El Palacio Nacional sigue convertido en un circo de varias pistas; por un lado los distractores del arranque de las pre-campañas de los pre-candidatos de Morena haciendo cual más un show y ofreciendo promesas imposibles de cumplir con tal de ganarse la voluntad del Dedo Mayor que los nombrará por fin candidatos.
El presidente juega a las sorpresas en los nombramientos de los secretarios de su gabinete, como en la SEGOB, en donde nombra a la ex Secretaria del Trabajo, persona que cumple con el perfil exigido por el inquilino del palacio: 90 por ciento lealtad y 10 por ciento de conocimiento del área. Dentro de todos estos distractores los ciudadanos estamos inmersos en una cada vez mayor ola de violencia en todo el territorio nacional.
El Episcopado Mexicano CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano, lanzó por todos los medios y redes sociales un comunicado en el que invita (ordena) a todas las diócesis a la conmemoración del primer aniversario del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua. El 20 de junio se cumplió un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas dentro del templo al pie del altar, de la comunidad de Cerocahui, en Urique, Chihuahua; Javier Campos Morales, Joaquín César Mora y de un hombre de nombre Pedro Palma, quien era guía de turistas de la región y que pretendía resguardarse en el templo para evitar ser atacado por sicarios que lo perseguían.
Estos y otros cotidianos acontecimientos nos muestran descarnadamente varias de las más espinosas aristas de la política pública en materia de seguridad y la vorágine de violencia en que se encuentra inmerso nuestro país.
Del 1 de diciembre de 2018 al 17 de junio de 2023, tiempo que lleva el Gobierno de López Obrador, las fiscalías estatales y federales han sumado 158 mil 98 homicidios dolosos y más de 40 mil desaparecidos en México.
Será necesario que el próximo Gobierno (ya que a este nunca le interesó), se replantee con seriedad la estrategia en esta materia, se requiere modificar las acciones, debe retomar las destinadas a golpear la logística operativa de los cárteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las tareas encaminadas a incautarles el dinero que blanquean en los sistemas financieros, a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, desmontar las redes de narcomenudeo y exterminar la red de protección que les son proporcionadas no sólo por policías, sino también políticos, algunos pseudo empresarios y comerciantes, prestanombres y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia. El uso de la inteligencia civil y militar debe privilegiarse preferentemente frente al enfrentamiento a balazos. Un punto especial complementario en el que hay que poner el acento es en una verdadera política de desarrollo humano. La verdad es que no estamos en una guerra en el término convencional del concepto; entendemos que denominarlo así resulta un ejercicio metafórico y discursivo; sin embargo tenemos más bajas (muertos) que en la conflagración bélica que emprendió Rusia contra Ucrania.
Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer. Nadie, ha pedido rendirse ante la delincuencia organizada y menos pactar con ella. El Estado no debe pactar con trasgresores de la ley, ni acordar contenerlos con abrazos y no balazos.
Por otra parte, duele la patética desesperación del Ejecutivo federal, que ha regresado al diagnóstico justificatorio para insistir en defender su errática estrategia de seguridad, y niega los hechos, cual si fuera un avestruz, mete la cabeza en un hoyo para no ver la horrible realidad cuya espiral de violencia ha costado ya muchas muertes, es evidente la percepción ciudadana de que el Gobierno no actúa contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Las reflexiones críticas y las propuestas puestas a consideración para un replanteamiento de la estrategia sólo reciben del propio Ejecutivo federal denuestos y descalificaciones; no podemos permitir que se proponga la “pax narca” o que se abandonen las acciones en contra de este flagelo social; lo que debemos reiterar es la vigencia del Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos, porque no hay razón de Estado que justifique las violaciones a los derechos humanos de las personas.
En este terreno no debe haber concesiones, el Estado debe prevalecer frente a la fuerza de la delincuencia organizada que lo desafía y se debe terminar con los ejercicios retóricos y demagógicos cotidianos. La sociedad entiende claramente que la medida puede explicarse y justificarse porque las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública federales, estatales y municipales en la mayoría de los casos han sido superadas e inclusive infiltradas, hasta las más altas esferas, por la delincuencia; pero quisiéramos tener la esperanza que en el corto plazo termine la misión que le ha encomendado el jefe de las Fuerzas Armadas, que salga indemne de la corrupción y no regrese derrotado a los cuarteles.
En este sentido es que reafirmamos nuestra convicción de que todos juntos los mexicanos que amamos a nuestra Patria, habremos de superar los tiempos aciagos y de que confiamos en que exista la inteligencia, la serenidad de ánimo y la voluntad republicana de corregir y reorientar el rumbo.