La tragedia de Ciudad Juárez puede ser el golpe de gracia para las ambiciones presidenciales y para su proyecto de transformación. Lo sucedido en una estación migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración es resultado de una larga serie de lamentables y preocupantes errores gubernamentales, que ya no se pueden ocultar.
El falso humanismo presidencial se ha topado de bruces con el fuego que acabó con la vida de personas migrantes. Durante décadas en la oposición, el presidente lucró políticamente con tragedias y desgracias, y hoy, como jefe de Estado, debe asumir plenamente la responsabilidad de sus acciones, omisiones, mentiras e incompetencia.
La política migratoria, que fue construyéndose después de décadas de esfuerzos gubernamentales, se tiró a la basura, como toda la herencia que se había recibido del pasado y que se dilapidó al clausurar proyectos y desmontar instituciones.
El gobierno desapareció a la Policía Federal, un cuerpo de élite que se forjó después de décadas de esfuerzos administrativos y legislativos, y que tenía competencia específica como coadyuvante en materia de control migratorio. En su lugar, se le asignaron a la Guardia Nacional funciones ajenas a su naturaleza y capacidades.
La Guardia se desplegó como un muro humano en la frontera sur, con violaciones evidentes a los derechos humanos y un abierto talante represor. La presencia de la Guardia no ha servido para terminar con las oleadas criminales y con autoridades corruptas que se ciernen sobre las y los migrantes, tampoco ha servido para desarticular bandas de pollero, ni para impedir tragedias de dimensiones dantescas.
Bajo la “nueva política migratoria” se han dato lamentables eventos, que han recibido como respuesta tibias condenas gubernamentales, así como una escalada interminable de más errores y de omisiones preocupantes. A la muerte de más de 55 migrantes en Chiapa de Corzo en 2021, siguió el hallazgo del tráiler en Texas con 51 migrantes muertos en 2002, luego la muerte de 17 personas en febrero de este año cerca de Puebla, y este mes de marzo, el horror: la trágica y dolorosa muerte de 40 personas.
México es hoy, de cara a la comunidad internacional, un país caracterizado por su letalidad. Somos una tumba interminable para periodistas, quienes además de la violencia de la delincuencia organizada padecen día a día los ataques mañaneros. Mujeres y niñas viven bajo el miedo de un país de alto riesgo para ellas, y hoy, son las personas migrantes quienes mueren de forma lamentable abrazando sus sueños y anhelos.
El fracaso de la política migratoria es total y brutal. Los pactos secretos con el gobierno de Estados Unidos para recibir 30 mil personas al mes a cambio de cero recursos y con acuerdos no revelados, siguen llenando a México de personas que día a día padecen violaciones, extorsiones, amenazas, hacinamiento, condiciones inhumanas y riesgo inminente para sus vidas. Ello demuestra, a todas luces, la probada incapacidad e ineptitud gubernamentales para garantizar que México sea un tercer país seguro.
La respuesta ante la tragedia de Juárez ha sido lamentable, con el recurso al vulgar juego de echarle la culpa a otros. Es ya un secreto a voces y una tendencia en redes que estamos ante un crimen de Estado: fue la culpa del Estado y de quien representa a tan alta institución; fue responsabilidad de un pequeño e insensible presidente, quien es incapaz de articular una respuesta prudente y convincente y de tomar decisiones de altura y urgentes.
Como sabemos el gabinete presidencial está lleno de floreros decorativos: quien decide a nombre de todas y todos es el presidente. El artífice último de la política migratoria no es el Canciller, ni el secretario de Gobernación, ni el malogrado titular del INAMI, es el presidente. Fue López Obrador quien incentivó los flujos migratorios con sus ofertas de trabajos y visas. A él llega la responsabilidad directa e histórica y el escándalo del crimen de Estado.
El cinismo y la irresponsabilidad gubernamentales son intolerables en un país que se nos está cayendo a pedazos. Hay coyunturas históricas que ponen a prueba el talante y el talento de los lideres. La tragedia de Ciudad Juárez no fue un accidente fortuito y menos, como lo ha insinuado el presidente, una autoinmolación. Los hechos se dieron en una instalación federal bajo el control directo del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El ríspido y prolongado debate que se dio en el Senado, un día después del desastre, es el reflejo fiel de las prioridades de este gobierno: la mayoría oficialista defendió a las autoridades responsables, minimizó la tragedia y buscó distractores con investigaciones que, conducidas bajo la turbia y oscura figura del Fiscal Carnal, llevan a nada y garantizan plena impunidad. La oposición, sensible a lo delicado del momento histórico denunció la atrocidad de un crimen que pega directamente en la línea de flotación de un gobierno para el que parece ya no haber una segunda oportunidad.
México cuenta con leyes migratorias humanitarias, que mandan el respecto incondicional a los derechos humanos de las personas que emigran. Este noble macro jurídico es despreciado por quien se burla constantemente de las instituciones y del apotegma de que “la ley es la ley”.
Hoy, ante nosotros, tenemos el triste resultado del desprecio por las leyes y las instituciones. Para este gobierno ya no hay un mañana y cada vez menos mañaneras: o asume sus responsabilidades y da un giro en sus políticas, o la próxima tragedia lo sumirá aún más el lodazal de corrupción e ineptitud en el que está hundido.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC