Entre que quiere ser presidente y busca detener el flujo migratorio en su Estado, Ron DeSantis, sigue los pasos de su amigo (aún) Donald Trump, sus acciones y declaraciones transitan por la estridencia, la sinrazón y su búsqueda desesperada de reflectores mediáticos.
Para junio próximo, anunció DeSantis, una nueva ley estatal antiinmigrante que de inmediato ha generado un caos y pánico para los miles de inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo. Ante esto, han decidido ausentarse de las obras en construcción, del campo y de las empacadoras.
Esta nueva ley que entrará en funcionamiento el 1 de julio 2023, es el último movimiento de DeSantis para capitalizar la política de inmigración mientras se prepara para una probable, pero aún no anunciada, campaña presidencial del 2024.
Después de una primera revisión a esta ley, se perciben acciones más estrictas para “contrastar” el manejo de la política de inmigración del presidente Joe Biden cuando la controvertida regla de salud de la era de la pandemia, el Título 42, finalizó hace unos días, sin embargo, el impacto que tendría, equivaldrá a una represión amplia e intrusiva contra las grandes comunidades de inmigrantes del estado que se enfrentarán a la peor parte de las nuevas reglas.
Y es que, muchos de los trabajadores actuales de los sectores de: construcción, agrícola, ganadero y de servicios son miembros de familias de estatus mixto, donde un hijo o una hija son ciudadanos estadounidenses mientras que sus padres no lo son. El impacto del proyecto de ley se extiende más allá del lugar de trabajo a la atención médica y las carreteras: incluso los miembros de la familia podrían ser objeto de aplicación de la ley en virtud de una nueva disposición que castiga a cualquiera que transporte a una persona indocumentada.
Y es que, hablar de una paralización o por lo menos, una disminución muy importante en su ritmo productivo puede ser tremendo ya que el estado de Florida ocupa el primer lugar en venta total de: flores, maíz dulce, plantas de follaje, naranjas, caña de azúcar y sandia; segundo lugar, en la producción de pimiento morrón, toronja, fresa; el cuarto lugar, en melón, repollo y cacahuate. Es un gran productor agrícola, sin duda.
En Florida, hay 47,500 granjas y ranchos, en ellas trabajan cerca de medio millones de personas, muchas de ellas sin permiso laboral.
Y en su racismo extremo, el gobernador Ron DeSantis, ha anunciado una serie de acciones en contra de los miles de trabajadores que a diario mueven además de la agricultura, la ganadería, la construcción y los servicios de gran parte de la Florida, con el final del Título 42, firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin documentos y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos.
El centro de estudios Migration Policy Institute, con sede en Washington D.C., estima en 772,000 el número de migrantes indocumentados que residen en Florida de los cuales muchos de ellos se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos, por los sueldos que los empleadores están ofreciendo.
La nueva ley DeSantis establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify, una plataforma digital que permite constatar sí una persona cuenta con permiso legal de trabajo a partir del 1 de julio 2023, cuando entre en vigor la norma.
Por otro lado, la ley establece que transportar a inmigrantes indocumentados, sin que se trate de menores, será castigado como un delito de tercer grado sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta $5,000 dólares de multa por persona trasladada y quienes sean reincidentes, que trasladen a uno o a grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta $10,000 por persona.
Por último, la nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.
Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado, un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.
El sector empresarial de la Florida ha manifestado su preocupación por esta ley, que sin haber entrado en operación ha comenzado a tener ya efectos en las plantas laborales.
Hay que estar atentos ya que como decimos los periodistas, esta nueva ley es información en desarrollo y estamos por ver sus consecuencias.
@lalocampos03