Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participa Alejandra Estrada Campos, estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Da su visión respecto de un tema específico y actual: la deliberación y los libros de texto gratuito.
Elisur Arteaga Nava
Una condena a la deliberación pública
Por Alejandra Estrada Campos, ELD
La reciente polémica en relación a los nuevos libros de texto gratuitos a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tomado diversos enfoques. Medios de comunicación y otros actores sociales no han esperado para hacer señalamientos sobre los “errores y el contenido ideológico” del material educativo. ¿El responsable? La estrategias políticas de la 4T.
Más allá del debate político que es un tema secundario, la discusión debe centrarse en la violación a los procedimientos constitucionales y legales previstos para la aprobación, impresión y distribución de los libros de texto. El artículo 3º constitucional impone al Ejecutivo Federal la obligación de determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para ello, está obligado a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación. A la fecha, no existen tales planes y programas de estudio aprobados ni publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mucho menos las autoridades competentes los sometieron al escrutinio social previsto en la Constitución General y la Ley General de Educación.
No es sorpresa que una vez más el Estado de Derecho haya quedado opacado. Además de ser el factor determinante de movilidad social en México, la educación se configura como un derecho humano a favor de toda persona y una obligación a cargo del Estado que se rige por procedimientos y formas institucionales que tienden a materializarlo. La deliberación pública se ha hecho a un lado. La sociedad civil y los especialistas en la materia como actores involucrados requieren reivindicar su papel en la construcción de este derecho. No deben ignorar que uno de los criterios orientadores de la educación es la democracia.
Urge reponer el procedimiento y abrir la deliberación. Considerar los contenidos constitucionales y el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los servicios educativos. Tomar en cuenta el rezago educativo ocasionado por la pandemia de COVID-19 y hacer frente a la desinformación, la dispersión y la poca estructura. Proporcionar las herramientas para un mundo tan competitivo como el actual y nunca dejar de tener presente que atentar contra la educación es atentar contra la libertad. Resulta imprescindible analizar si los planes y materiales educativos proporcionan las bases suficientes para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano como mandata el artículo 3º. Mientras tanto, la ausencia de marcos autorizados a partir de los cuales se abstraigan los materiales educativos idóneos y la violación al Estado de Derecho, dejan en la cuerda floja los fines de la educación.
@Aleestradac212