Chilpancingo es hoy el epicentro del caos y la ingobernabilidad causados por el actual gobierno. Desmembramientos, secuestros, ejecuciones y bloqueos son el resultado del final de una administración que cosecha lo que ha cultivado durante años. El fin del poder presidencial coincide con el colapso de los sistemas de salud y educativo y con la ola de violencia criminal más devastadora de nuestra historia.
La “estrategia” de seguridad, basada en la ocurrente y nefasta idea de “abrazos y no balazos” ha llevado a un México en el que varias entidades federativas están bajo el asedio de grupos criminales, quienes se disputan territorios y expanden sus tentáculos hacia actividades que lesionan, en sus bases, al tejido social.
En amplias regiones del país, hay comunidades enteras que viven bajo la sombra ominosa de extorsiones, secuestros, robos, ejecuciones sumarias, masacres en fiestas y celebraciones, levantamientos y enfrentamientos entre grupos criminales. Las caravanas de desplazados huyen para siempre de sus lugares de origen, los negocios y las empresas cierran ante el cobro de derechos de piso y miles de madres buscan a sus desaparecidos en fosas clandestinas que inundan al país.
De acuerdo a la más reciente encuesta sobre inseguridad del INEGI, de abril de este año, hay 14 ciudades en las que al menos ocho de cada diez personas se sienten inseguras: Fresnilwlo con el 96 por ciento, Zacatecas con el 94.3 por ciento, Naucalpan con el 88.0 por ciento, Uruapan con el 86.2 por ciento, Toluca con el 85.0 por ciento, Colima con el 85.7 por ciento, Irapuato con el 85.3 por ciento, Chilpancingo y Cancún con el 83 por ciento, Cuautitlán Izcalli con el 82.9 por ciento, Tapachula con el 82.1 por ciento, Ecatepec con el 81.8 por ciento, Guadalajara con el 81.7 por ciento, y Chimalhuacán con el 81.1 por ciento; una auténtica galería del horror.
También de acuerdo con el INEGI, al menos la mitad de la ciudadanía ha tenido que cambiar de hábitos ante la oleada criminal que se extiende unánime, ante el pasmo y el silencio gubernamentales. No hay ninguna señal de cambio ni esperanza. Las corcholatas recorren el país con un ostentoso dispendio de recursos públicos reiterando las propuestas presidenciales o enarbolando ocurrentes estrategias de seguridad intrusivas y contraproducentes.
La Guardia Nacional y el Ejército se han convertido en constructores, empresarios y administradores. Han relegado sus funciones históricas en aras de cumplir con sueños y caprichos palaciegos. El gobierno ha destruido esfuerzos históricos para fortalecer a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. Con cinismo y desvergüenza desmedidos publica en redes el apotegma vergonzoso “No hay que olvidar que en México hubo un Narco-Estado, y todos los grupos que operan en el país, que tienen que ver con la delincuencia organizada, todos se crearon en el pasado neoliberal, todos. Y se les impulsó”.
La ciudadanía se empieza a hartar del interminable juego de echar culpas al pasado y de crear un enemigo tan difuso como fantasmal: el neoliberalismo. De nada han servido las propuestas de legisladoras y legisladores de oposición para dar un giro radical a la política de seguridad nacional con apuestas inteligentes y sensatas. De nada sirvió que haya presentado una iniciativa para regular la actuación de la Guardia Nacional en concordancia con las recomendaciones internacionales. Toda reforma viable y prudente se ha enfrentado con el muro invisible de la necedad presidencial.
La concentración del poder en el centro del país y la reducción del gabinete presidencial a un grupo de testigos mudos, secuaces obsequios y mentes aquiescentes, tiene al presidente sentado solo, en su silla palaciega, mientras el país arde como la Roma de Nerón, pero no como resultado de fuegos fortuitos, sino de los incendios iniciados desde el púlpito mañanero. La violencia que nos hunde en una noche oscura inicia desde las palabras pronunciadas de forma cínica e hiriente cada mañana. Disidentes y ciudadanos por igual, hemos padecido los ataques reiterados, las acusaciones infundadas, los pretextos ridículos y los distractores interminables.
Guerrero es también el epicentro de la amapola y sus derivados. La apuesta electoral gubernamental, mediante el pacto con grupos criminales para controlar la ruta de trasiego del Pacífico mexicano, está empezando a tener efectos devastadores y contraproducentes. Ningún jefe de Estado sensato puede pactar con grupos criminales sin ser a la vez víctima, rehén y cómplice de quienes lucran con el dolor, el miedo y la desesperanza. Tarde o temprano quienes pactan con criminales o devienen criminales y victimarios, o víctimas y rehenes.
La violencia ciertamente tiene raíces hondas en hechos del pasado: el cierre de la ruta del Caribe en los años ochenta, abrió la nueva ruta mexicana para el trasiego de drogas, principalmente de cocaína. Los cárteles mexicanos comenzaron a consolidarse como organizaciones complejas y diversificadas. Gradualmente expandieron sus redes y tentáculos ante un Estado no preparado para hacer frente al nuevo fenómeno criminal.
Fue Ernesto Zedillo quien inició la guerra contra el narco, mediante una reforma legislativa que legitimó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La lucha continuó en los siguientes sexenios, en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y con los gobiernos centroamericanos. Cuando llegó la nueva administración, se encontró con instituciones que se habían creado y fortalecido, y que contaban con capacidades logísticas e inteligencia para hacer frente a grupos criminales complejos.
Todos los gobiernos han heredado problemas del pasado, pero sólo el actual se obstina por negar las decisiones irresponsables del presente, por voltear a ver a un pasado que no es capaz de superar. El hecho de ver con coraje y rabia a los gobiernos anteriores, a quienes acusa de forma reiterada, es una señal evidente de resentimientos y odios no superados.
Todo gobierno está obligado a construir un futuro viable, un porvenir posible, para ello es electo y por ello debe honrar el mandato ciudadano. Ya no estamos a tiempo para un giro radical en la estrategia de seguridad. Hacia el final del sexenio, el presidente se percibe cada vez más impotente y desesperado. Hoy, está recibiendo los frutos podridos de lo que se ha dedicado a sembrar por todo el país.
Hoy, Guerrero y su capital languidecen bajo una escalada de violencia ilimitada y en un entorno de ingobernabilidad e inestabilidad políticas que podría marcar el fin de un proyecto; un proyecto que comenzó con vientos de cambio y promesas de esperanza, y lo único que ha logrado es un tsunami de destrucción y un país desilusionado.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC