviembre del 2022, Samuel García promovió una controversia constitucional para que se reponga el proceso de elección del fiscal.
¿La razón? Sus cuestionamientos a que Adrián de la Garza asumiera en ese cargo.
Pero… o Samuel y Adrián negociaron o éste último le ganó la partida, pues es un secreto a voces que el ex alcalde priista está operando tras bambalinas como una especie de “presidente” del inexistente consejo de administración de la FGJNL.
Va un caso:
Los audios con los que acompaño este artículo tienen como protagonista a Julio César López Garza. Este se ostentó como empleado de la fiscalía y ofreció a los empresarios Juan Martín Morales Barrera -de Poza Rica, Veracruz- Ulises Moreno Díaz -de Michoacán- y Ricardo Alemán Castro -de la CDMX- la compra de unidades incautadas por dicha dependencia.
Julio César argumentó que se trata de vehículos que antes de ser subastadas, pueden colocarse con conocidos o amigos de la fiscalía a precios abajo del mercado.
Pidió a los citados empresarios un depósito en señal de trato, por $25,000, mismos que le fueron depositados el 7 de febrero. El segundo pago por $100,000 fue el 10 del mismo mes y el el y último, cinco días después, por $100,000.
En total, los empresarios le transfirieron $450,000, por una camioneta blindada marca Tahoe; ($250,000, que pagó Ricardo Alemán Castro); $100,000 por un trascabo que “compró” Ulises Moreno Díaz, y $100,000 que cubrió Juan Martín Morales Barrera, como apoyo para adquirir una camioneta blindada Ram. En este vehículo, los otros $100,000 del valor de la unidad los pondría el mismo Julio César para revenderla a unos empresarios tamaulipecos.
Quien presentó a Julio César con los empresarios se llama César Palafox. En uno de los audios se escucha cómo Julio César alude a Adrián de la Garza y su supuesta toma de la fiscalía.
En las repetidas pláticas con los empresarios habla de retrasos sin fin en la conclusión del relevo de Gustavo Guerrero como titular de esa dependencia.
Para inspirar confianza en sus clientes, el supuesto empleado de la FGJNL aludió que operaciones como la aquí descrita tienen lugar todos los días en dicha dependencia.
Los afectados están dispuestos a emprender acciones legales contra Julio César, pero tienen dudas de que prospere, dado el nombre del personaje que aparece en esta historia.
Ofrece devolver el dinero
Julio César López Garza no trabaja en la FGJNL como se ostentó ante sus clientes- sino en el C4 de Monterrey.
- Lo busqué para obtener su versión de los hechos y no atendió.
- Lo mismo sucedió con los responsables de la FGJNL.
- Igual resultó cuando intenté conocer la versión de quienes operan el mentado C4regiomontano.
Los afectados
Cada uno por su lado envió mensajes a Julio César en el mismo tenor:
¿Cuándo regresa el dinero que recibió desde febrero pasado por los vehículos involucrados en este trafique?
Y el muy picudo les respondió -a cada uno por separado- que va a devolver el dinero…
- A Ulises Moreno Díaz, de Uruapan, Michoacán, el próximo 17de este mes.
- A Carlos, en representación de Ricardo Alemán, de la CDMX, el día 18.
- Y a Juan Martín Morales Barrera, de Poza Rica, Veracruz, el 19.
En esta historia apareció el nombre de Adrián de la Garza, ex alcalde priyista de Monterrey que perdiera la contienda por la gubernatura de NL ante el emecista Samuel García.
En los corrillos de la FGJNL existe la versión de ser quien realmente manda tras bambalinas en esa dependencia, no sé si con la anuencia del gobernador Samuel, quien interpuso un Amparo contra el proceso de selección del nuevo fiscal, tras la salida de Gustavo Adolfo Guerrero.
A Adrián no lo busqué pues es historia patria que no quiere saber nada de éste su irreverente servidor, quién sabe por qué será.
Y respecto a Pedro José Arce Jardón -el “eterno interino” que ocupa el lugar del ex fiscal Gustavo Adolfo, ya les platiqué cómo está la cosa.
El asunto aguanta una investigación…
…Porque ayer que anduve siguiéndole la pista al asunto descubrí que Julio César López Garza presume amplia experiencia como comisionista o intermediario en este tipo de “operaciones” con vehículos incautados, como es el caso de las camionetas blindadas y el traxcavo, objetos de este penoso asunto.
Pero dado el “sigilo” con que reaccionó la autoridad involucrada, a lo mejor el asunto será archivado.
Cajón de sastre de Panamá
“A ver qué dice el gobernador Samuel García, porque indirectamente salió salpicado en este caso”, remata la irreverente de mi Gaby.