México vive momentos críticos

En todos los ámbitos, en lo político, lo social, lo económico, enfrentamos retos formidables: Polarización, violaciones sistemáticas a la Constitución y leyes por quienes juraron respetarlas y aplicarlas, excesiva concentración de poder en una sola persona, militarización creciente, persistencia de niveles elevados de pobreza, exacerbación de la desigualdad, deterioro del sistema educativo, del de salud y de los de seguridad social, insuficiente generación de empleos y oportunidades de auto empleo formal, migración ilegal de compatriotas hacia EUA, riesgos crecientes en materia ambiental y de nuestros recursos hídricos, por citar algunos.

 

Hay futuro

En estas circunstancias, es necesario que los mexicanos construyamos un acuerdo sobre la forma en que debemos gestionar nuestro desarrollo para, unidos, superar los desafíos del presente y construir un futuro de mayor libertad, justicia y paz.

Una consideración inicial: No hay una receta para gestionar el desarrollo de una nación que sea válida universalmente y para cualquier época.

El cómo gestionar el desarrollo de un país ha variado en el tiempo según las circunstancias de cada época. Por ejemplo, no fue sino hasta con la Revolución Industrial que surge la preocupación por las condiciones de pobreza en que vivía una parte importante de la población.

Malthus, a finales del siglo XVIII, cuestionaba los programas asistenciales, pues pensaba que, con ello, al subir sus ingresos, los pobres tendrían más hijos, y eso deprimiría los salarios y volverían a la pobreza.

Con la Revolución Industrial -que trajo consigo gran crecimiento de la riqueza, del comercio, de la globalización, y junto a ello mayor pobreza y crisis recurrentes-, surge la pregunta de si era posible mejorar las condiciones de vida de la población en un sistema basado en la competencia y la propiedad privada. Hubo respuestas opuestas.

Por un lado, Karl Marx (1818-1883) consideraba que el capitalismo estaba condenado al fracaso, pues entre más riqueza se creaba, más miserables serían las masas y más profundas serían las crisis financieras y comerciales. Ante eso, proponía que la propiedad privada fuese abolida.

Por otro lado, Alfred Marshall (1842-1924), tras observar diversas industrias, llegó a la conclusión de que sí era posible mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en un sistema basado en la competencia y la propiedad privada. Dedujo que la clave era la productividad y la educación, y, para ello, la economía debía ser la herramienta más útil.

John Keynes (1883-1946), discípulo de Marshall, consolidó esas ideas. Explica en su libro Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, que la economía podía estar en paro sin que los mercados por sí mismos resolvieran esa situación y propone que, en esas circunstancias, es necesaria la intervención del gobierno con gasto financiado.

Las ideas de Keynes, que surgen ante los retos que plantearon las dos grandes guerras, fueron clave para que en la llamada Conferencia Monetaria y Financiera de la naciente ONU (Breton Woods, E.U., 1944) surgieran el Banco Mundial (BIRF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se adoptara el patrón oro. Sus ideas dieron pie a un nuevo paradigma en materia de gestión del desarrollo: Los gobiernos deben jugar un importante rol promoviendo el desarrollo, usando para ello los instrumentos a su alcance (impuestos, gasto público, instrumentos comerciales y monetarios) para promover el crecimiento y mejores condiciones de vida para la población.

Ese paradigma predominó por varias décadas, en las cuales se logró gran estabilidad financiera y cambiaria internacional, y un importante crecimiento de la producción y el comercio mundial. En México, en estos años de estabilidad externa, aunado al manejo de políticas internas congruentes con esas condiciones externas, hicieron posible “el milagro mexicano”. Entre 1950 y 1970 la economía creció́ cada año en términos reales en promedio un 6.6 por ciento, el empleo un 2.3 por ciento, los salarios un 2.2 por ciento y la inflación un 5.5 por ciento.

Hacia finales de los 70 cambiaron las circunstancias y la estabilidad externa terminó. El abuso de gasto público en diversos países, el abandono del patrón oro (EUA), y el embargo petrolero de 1973 dieron paso a años de inestabilidad, inflación y menor crecimiento.

Como respuesta a lo anterior surgió un nuevo paradigma entre finales de los 70 y principios de los 80: El neoliberalismo, que se consolida con el ascenso al gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EUA.

Este paradigma proponía dejar que las fuerzas del mercado fuesen las que gestionaran el crecimiento económico, y postulaban que ello traería beneficios para todos.

En congruencia con ello se impulsaron la desregulación de los mercados -destacadamente los financieros-, la eliminación de barreras al comercio internacional -globalización-, así como modificaciones en el papel económico del gobierno y en el llamado estado de bienestar.

Los resultados, luego de 30 años, no fueron los esperados: El crecimiento, salvo excepciones, fue desalentador, y la desigualdad creció, ahora es mayor que a fines del siglo XIX.

En México sucedió algo similar. La economía no logró crecer a buen ritmo, el avance en la erradicación de la pobreza fue insuficiente y las desigualdades aumentaron. La crisis de 2008 agravó el desencanto hacia el neoliberalismo y trajo al centro de la discusión sobre desarrollo el reto de la desigualdad.

Así como en el siglo XIX la preocupación sobre la pobreza surgió a raíz de las consecuencias negativas de la Revolución Industrial, hoy, casi dos siglos después, por las consecuencias propias del neoliberalismo surge la preocupación por el reto de la desigualdad.

Las desigualdades económicas generan una inequitativa distribución del poder público y, en consecuencia, las minorías ricas, pueden -y lo hacen-, imponer reglas favorables a sus intereses a costa del beneficio de los demás. Además, la desigualdad frena la generación de empleo, pues la mayoría permanece en la pobreza y con ello se reduce el mercado y el crecimiento económico.

Adicionalmente, la desigualdad genera malestar social y división, lo cual dificulta la colaboración entre los grupos sociales, necesaria para superar los retos y construir un mejor futuro.

El actual gobierno de México afirma buscar tales propósitos: Combatir la pobreza y reducir las desigualdades. Pero no entiende que, sin crecimiento, no se puede erradicar la pobreza. Tampoco entiende que la mayor desigualdad resulta, en gran medida, de mercados no competitivos y de la corrupción, y por eso sus políticas no permiten avanzar en ninguno de estos frentes, de modo que ahora vemos más corrupción, pobreza y desigualdad.

Para la 4T, el haber dejado que el mercado fuese el principal gestor del desarrollo por años, es corrupción, y, para evitarla, promueven  que el gobierno se haga cargo de todo, pretende reconstruir los monopolios públicos (energía) o asumen, a través de diversos mecanismos públicos, sin éxito, funciones que antes estaban a cargo del mercado, como la dispersión de recursos de programas sociales, la distribución de medicamentos o la construcción de aeropuertos y de sus obras públicas emblemáticas.

Al mismo tiempo debilita presupuestalmente a las instancias públicas responsables de combatir prácticas monopólicas y la corrupción. Los resultados negativos de estas políticas ya son visibles: Crecimiento nulo y perspectivas poco favorables, la pobreza y la corrupción crecen y las desigualdades se acentúan.

En síntesis: No hay receta para promover el desarrollo que sea válida universalmente o en cualquier circunstancia.

• La de Keynes funcionó en las condiciones de la postguerra.
• Cambiaron las circunstancias y la profusa intervención del gobierno asociada hizo que este paradigma perdiera credibilidad y utilidad.
• Como respuesta surgió el neoliberalismo, sin embargo, el exceso de desregulación de los mercados financieros llevó a la Gran Recesión de 2008, además, la enorme concentración de la riqueza y del ingreso generados desembocó en severos cuestionamientos a este paradigma.
• La regresión estatista de la 4T tampoco muestra ni mostrará buenos resultados.

 

Construyamos un mejor futuro de Libertad, Justicia y Paz

Ahora debemos construir un nuevo paradigma para construir un nuevo rumbo. Uno que permita, en el contexto de la crítica situación que vivimos en los ámbitos social, político y económico, construir un futuro de libertad, justicia y paz.

Libertad para ejercer los derechos que consagra nuestra Constitución, como acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a un empleo digno, a autoemplearse en forma productiva, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente sano, de asociarse y expresarse, a la presunción de inocencia, de audiencia, al debido proceso, a no ser molestado por la autoridad sin fundamentación y motivación.

Sólo se puede ser libre cuando el individuo tiene la capacidad para ejercer sus derechos. Si no tienes una fuente de ingresos suficiente y dependes de las dádivas del gobierno no eres verdaderamente libre, ni puede haber democracia; si el poder público o el privado abusan de una persona y ésta poco puede hacer ante esos abusos, tampoco eres realmente libre.

Justicia, para que haya igualdad ante la ley, cero impunidades y sean erradicadas las desigualdades económicas producto de acciones ilegales, privilegios indebidos o corrupción.

Paz para que las mujeres vivan en un ambiente libre de violencia y discriminación, para que los ciudadanos disfruten su libertades, seguros y protegidos por la ley en sus bienes y personas.

¿Qué paradigma requerimos para lograr estos propósitos de libertad, justicia y paz?

La experiencia nos muestra que la fe ciega en el mercado no funciona para lograr un desarrollo dinámico e incluyente; tampoco la fe ciega en que el gobierno resolverá nuestros problemas. Ninguno de estos esquemas nos llevará a un desarrollo basado en la libertad, la justicia y la paz. Para ello, debemos construir un nuevo paradigma que se base en un nuevo equilibrio entre gobierno, mercado y sociedad.

Requerimos un gobierno eficaz, fortalecido, para cumplir las responsabilidades que le asignan la Constitución y las leyes. El titular del ejecutivo, al rendir la protesta de ley al cargo, se compromete a generar bienestar y prosperidad para su población, y, para ello, debe usar los recursos públicos que se le confían en cuatro prioridades: La primera y más importante es invertir directamente en las personas, al otorgarles educación de calidad y atención suficiente y oportuna a su salud; así como garantizar seguridad pública, impartición de justicia y protección de los derechos humanos.

La siguiente es la inversión en infraestructura: Agua limpia, electricidad, transporte, vivienda, espacios urbanos cómodos y eficientes, y redes digitales, entre otros. La tercera prioridad es el cuidado del capital natural: Proteger la naturaleza y cuidar el medio ambiente.

La cuarta es la promoción de la inversión empresarial, para que genere empleos suficientes y de calidad, y fortalezca las finanzas públicas por medio de la contribución justa, oportuna y transparente.

Además, estas prioridades gubernamentales son derechos de la población establecidos en la Constitución Política mexicana.

Conforme a lo anterior, fortalecer al gobierno no significa que éste suplante al mercado. Significa:

• Construir en los tres niveles de gobierno un nuevo balance entre los tres poderes: Que ninguno se imponga y todos queden sujetos a la ley.
• Construir un nuevo federalismo: Urge revertir el centralismo perverso al que hemos llegado y aprovechar plenamente el potencial de desarrollo que existe a nivel local.
• Poner en práctica una reforma fiscal integral y a fondo, que incluya un nuevo pacto fiscal que dote a cada poder y nivel de gobierno con los recursos necesarios para cumplir las responsabilidades que la ley les asigne, para atender las cuatro prioridades mencionadas arriba; una reforma que distribuya con equidad la carga impositiva y contribuya a reducir las desigualdades actuales, y que contemple el financiamiento para la universalización de los servicios de educación, salud y seguridad social, y haga sostenible el sistema pensionario, y
• que tenga la capacidad y herramientas para regular los mercados y evitar abusos de poder de mercado de cualquier actor.

A la par de un gobierno eficaz, fuerte, también es necesario promover mercados más competitivos, innovadores, creadores de riqueza susceptible de ser distribuida más equitativamente, y regulados de manera eficiente para evitar abusos de poder de mercado.

Lograr mercados competitivos requiere:

• Infraestructura de calidad, que acreciente la competitividad de las empresas (carreteras, puertos, comunicaciones a costos competitivos, tierra industrial con infraestructura de calidad, sistemas públicos de movilidad eficiente, entre otras condiciones).
• Inversión pública y privada en desarrollo tecnológico e investigación científica.
• Financiamiento de calidad accesible para todos.
• Respeto a la propiedad intelectual y facilidad de acceso al registro de patentes.
• Estado de derecho.
• Seguridad pública.

Aunado a un gobierno eficaz y mercados competitivos, se requiere una mayoría ciudadanía empoderada, para lo cual se debe dotar a los ciudadanos de los instrumentos legales necesarios para:

• Evaluar oportunamente el funcionamiento de los gobiernos y frenar abusos de éstos y de las grandes empresas, así como sus acciones ilegales.
• Obligar al gobierno, en sus distintos órdenes, a resolver los asuntos que le plantean los ciudadanos.
• Obtener acceso a información de las acciones y decisiones públicas, limitando la discrecionalidad de los funcionarios para negar dicho acceso.
• Rendición de cuentas completas.
• Tener derecho a no ser engañado, a la verdad.

En suma, lograr un desarrollo dinámico, incluyente y sostenido                                          solo será posible cuando el gobierno derive su fortaleza:

• De un equilibrio real entre poderes; de un pacto fiscal renovado.
• De un nuevo sistema fiscal que distribuya las cargas impositivas con equidad y reduzca las desigualdades exitentes, que provea de los recursos de acuerdo con las responsabilidades que asignan las leyes a cada nivel de gobierno.
• De su capacidad para regular los mercados y evitar abusos monopólicos; de transparencia real y rendición de cuentas, y ausencia de corrupción e impunidad.

Solo con un gobierno así, robustecido, con mercados competitivos, innovadores, generadores de oportunidades de ingreso para todos y una ciudadania empoderada, sólo así podremos lograr un desarrollo dinámico e incluyente con más libertad, justicia y paz.