El uso excesivo de la fuerza pública contra los trabajadores y el pueblo tan común en los gobiernos neoliberales y que se suponía cancelado en la actual administración, está reviviendo como una fiel reedición de los tiempos en que ex presidentes como Felipe Calderón ordenaban al ahora procesado en los Estados Unidos, Genaro García Luna, reprimir con operativos de miles de elementos policiales y castrenses, a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para expulsarlos de sus centros laborales.

En teoría, los atropellos que mancharon a México como un país democrático, de legítimas libertades y respetuoso del Estado de Derecho, la madrugada del 11 de octubre del 2009 en que se impuso el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, dejarían de existir bajo la tesis de que constitucionalmente tanto las fuerzas policiacas como militares estaban para asegurar la paz, el respeto a los derechos humanos y la seguridad del pueblo.

¿Qué está pasando entonces?

Hay pruebas en diversos puntos del país, comunidades y barrios populares, donde organismos como la Guardia Nacional están hostigando e intimidando a los usuarios de la energía eléctrica en apoyo a los ilegales cortes de luz que les aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no obstante estar amparados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lo que representa una flagrante violación al Estado de derecho.

Tal vesania es compartida por los Ministerios Públicos que abren carpetas de investigación contra los humildes consumidores que defienden sus derechos, lo mismo que contra los miembros del SME en resistencia desde hace años, eso sí, revistiendo de la impunidad que nunca se ha ido, a funcionarios como el actual Director de Distribución de la CFE, Guillermo Nevárez, quien siendo gerente de la Zona Valle México, tras el golpe al SME en el 2009, autorizó el retiro de toda la red de distribución de cobre, que fue suplida por el conductor de aluminio.

¿Por qué los ministerios públicos no averiguan dónde fueron a parar las toneladas del costoso metal y de las que Nevárez nunca reportó su destino final? El valor del cobre es alto en el mercado de los metales y desmantelar más de mil 100 kilómetros de redes seguramente acumuló varios cientos de toneladas, cuyo valor asciende a una considerable suma de millones de pesos. Un fraude a la nación que permanece oculto.

Las fuerzas del orden público están atentas a hacerle el trabajo sucio a los cortes de la CFE, pero se muestran permisivas, lo mismo que los funcionarios de esta empresa, con las compañías de telecomunicaciones que utilizan indiscriminadamente los postes de mediana y baja tensión para instalar verdaderos tendederos y enjambres de cables, violando las normas de seguridad y generando una terrible contaminación visual.

Por eso, deben proseguir las denuncias públicas contra estos abusos de las fuerzas policiales y la corrupción de los altos directivos de la CFE, porque tal parece que el pueblo y los trabajadores están volviendo a padecer la represión como en los tiempos de Calderón y García Luna que, se supone, ya no debería existir.