Dentro del bullicio que se formó en torno a las próximas elecciones el presidente no deja de hacer campaña a favor de sus designadas “corcholatas” y en contra del Frente Amplio por México y los aspirantes a ser candidata o candidato de la oposición, mientras que en los estados como en Chiapas y Michoacán recientemente, los hechos que suceden día con día nos muestran descarnadamente varias de las espinosas aristas de la política pública en materia de seguridad y la vorágine de violencia en que se encuentra inmerso nuestro país, con una parte de nuestro territorio controlado por la delincuencia organizada.
En lugar de llamar a los criminales para que “se porten bien” porque si no los va a acusar con sus papas, el presidente se debería replantear con seriedad la estrategia, se requiere modificar las acciones, deben persistir las destinadas a golpear la logística operativa de los cárteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las tareas encaminadas a incautarles el dinero que blanquean en los sistemas financieros, a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, desmontar las redes de narcomenudeo y exterminar la red de protección que les proporcionan no sólo policías, sino también políticos, empresarios y comerciantes, prestanombres y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia. El uso de la inteligencia civil y militar debe privilegiarse frente al enfrentamiento a balazos. La violencia no se combate con violencia es cierto, pero se combate con inteligencia.
Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer. Ningún ciudadano de bien estaría de acuerdo, en rendirse ante la delincuencia organizada y menos pactar con ella. El Estado no debe pactar con trasgresores de la ley.
Por otra parte, duele la patética actitud del Ejecutivo federal, que insiste en su diagnóstico justificatorio y a cinco años de gobierno transfiere toda la culpa a los gobiernos anteriores para defender su errática estrategia de seguridad, cuya espiral de violencia ya ha costado cerca de 160 mil muertes violentas, es evidente la percepción ciudadana de que el Gobierno no está actuando en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada.
En este terreno no debe haber concesiones, el Estado debe prevalecer frente a la fuerza de la delincuencia organizada que lo desafía y lo invita a asociarse con Morena, como claramente lo vivieron los habitantes de la Ruana del Estado de Michoacán. Ya basta, se debe terminar con los ejercicios retóricos. La sociedad entiende claramente que la medida puede explicarse y justificarse porque las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública federales, estatales y municipales habían sido superadas e inclusive infiltradas, hasta las más altas esferas, por la delincuencia.
Es dentro de este contexto que con gran participación e interés, se desarrollan las “elecciones primarias” en el Frente Amplio por México, grupo conformado por 3 partidos de oposición PAN; PRI; PRD y la sociedad civil organizada, en donde desde el principio 16 aspirantes alzaron la mano para participar, y al darse a conocer el método de selección del o la candidata, seis de ellos prefirieron por razones personales, bajarse de la contienda.
Dentro del Frente Opositor prevalecen en la búsqueda de la candidatura: Beatriz Paredes; Xóchitl Gálvez; Santiago Creel; Enrique de la Madrid; José Ángel Gurria; Idelfonso Guajardo; Silvano Aureoles; Juan C. Romero; Jorge L Preciado y Gabriel Quadri. De este grupo habrá de surgir el oponente al candidato de Morena que tenga el aval del presidente. Los 10 aspirantes son personas con preparación y con experiencia, unos más que otros, pero que, sin duda de resultar electos, harán un buen papel en la campaña del próximo año.
En el 2018 escuchábamos voces que daban por muertos y enterrados al PRI y al PAN y por supuesto al PRD, frente a una corriente que propugnaba por la imposibilidad de acuerdos entre los tres partidos, son acuerdos que buscan su fortalecimiento y que finalmente enriquecen el sistema político obligando a los partidos constituidos a dejar viejos vicios, a enmendar errores y a llegar a consensos para alcanzar un supremo valor que está por encima de los intereses partidistas, que es rescatar a México.
En este sentido debemos reafirmar nuestra convicción de que los mexicanos unidos debemos estar atentos para actuar juntos, porque solo así sociedad y partidos habremos de superar los tiempos aciagos que estamos viviendo, confiamos de que exista la inteligencia, la serenidad de ánimo, y la voluntad, para ganar la próxima elección y sacar a Morena del Palacio Nacional, a fin de corregir y reorientar el rumbo de nuestra Gran Nación.