El Congreso de la Unión cerró su periodo de sesiones en un día negro para México, para la democracia y para el Parlamento: la mayoría oficialista aprobó, sin reflexión ni razones, un paquete de destructivas y nocivas reformas presidenciales presentadas primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.
La Cámara de Diputados renunció a su función deliberativa y reflexiva al aprobar al vapor reformas que muestran, a todas luces, el fracaso de este gobierno y su abierta desesperación para promover proyectos legislativos que profundizan la militarización, destruyen instituciones y garantizan impunidad.
El Senado, en la clandestinidad y en lo oscurito sesionó en un patio, para aprobar en pocas horas aquello que su jefe les instruyó. Lamentable y humillante fue la reunión en Palacio Nacional en la que senadoras y senadores fueron instruidos para aprobar proyectos destructivos, en un acto de abierta sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
Habría que remontarse varias décadas en la historia parlamentaria para encontrar momentos similares en los que el Congreso de la Unión se ha visto sometido, humillado y dominado por el presidente de la República. El intento de Morena de consolidar una hegemonía que reemplace al viejo régimen pasa necesariamente por la destrucción de lo público.
Había, en primer lugar, que destruir el aparato administrativo, convirtiendo a la burocracia en una agencia para leales e incondicionales caracterizados por su incompetencia rampante. El aparato gubernamental, antes dedicado al diseño e implementación de políticas públicas, se ha convertido en un titánico aparato de propaganda, al servicio de los delirios, sueños e imposiciones presidenciales.
Los órganos constitucionales autónomos, edificados después de décadas de luchas ciudadanas, de un inteligente diseño legislativo y de su adecuada puesta en marcha, se han visto bajo asedio permanente.
A los órganos que no han sido desaparecidos, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se les ha ahorcado presupuestalmente, se ha impuesto a leales e incondicionales en los órganos de gobierno y se les ha dinamitado sistemáticamente con campañas de odio orquestadas desde la silla presidencial.
La Corte, ese supremo baluarte y guardián de nuestro orden constitucional y legal, fue cooptada desde su presidencia, con la impresentable figura de un ministro que subordinó la agenda y las decisiones a las imposiciones presidenciales.
El fracasado intento de ocupar la presidencia con una plagiaria incondicional del régimen le dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nueva vida y aliento y a la ciudadanía, le hizo recuperar la esperanza en la viabilidad y efectividad de un sistema de contrapesos funcional.
Tarde o temprano, la destrucción llegó al Poder Legislativo. Durante el primer tramo del sexenio, las Cámaras fueron controladas por la agenda presidencial y el Senado fue objeto de una maniobra que permitió el control total de sus órganos de gobierno.
La austeridad, que en el fondo disfraza la depredación sin límites y la corrupción desmedida, mermó las capacidades institucionales mientras que la mayoría leal al presidente degradó el nivel del debate e introdujo la trampa y la astucia como parte de los procesos parlamentarios, tal como sucedió con el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta destrucción institucional se evidenció en la sesión de los días 28 y 29 de abril, en la que el Senado se dividió: las oposiciones defendieron la agenda ciudadana de la transparencia y la rendición de cuentas, que tan nociva le es a la Cuarta Transformación y a sus ambiciones y corruptelas desmedidas; la mayoría oficialista se entregó a su auténtico jefe, le dio la espalda al pueblo de México y aprobó, de forma irregular y clandestina, reformas ocurrentes y profundamente destructivas.
Se violaron diversas normas del proceso legislativo y se creó quórum artificial para operar el engaño orquestado desde Palacio: el de reformas disfrazadas de nobles intenciones que profundizan la destrucción presidencial operada sobre nuestro país.
La desaparición del INSABI es la aceptación de una derrota histórica, y la confesión tardía de un pecado descomunal, que fraguó el sistema de salud que provocó muerte, desesperación y luto.
La pandemia terminó por colapsar un sistema improvisado y ahora, con el nuevo IMSS-Bienestar, tendremos una institución incapaz de hacer frente a una demanda creciente, con instalaciones depredadas por las ambiciones sin límites de este gobierno.
La asignación de recursos turísticos para el Tren Maya priva a los Estados de recursos indispensables para la promoción y la infraestructura turísticas en un abierto reconocimiento a un proyecto que absorbe recursos de forma desmedida, en medio de escándalos de corrupción, negocios fraguados bajo la sombra presidencial y destrucción sin límites de recursos naturales y arqueológicos.
La militarización del espacio aéreo da a los mandos altos ensuciados por escándalos de corrupción, un poder desmedido y de una vida de lujos y privilegios interminables ante los ojos atónitos y el creciente descontento de la Tropa.
La disolución de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es un golpe letal al campo mexicano, privado de apoyos y créditos gubernamentales, sujeto al rigor de precios de garantía que limitan la capacidad de las y los productores para ser competitivos en medio de la corrupción sin límites de Segalmex.
La ciencia, convertida en enemiga política de este régimen oscurantista se está desmontando en sus capacidades críticas y en su pensamiento independiente, sometida ahora a una militarización que no oculta los afanes golpistas del régimen obradorista.
México no merece ya más años de oscuridad y de una vuelta al pasado que aún podemos evitar. El anuncio del Plan D, como una elección de Estado, debe alertarnos sobre los últimos resquicios de autonomía y democracia que este gobierno está obstinado en aniquilar. Es el momento de pasar a la acción, para evitar que la destrucción de México siga bajo los designios de un poder que no conoce límite ni pudor algunos.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC