El lunes pasado en sesión de Pleno los Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 9 votos declararon la incostitucionalidad de la primera parte del Plan B de las reformas en materia electoral.

El proyecto de sentencia fue elaborado por el Ministro Alberto Pérez Dayán que proponía invalidar las reformas a la Ley general de comunicación social y a la Ley general de responsabilidades administrativas, por haberse violado el procedimiento legislativo. Los ministros Alberto Pérez Dayán, Juan Luis Gonzalez Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y la Presidenta Norma Lucía Piña votaron a favor del proyecto declarando la invalidez de esta primera parte del Plan B de López Obrador, que los diputados y senadores habían aprobado en Fast Track para cumplir la orden recibida por el dueño de Morena.

De esta manera una vez más los ministros de la Suprema Corte hacen valer su autonomía y ejercen su contrapeso al ejecutivo y corrige al legislativo. Al inicio de 2023 la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); convirtiéndose así en la primera mujer en presidir el Poder Judicial Federal. La Corte como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, es una institución plural, neutral, independiente y colegiada; que tiene hoy un papel fundamental en nuestra democracia, que actúa como elemento consustancial a ésta, precisamente porque es la encargada de defender la democracia. Muchas personas desde diferentes frentes hemos luchado para hacer posible la existencia de un tribunal constitucional fuerte e independiente.

En esta visión, lo ideal es que en la Suprema Corte no sólo “se diga el derecho”, sino que también se imparta justicia. Entre las múltiples acciones que es necesario llevar adelante, está el refrescar, fortalecer y ofrecer una nueva composición al perfil de las señoras y señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los criterios de la Corte son el paradigma para la actuación del resto de los tribunales del país, y  sus decisiones permean y orientan los nuevos retos que están enfrentando las ciencias jurídicas.

Ser juez constitucional, es ser guardián de la Constitución y  eso significa defender los derechos humanos de todas las personas; es también ser el árbitro entre los diversos y diferentes poderes que existen en un Estado de derecho; para ser ministro se requiere también del alto grado de sensibilidad y humanismo, de refinamiento teórico, ya que resuelven a través del derecho, conflictos que la mayoría de las veces tienen su origen político; y  quizá la cualidad más significativa para ser ministro, es que se requiere de imparcialidad y de neutralidad institucional.

La independencia de los tribunales y jueces significa que estos se encuentran sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes, pero ésta independencia no se agota en aspectos administrativos, financieros o estructurales. Un juez independiente también debe tener cierta libertad e  independencia en sus criterios, ser libre de formarlos y utilizarlos al argumentar, interpretar y aplicar la ley, en virtud de que en cada resolución se constituye en un contra peso del poder y encargado del control de la legalidad sobre actos ilícitos.

En México tenemos la vocación democrática, es por ello que nos alegramos cuando se respeta la división de poderes cono elemento sustancial de la democracia, cuando operan realmente los pesos y balances entre los poderes, la democracia es una construcción colectiva y que nadie la encarna por y en sí mismo. La democracia la concretamos todos en nuestro actuar, en nuestra diversidad y diferencias.

Somos plurales y eso nos vuelve democráticamente fuertes. Por eso, de cara a la elección más grande, tenemos la oportunidad de reivindicar nuestra vocación democrática y, con ello, honrar la lucha de varias generaciones de mexicanos que se comprometieron con una lucha para democratizar a México y construir un sistema electoral autónomo, profesional e independiente, que hoy es más robusto que nunca.

Hoy proliferan las voces que niegan, descalifican y desautorizan al otro, y lamentablemente esas posturas no son monopolio sólo de algunos, sino que se multiplican y, consciente o inconscientemente, alimentan el juego de la intolerancia y abonan el terreno para expresiones autoritarias.

Para los mexicanos es la hora de repensar y readecuar el sistema de control y contrapeso constitucional entre los poderes. Nadie puede pensar en desandar el camino de la historia y retornar al absolutismo presidencial, la sociedad organizada ya no lo permitirá. Es posible encontrar la salida, solo que esta no puede, ni debe buscarse por la vía del encono y la división.

Los mexicanos queremos vivir en democracia y sobre todo en un clima de convivencia social armónica.